“El caso más preocupante de los últimos días es la desvinculación del coordinador del informativo Subrayado, de Canal 10, Eduardo Preve” expresa el “Informe de monitoreo de amenazas” que publicó este lunes el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo), en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En la publicación se advierte que se encontraron “49 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas” en el estudio del último año.
Aunque el monitoreo de Cainfo abarca desde el 1° de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, expone la situación del periodista Eduardo Preve, quien fue despedido, el 23 de abril, de su cargo en Canal 10. Cainfo consideró pertinente relevar casos más recientes de “agresiones a través de redes sociales, acusaciones de intencionalidad política, atribuciones de pertenencia a partidos o grupos de interés” y “modalidades más graves” utilizadas por figuras públicas “que acusan a periodistas cuando se realizan coberturas, se difunden noticias o se dan a conocer opiniones que no son de su agrado o conveniencia política”, expresa el informe. El presidente de Cainfo, Fabián Werner, contó a Sala de Redacción que decidieron incluir casos fuera de fecha en el informe, cuando “toman mucha repercusión”.
Según Cainfo, el despido de Preve “se enmarca en un escenario de reiteradas presiones de jerarcas del Poder Ejecutivo hacia periodistas y medios de comunicación”. Según la organización, no es el primer caso de este tipo que les ha llegado, pero sí es el único del último período que ha concluído en el despido del trabajador. Según Werner, buena parte de lo que trascendió sobre este caso “se corresponde con denuncias que nos habían llegado directamente de que estaban existiendo presiones por parte de funcionarios pertenecientes al gobierno”.
El documento expresa que “este tipo de situaciones afecta el ejercicio profesional, y puede derivar en autocensura, al renunciar a la crítica y a la investigación sobre el ejercicio del poder por miedo a las consecuencias”. Werner agregó que son casos que “hay que denunciar porque si eso se instala y se naturaliza, termina afectando seriamente la circulación de información de interés público, y eso es lo que hay que evitar”, declaró. Además, observó que casos como este “dejan un precedente bastante complicado para la profesión”. Para él, los periodistas son conscientes de que pueden “llegar a afectar intereses o comunicar algo que alguien no quiere que se sepa y que eso va a generar repercusiones”, pero el problema aparece cuando “eso tiene una consecuencia mayor, como perder el trabajo, recibir amenazas o autocensurarse”.
Distintas versiones
El mismo día, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) publicó un comunicado en el que expresó su preocupación por el caso de Preve. En el texto, APU manifestó su “sorpresa” ante el despido “luego de 16 años” de trabajo y declaró repudio “hacia cualquier motivo espurio que haya mediado” para desvincular al periodista de su función. La Asociación considera que, como no existió “ninguna situación que ameritara siquiera una observación de la empresa” hacia Preve por su desempeño profesional, la decisión de despedirlo fue “intempestiva e injustificada”.
El comunicado señala “como extraña coincidencia o casualidad”, que Martín Villar, ejecutivo de Canal 10, mantuviera una reunión en la Torre Ejecutiva “con autoridades del primer nivel gubernamental” tres días después de haberle comunicado la desvinculación a Preve. Además, APU manifiesta haber confirmado que las autoridades de Canal 10 han recibido comunicados de malestar por parte de autoridades gubernamentales, por el manejo en “la cobertura de la pandemia y por el cuestionario de algunas entrevistas”.
A las horas de conocida la posición de APU, Canal 10 publicó en sus redes sociales un comunicado con la intención de ratificar “su compromiso con la libertad de información y con la dedicación profesional al servicio del público”. En él, califica de “falsas e infundadas” las afirmaciones del comunicado de APU y se aclara que la desvinculación de Preve, “no tiene componente político, ni aspectos morales y éticos de índole alguno”.
“Es torpe e infame la operación de hacer correr rumor de redes con falsedades” declararon los referentes del canal en el comunicado. Calificó de injustas estas afirmaciones con el canal, con los periodistas de Subrayado, con Preve y “con el gobierno al que se pretende involucrar”. Respecto a la relación con este último, Canal 10 dice que al igual que los “gobiernos de todos los partidos” que han pasado, el actual ha sido “respetuoso con el trabajo de nuestro canal”.
El abogado y comunicador, Edison Lanza, ex relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, manifestó su solidaridad por Twitter con su colega despedido: “era periodista clave y ecuánime” escribió. Consultado por Sala de Redacción, Lanza prefirió no declarar más de lo que ya había escrito en sus redes, pero puntualizó que “si se confirma” el caso, “es grave”.
