Bajo la preocupación de que los equipos multidisciplinarios tomen la decisión “de forma automatizada” a la hora de realizar interrupciones de embarazos, Leonardo Cirpiani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), dijo que considera esencial asegurar que se apoye a las mujeres que solicitan una interrupción por dificultades. Tal como le dijo a Búsqueda, el presidente de ASSE pretende que los equipos multidisciplinarios detecten si una mujer quiere llevar a cabo su embarazo pero para eso necesita de “algún apoyo” de parte del Estado. Estas manifestaciones generaron rechazo de activistas y feministas, quienes plantearon que este tipo de declaraciones son un retroceso a los derechos adquiridos por las mujeres y que obstaculizan y dañan la ley.
Desde que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se creó e implementó, se han realizado aproximadamente 75.000 abortos. Las cifras aportadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) indican un descenso en 2019 que se prolongó en 2020. Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), dijo a Sala de Redacción que las cifras oficiales aportadas por el MSP corresponden a las interrupciones voluntarias de embarazos realizadas legalmente desde 2012, año en que se implementó la ley. Asimismo, sostuvo que hay situaciones que quedan por fuera de lo que la ley prevé, y que esos casos se llevan a cabo en la clandestinidad. En la misma línea, Santiago Puyol, encargado del Observatorio Nacional de Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU, denunció que el MSP tiene información “desactualizada” -porque los últimos datos son de 2019- e “incompleta” -porque “no cubre todos los prestadores de salud que brindan los servicios”-, lo cual impide valorar si la objeción de conciencia es “una barrera” o si está “mal utilizada”.
Abracinskas agregó que la información que hay sobre la IVE todavía es “deficitaria” y eso transmite lo opuesto a una sensación de tranquilidad respecto a la reducción de abortos legales. Desde MYSU se quiere hacer un “llamado de alerta” para comprobar si ese descenso se debe a que hubo menos mujeres que desearan interrumpir su embarazo o si el sistema de salud no actúo “adecuadamente” con las que lo solicitaron. La directora de MYSU mencionó que se hizo un pedido de acceso de información pública al MSP, pero “no pueden informar cuántos abortos se producen” por departamentos y la división que se establece es únicamente entre Montevideo y el interior del país.
Respecto a los riesgos del aborto, Abracinskas dijo que la diferencia radica en se realicen en instituciones sanitarias y no en “sistemas desprotegidos”, lo que significa un riesgo. Las 75.000 mujeres que optaron por realizarse una IVE desde que se aprobó la ley pueden “testimoniar la diferencia”, dijo Abracinskas. Leticia Rieppi, médica ginecóloga, dijo a Sala de Redacción que los riesgos son mayores en la clandestinidad y señaló que la ley los “disminuye”.
Según Abracinskas, los años que lleva en práctica la ley demuestra que no era verdad lo que decían sus opositores: que “las mujeres nos íbamos a embarazar sólo por el placer de ir a abortar” y que se iba a usar la IVE como un método anticonceptivo. En MYSU se ha medido a través de encuestas que el uso de anticonceptivos por parte de mujeres en edad reproductiva “es alto y ha ido en incremento desde 2013”, dijo Abracinskas. En tiempos de pandemia, “el 86% de las mujeres encuestadas lo empleaban”, por lo que la baja de abortos legales también se puede explicar por la mejora de los “mecanismos de prevención de embarazos no deseados”, explicó Rieppi. Para la ginecóloga, no es que sólo haya una disminución de la interrupción del embarazo, sino que esto es acompañado por una baja de la tasa de natalidad, que ha caído desde antes que la ley se hiciera realidad.
Problemas con la ley
Abracinskas dijo que el actual gobierno está conformado en su mayoría por personas que votaron contra la IVE y considera que eso no es un buen mensaje para garantizar que el Estado “controle que las instituciones cumplan con normas, guías técnicas y la ley”. Puyol, a su vez, sostuvo que el posicionamiento contrario a las interrupciones del embarazo de Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, “entra dentro del ámbito de la libertad de pensamiento”, aunque puede tener “impactos en la implementación”. Por otro lado, consultada sobre cómo ve la sociedad a la IVE, Rieppi dijo que la población uruguaya está de acuerdo con la ley, y que esto pudo verse en 2013, cuando “solo el 8%” de la sociedad fue a votar para que la ley no saliera.
Sin embargo, la norma se enfrenta a una serie de condicionantes, a criterio de la directora de MYSU negativas, como el hecho de que no hay suficientes profesionales para contar con los equipos interdisciplinarios que la ley exige que actúen de forma simultánea: “profesionales de la ginecología, de la psicología y del trabajo social para asesorar a la mujer”. Afirmó que esos equipos sólo se encuentran en las capitales, y que no ocurre lo mismo en ciudades chicas, lo que obliga a las mujeres a trasladarse.
La directora de MYSU señaló a su vez que la ley deja afuera, “violentando tratados internacionales de derechos humanos”, a las mujeres migrantes que no tengan un año de residencia en el país. “Esto es inexplicable”, y a su criterio tendría que cambiar, porque si estas mujeres quedan embarazadas, deben resolverlo en el “circuito clandestino”, a no ser que el embarazo sea producto de una violación. Igualmente, resaltó que lo bueno de la ley es que reconoce que el Estado debe ser “responsable de garantizar, proteger y generar las condiciones” para que el derecho de interrumpir un embarazo esté a disposición.
Hay además otros inconvenientes: que el médico por cuestiones personales o ideológicas quede exceptuado de hacer las interrupciones, lo que genera que haya localidades en el país sin ginecólogos disponibles para realizar las IVE, como es el caso de Soriano y Fray Bentos. Asimismo, también hay instituciones como el Círculo Católico y el Hospital Evangélico que “por ley” están exonerados de hacer los “servicios de abortos”, lo que va en contra de la objeción de conciencia, “que es para las personas, no para los edificios”, dijo Abracinskas .
En relación a esto, Puyol explicó que la objeción de conciencia otorga a los profesionales el poder de negarse a brindar la atención si “creen que atenta contra sus creencias” religiosas o filosóficas. Pero dijo que, por cuestiones de regulación de la norma, no siempre queda claro “si los profesionales que objetan lo hacen por razones de conciencia”. Hay lugares en los que no se ve con buenos ojos el hecho de que los profesionales realicen esta práctica, aunque sea legal. Según Puyol, esto se debe a que hay contextos en los que hay una mayor oposición a la práctica, en “entornos más conservadores” por diversos motivos, como “la presencia de la Iglesia Católica y corrientes dentro de las iglesias evangélicas” que tienen posturas “contrarias” al aborto. Agregó que la influencia de la religión, sumada a ambientes en los que el rechazo a la IVE es alto, lleva a que los profesionales vean con “temor” el hecho de realizar la práctica.
Abracinskas destacó que hay cosas que mejorar en términos de “universalidad y acceso a las prestaciones”, además de la calidad de la atención. Asimismo, informó que se han comunicado con MYSU alrededor de 250 mujeres que fueron “expulsadas del sistema por negligencia”, ya que estaban dentro de los plazos, pero las instituciones “no actuaron como correspondía”, por lo que hubo que asesorarlas.
Problemas de comunicación
Puyol dijo que el hecho de que no se le haya informado a la población que durante la crisis sanitaria la presencialidad para realizar interrupciones de embarazos se mantuvo es un “error de comunicación” por parte del MSP, que a semanas de comenzada la pandemia emitió un comunicado en el que garantizaba que los servicios de salud sexual y reproductiva se mantendrían en funcionamiento.
Además, agregó que se usó la “telemedicina” en los casos correspondientes y en las IVE, por ser de carácter urgente, “se sostuvo la presencialidad” a menos que fuese inevitable, como en el caso de mujeres embarazadas y contagiadas de covid-19. “La comunicación se les realizó a las instituciones y a los equipos de salud”, pero no a la población, por lo que muchas mujeres consultaron a MYSU o a la Red de Acompañamiento Feminista, ya que dudaban si los servicios estaban funcionando. Eso hubo que comunicarlo a la población, lo que para Puyol “perfectamente se podría haber hecho por los canales institucionales”.
