El incremento en el nivel de violencia que se vive en Uruguay desde abril ha sido notable, no sólo en su expresión cuantitativa, sino también cualitativa: las formas en las que se ha ejercido la violencia y las formas de hacer morir han estremecido a la opinión pública. Según las cifras del Ministerio del Interior (MI), en el primer semestre de 2022 hubo 188 homicidios, 39% más en comparación con el mismo período de 2021, cuando habían sido 135.
El 50% de los homicidios registrados -de 94 personas- fueron por “conflicto entre grupos criminales, tráfico de drogas o ajuste de cuentas”. En diálogo con Sala de Redacción, Gabriel Tenenbaum, sociólogo e investigador que se ha enfocado en el estudio de la violencia, señaló que “asistimos a una radicalización de la violencia”. Detalló que la forma en la que se mata da señales, incluso simbólicas, y que crea un fenómeno que impacta desde otro lugar, como lo son los asesinatos frente a niños y adolescentes, las ejecuciones impromptu en espacios públicos, los homicidios con ráfagas de disparos, los desmembramientos, las incineraciones. Según el investigador, si la conflictividad proviene de disputas territoriales “parará, porque alguien termina predominando, o parará porque el negocio empieza a estar afectado”, porque la continuidad de la violencia no es algo redituable para los grupos delictivos involucrados, que “necesitan seguir vendiendo a sus clientes, no pueden estar en conflicto eterno”, advirtió.
Tráfico de drogas en Uruguay
“Estamos recibiendo mucha presión por el narcotráfico. Mucha presión. Y la violencia ha aumentado”, admitió el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a fines de mayo, en entrevista con el programa de la BBC, HARDtalk. Según informó al Senado el director general de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Alfredo Rodríguez, en Montevideo y en el área metropolitana hay “45 clanes familiares” dedicados al tráfico de drogas, “sin perjuicio de los abastecedores o de las organizaciones que están por encima”, especificó. A su vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, determinó que Uruguay es el mayor consumidor per cápita de cocaína de Latinoamérica.
¿De qué forma está presente el tráfico de drogas en Uruguay? Se estructura en torno a familias extensas ancladas en una comunidad, lo que las hace estar atravesadas por aspectos que exceden la actividad delictiva y económica, consideraron los sociólogos consultados. Nilia Viscardi, doctora en Sociología, comentó a Sala de Redacción que el tráfico de drogas “no se da en una organización de tipo empresarial o militar que concentre las formas de trabajo, sino que son familias que controlan territorios y, como hongos, cuando se ataca a estas familias, surgen otras”. En concordancia, Tenenbaum explicó que no tienen grandes niveles de jerarquía, y que son dos los que se visualizan fácilmente: “están los ‘perros’ que son los eslabones más expuestos, quienes hacen los mandados, y después está, enseguida, el mando”, añadió.
Las acciones del MI van en la línea de atacar el “narcomenudeo”, es decir el tráfico de drogas en pequeña escala, que se expresa más visiblemente a través de las bocas de venta de droga en los barrios. En Uruguay no se producen drogas ilegales a gran escala, por lo que, por lógica, la droga ingresa desde el exterior, burla controles, se distribuye dentro del territorio y a partir de ahí encuentra un mercado, que es muy variado. Tenenbaum opinó que la estrategia de dedicarse a atacar el comercio minorista no detiene la entrada de la mercancía. “Lo que se hace es, en todo caso, terminar con los eslabones más expuestos y más débiles, que son quienes venden”, comentó. Quienes venden en los barrios lo hacen en situación más precaria, con carencias económicas, es gente que “no tiene otra y muchas veces está amenazada”, planteó.
Viscardi se preguntó “por qué tiene más visibilidad el fenómeno de la reventa de drogas en los barrios más vulnerables”. A su entender “si se quiere atacar el problema de las drogas, se tiene que hablar de la lucha contra la corrupción, del lavado de activos, atacar a los elementos que hacen que el comercio ilegal de drogas sea rentable”, apuntó. Previo al ingreso del proyecto de Rendición de Cuentas al Parlamento, el fiscal de Corte, Juan Gómez, había adelantado a Sala de Redacción que se buscaría subsanar la falta de una fiscalía única y especializada en el delito de lavado de activos “con técnicos y administrativos dedicados a atender a nivel nacional el lavado de activos”; finalmente, el proyecto de ley dispuso la creación de una fiscalía especializada en lavado de activos.
En clave policial
Para Tenenbaum, existe una falta de precisión en el tratamiento público del problema del tráfico de drogas, “que nos habla del nivel incipiente del fenómeno y de una falta de formación”, expresó. El discurso que prima al abordar las temáticas de seguridad es el policial, lo que expande hacia la sociedad las formas de comprender el fenómeno que tiene la Policía. Viscardi manifestó que la Policía “se relaciona de diferentes maneras con diferentes públicos” y que “las relaciones que tiene con los jóvenes, pobres y con las personas que viven en barrios más vulnerados, en general, es muy mala y está atravesada por el conflicto y el destrato”, comentó, por lo que es complicado adoptar las lógicas policiales, advirtió.
La expresión “ajuste de cuentas” es un ejemplo de cómo se acuña con soltura el vocabulario policial. Este término, que no existe en el lenguaje penal, lo utiliza la Policía para explicar las muertes que estarían dadas en conflictos criminales que involucran a personas con antecedentes penales de cualquier tipo, o que están atravesadas por temas económicos o de droga. Dicha noción opera sobre la forma en que se comprenden estos hechos, lo que influye en el trabajo policial; “para la Policía tiene esta implicancia de que es uno menos, una preocupación menos”, acotó Tenenbaum.
Según los datos del MI, en 2021, 50% de los homicidios consumados no fueron aclarados; esa es una característica de las muertes por ajustes de cuenta. Tenenbaum explicó que el término es asociado en las comunidades con la desconfianza hacia la Policía, “se da por hecho que el caso va a quedar impune”, comentó, lo que invita a la toma de medidas extrajudiciales, es decir, “cuando tengo un conflicto con alguien y no confío en la Policía lo arreglo yo o lo arreglo con los míos, frente a los otros”, afirmó el sociólogo.
Alternativas restringidas
Tenenbaum valoró que “si bien son importantes los saberes policiales, estos pierden de vista los condicionamientos estructurales y los factores de riesgo que hacen que una persona se vea más expuesta a involucrarse en el delito”. Estos dos términos han sido estudiados por Tenenbaum en profundidad y guían el análisis detrás de su libro Vidas Castigadas: Historias de adolescentes detectadas por los sistemas de justicia de Montevideo y Ciudad de México. En él, explica que estos conceptos suponen comprender las condiciones que posibilitan el orillamiento hacia la actividad delictiva, a través del “entramado de condiciones mediatas (estructurales) y factores de riesgo (socialización)”.
El universo de problemas y desigualdades que existen en la sociedad se condensan y acentúan en los sectores en los que hay más carencia social y económica. Hablar en términos morales de “los buenos y los malos” daña la discusión sobre un problema complejo. Se vuelve claro que donde hay más necesidad y menos acceso a empleos legales, se tiende a asumir tareas más riesgosas. Viscardi mencionó el caso de las “familias que eligen recibir y vender droga como mecanismo de aumento de sus ingresos”.
Por otro lado, entre los factores que funcionan como caldo de cultivo para el acercamiento al delito, juegan otras lógicas que exceden lo económico, principalmente entre los jóvenes de contexto humilde, por ejemplo la vinculación con la masculinidad y la masculinidad violenta. La masculinidad, además de explicar el vínculo entre hombres y mujeres, también refiere a cómo los hombres se relacionan con sus pares y cómo se presentan a la sociedad. En jóvenes varones, que han crecido sin un sostén familiar, que viven marginalizados de la sociedad y no tienen muchas opciones de integración, ejercer la violencia es una vía para pertenecer. “En un ámbito en el que estás acostumbrado a estar desintegrado de la educación, del trabajo; ¿qué espacios encontrás para integrarte siendo un varón viril, más que ser un varón que ejerce violencia?”, reflexionó Tenenbaum.
