Libertad divina

El cielo estaba despejado y, a pesar de que ya eran las seis de la tarde, el sol picaba fuerte. La gente iba llegando y se amontonaba en círculos alrededor del escenario o se sentaba en las pocas sillas que quedaban disponibles. De un lado a otro se veía a sacerdotes de la Iglesia Católica confesando a personas que hacían cola esperando su turno. En el centro de la explanada, dos filas de niños con camisa blanca y pañuelo celeste formaban un pasaje que terminaba en el escenario. Por ese lugar vendría la homenajeada.

A las siete de la tarde, cantos, gritos y vivas anunciaron la llegada de una estatua de la Virgen María, cargada sobre los hombros de un cortejo de señores que caminaban en dirección al escenario, donde sería recibida por un grupo de sacerdotes y religiosos. Fue el sábado 28 de enero de 2017 en la explanada de la Aduana de Oribe, en la rambla de la capital. Era la séptima edición del “Rosario por las familias”, un evento organizado por la Iglesia Católica de Montevideo.

Ese día, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, se encontraba en Roma, pero había dejado un mensaje grabado para que fuera emitido por una pantalla gigante. Los organizadores estimaron una asistencia de 15 mil personas: la mayor desde la primera convocatoria, en 2011.

Idas y vueltas

En aquel entonces, el lugar en cuestión era un centro de polémica porque en la Junta Departamental de Montevideo se estaba debatiendo un planteo presentado un año antes por un grupo de personas que, con la firma y el apoyo de Sturla, procuraba erigir allí una estatua de la Virgen María de 1,80 metros de altura. Cuatro meses después, y a pesar de que el entonces intendente Daniel Martínez había apoyado en forma expresa la iniciativa, la Junta Departamental rechazó la propuesta por 17 votos a 14.

El evento se siguió haciendo en el mismo lugar, pero la polémica nunca terminó y el pasado 8 de junio los ediles del Frente Amplio (FA) Claudio Visillac y Federico de la Peña presentaron en la Junta Departamental un proyecto para prohibir el emplazamiento permanente de imágenes religiosas en el espacio público de la capital uruguaya.

En diálogo con Sala de Redacción, Sturla dijo que no opinaría sobre el espíritu del proyecto “porque sería meterse en la intención de los que lo proponen”, pero señaló que “lo religioso supone también el culto público, es decir, no es un tema exclusivamente de la conciencia individual de las personas”. En suma, señaló que la profesión de la fe “está llamada a expresarse públicamente”, por lo tanto, la propuesta de los ediles “coarta la libertad en el ámbito religioso”.

El proyecto

En términos generales, el proyecto -de tres artículos- plantea la prohibición de la instalación permanente de estatuas, monumentos, imágenes, símbolos o cualquier objeto que remita a la práctica religiosa en los espacios públicos de Montevideo, a excepción de todo lo que ya se encontrare instalado en la vía pública con anterioridad a su promulgación.

En la exposición de motivos se plantean justificaciones jurídicas y coyunturales, junto con una descripción cronológica del proceso histórico de secularización de Uruguay. Dicho proceso, según el texto, comenzó a partir del período revolucionario artiguista de 1816, cuando en los juramentos que se realizaban en los cabildos de la época se adoptaron expresiones de orden patriótico en lugar de las de orden religioso, que existían previamente y por los que se juraba “por dios, nuestro señor y una señal de la cruz”.

Visillac manifestó a Sala de Redacción que el proyecto pretende “armonizar un texto departamental con el artículo 5 de la Constitución de la República”, que establece que “el Estado no sostiene religión alguna”. La expresión “no sostiene” significa que “no mantiene y que tampoco homenajea”, interpretó.

Para el edil frenteamplista, cuando se levanta una imagen en el espacio público perteneciente a una religión “se está lesionando un principio de igualdad, ya que hay religiones que veneran imágenes y otras que no”, y esto trae como consecuencia que “se privilegien algunas religiones sobre otras”. Esto ya se ha podido ver incluso en la práctica, “cuando algunas religiones reaccionan argumentando que se sienten lesionadas por los planteos que hacen otras para el uso del espacio público”, agregó.

Visillac aclaró que no están en contra de la realización de ceremonias religiosas en los espacios públicos sino a favor, pero señaló que debería aplicarse un criterio de transitoriedad y no de emplazamiento permanente.

Por otra parte, Visillac comentó que uno de los objetivos del proyecto es minimizar la discrecionalidad política en el abordaje de determinados planteos, como el de la cruz que rememora la visita del papa Juan Pablo II en Tres Cruces, la estatua de Iemanjá en la rambla o la estatua de la Virgen María en la Aduana de Oribe. “Al no haber referencia de ningún tipo, hoy lo que prima es la discrecionalidad política al momento de definir en la Junta Departamental”, afirmó.

El edil frenteamplista recordó que cuando se debatió para que se dejara la cruz que se había levantado en Tres Cruces, la Junta Departamental rechazó la petición. De todas formas, finalmente a nivel nacional se aprobó una ley que argumentó que, como se trataba de la visita de un jefe de Estado, no sólo era un símbolo religioso que recuerda la primera visita de un papa a Uruguay. “En 1992, cuando se votó la imagen de Iemanjá, los ediles argumentaron que como ya se la había votado a una no se podía negar la otra. Primaron argumentos de conveniencia y oportunidad que, claramente, están dados por la discrecionalidad política”, reconoció.

Constitución y laicidad

El artículo 5 de la Constitución establece que todos los cultos religiosos son libres en Uruguay y que “el Estado no sostiene religión alguna”. Además,le reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que fueron construidos “con los fondos del Erario Nacional” y exime de “toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones”.

Desde el punto de vista jurídico, el proyecto del FA sostiene su argumentación en el pensamiento del constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz, quien en relación al artículo 5 de la carta magna afirma que “el Estado uruguayo no se considera afiliado a ninguna confesión religiosa” ni “antirreligiosa”. “No pueden dictarse, por ejemplo, leyes en función de concepciones de tipo religioso, ni a favor ni en contra. Esto resulta en la Constitución uruguaya desde 1918, cuando se separó la Iglesia del Estado, del artículo 5 cuando dice: ‘El Estado no sostiene religión alguna’. No sólo no puede discriminar según la religión, sino que tampoco puede sostener religiones ni siquiera de forma igualitaria, sino que tiene que prescindir del fenómeno religioso”, estableció en el volumen I del libro Derecho Público.

Consultados por Sala de Redacción, los abogados constitucionalistas Martín Risso y Diego Gamarra coincidieron en que el proyecto presentado por los ediles del FA sería inconstitucional.

Risso, miembro del Grupo Internacional de Justicia Constitucional de la fundación Konrad Adenauer y docente de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), afirmó que el proyecto “no es competencia de la Junta Departamental sino de la ley nacional” y que este tipo de propuestas “no forman parte de la autonomía garantizada constitucionalmente a los gobiernos departamentales”, en referencia al artículo 273 de la Constitución.

Con relación a la polémica por la instalación de la Virgen María en el predio de la Aduana de Oribe, Risso puntualizó que “la laicidad no tiene mucho que ver con monumentos o similares” y que colocar una estatua religiosa en un predio público “no necesariamente” estaría contraviniendo el artículo 5 de la Constitución. Tampoco implicaría que “el Estado sea católico, hay monumentos a Batlle, Oribe y Saravia y eso no significa que el Estado sea colorado o blanco”, acotó.

Para Gamarra, doctor por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, el proyecto “sería inconstitucional, aunque no por una razón tan evidente”, ya que no apunta contra la posición neutra que debería tener el Estado uruguayo ante las distintas religiones, pero sí propone mantener los símbolos y monumentos que se erigieron en el pasado, estableciendo así un punto de partida “que quiebra el principio de igualdad ante la ley” instituido en el artículo 8 de la Constitución.

Gamarra explicó que el artículo 5 le exige al Estado una posición de “neutralidad en todo aquello que pueda involucrar algún pronunciamiento en beneficio de alguna religión en particular”. Como es un mandato abstracto -el Estado no es una persona con voluntad física-, “se le demanda neutralidad al Estado en todo aquello en lo que pueda tener una injerencia. La enseñanza pública y el levantamiento de monumentos religiosos son algunos ejemplos”.

Según Gamarra, para “especificar” este artículo el Estado tiene dos caminos: prescindir de toda manifestación e impedir que haya monumentos en espacios públicos, lo cual “sería la manera más llana de ser neutral: prescindir absolutamente del tratamiento del fenómeno”. Como segunda opción podría admitir con “pluralismo y diversidad” que se atienda el fenómeno religioso. Ambos son legítimos: qué camino utilizar para asegurar que el Estado “sea imparcial” queda abierto a la orientación política, “pero lo que no puede estar en juego jamás es la posición de imparcialidad del Estado”, subrayó.

Para el constitucionalista, el proyecto del FA especifica el artículo 5 en el sentido de prescindir del fenómeno religioso, pero “el problema aparece cuando se establece que no se van a remover los monumentos que ya están instalados”. Esto, sostuvo, lo ubica en una “posición intermedia” que “es la que no funciona”. “O no te metés para nada o te metés asegurando el acceso plural para todos. Ahora, si dejás que los que ya están instalados se queden, se quiebra la igualdad”.

En cuanto a la instalación de la estatua de la Virgen María en el espacio público, Gamarra aseguró que “no contraviene” el artículo 5 de la Constitución en la medida en que“sea interpretado a partir de que el Estado logre la neutralidad demandada a través del pluralismo y la diversidad religiosa”.

Por último, Gamarra advirtió que el proyecto “es completamente inútil” porque si en el futuro surgiera una propuesta para instalar un monumento, debería ser considerada por la Junta Departamental y si se alcanzara una mayoría de dos tercios “la prohibición no serviría para nada, porque es la propia Junta la que, según la potestad establecida en la Ley 9.515, decide caso a caso qué monumentos erigir. En definitiva, es una especie de autorrestricción”.

Libertades y privilegios

Desde el punto de vista de Visillac, admitir el emplazamiento permanente de imágenes religiosas en el espacio público lesionaría el artículo 5, dado que otorgar un predio municipal a una religión implica situarla en una posición de privilegio con relación a otros cultos. Incluso, agregó que de alguna manera también “se la estaría financiando” al concederle un terreno de dominio estatal para que pueda desarrollar sus actividades.

Para Sturla, se pretende prohibir algo que “no está expresamente señalado así en la Constitución” y, por esta razón, atenta “contra la libertad” de las personas. Si bien el artículo 5 de la carta magna dice que el Estado no sostiene religión alguna, esto no quiere decir que prohibir todo sea una “interpretación justa”. Según el cardenal, al menos puede haber más de una interpretación y, por lo tanto, “corresponde aceptar aquella que favorece a la libertad y no aquella que va en su detrimento”.

Acerca del espíritu de la Constitución, Sturla afirmó que es “evidente” que se quiere “favorecer a las religiones”, ya que le permite a la Iglesia Católica mantener los bienes construidos con fondos del erario nacional y, al mismo tiempo, exonera de impuestos a todas las entidades religiosas. “Si es algo positivo, ¿por qué después lo vamos a coartar?”, insistió.

Finalmente, el cardenal planteó que se hace una interpretación dogmática del “no sostener” del artículo 5 y que se debería escuchar a otros constitucionalistas que “opinan distinto” a Cassinelli Muñoz.

Artigas y la religión

En varios estudios historiográficos se consigna el catolicismo de José Artigas y su posible influencia en la conformación de su pensamiento: su educación franciscana, el hecho de que sus más cercanos colaboradores fueran religiosos y su enseñanza de catequesis a los indígenas en Paraguay son algunos de los ejemplos que se recogen en documentos y publicaciones hechas por distintos investigadores.

En el libro Artigas católico, Pedro Gaudiano, doctor en Teología y profesor de la UCU, cuenta que, según testimonios y documentación de la época, Artigas llamó “Purificación” a la capital de la Liga Federal en honor a la purificación de la Virgen María y que el cuartel fue creado, precisamente, el 2 de febrero de 1815, en la fecha de su celebración.

Sturla se refirió a este punto y consideró que “no se puede concebir” la historia de Uruguay sin la presencia de la Iglesia Católica, dado que hay muchos ejemplos que demuestran el vínculo, aunque negar este hecho “se ha convertido en el segundo dogma del laicismo uruguayo”. Insistió en que en los debates referidos a la laicidad se busca “abstraer al Uruguay de su verdadera matriz”.

El arzobispo de Montevideo enfatizó que no pretende una discriminación en favor de alguien en particular, pero señaló que pertenecemos a una tradición cultural que “está embebida de cristianismo y es natural que haya más presencia de elementos cristianos que de otras religiones”.

“¿Qué significa la igualdad?” se preguntó el líder de la Iglesia Católica de Montevideo, y se respondió: “Que todos tengan las mismas oportunidades, aunque después la respuesta no sea la misma. Si 80% de las personas son de Nacional, es obvio que va a haber más presencia de ellos que de hinchas de otros equipos. Sin embargo, esto no significa una falta al principio de igualdad”, respondió.

La oposición y los votos en la Junta

El edil del Partido Nacional (PN) Diego Rodríguez dijo a Sala de Redacción que el proyecto “sin duda está dirigido contra la Iglesia Católica”. “Acá no hay que tener muchas luces para darse cuenta de que esto responde a un tema ideológico”, agregó. Por su parte, señaló que la iniciativa “daña la idea de laicidad positiva” y que “como blancos y defensores de las leyes siempre van a estar de acuerdo en que todo el mundo pueda expresarse, tanto política, cultural y religiosamente”.

De forma concluyente, Rodríguez aseveró que el Estado uruguayo “no tiene religión”, pero eso no supone que no se pueda manifestar una creencia religiosa porque, de lo contrario, “estaríamos en un Estado totalitario”. “Yo no escucho a Visillac quejarse de la hoz y el martillo que hay en el interior del país y que hace mención al Partido Comunista, que tiene más muertos arriba que el nazismo, por ejemplo. Este es un claro ejemplo de su contradicción”, agregó.

Para Rodríguez, se trata de un planteo que busca coartar la libertad de expresión, y que además refleja lo que es el FA como organización política: “Un partido al que le molesta bastante la libertad”. El edil blanco adelantó que el PN no va a apoyar el proyecto porque, entre otras cosas, el FA gobierna Montevideo desde hace 31 años y “en lugar de preocuparse por las verdaderas necesidades que tiene el departamento, se preocupa de la situación de los religiosos”.

Visillac confirmó que el proyecto está a estudio de la Comisión de Nomenclatura de la Junta Departamental y que no está previsto su abordaje en el corto plazo, sino que “se tratará en forma más intensa a mediados de 2022”. Aunque todavía no hay acuerdos entre los partidos para asegurar la mayoría de votos en la Junta, Visillac es optimista en poder lograrlos: “Especialmente con el Partido Colorado (PC), ya que el proyecto recoge el espíritu de la relación entre Estado y religión que es propio de la tradición republicana y batllista”.

Por el contrario, Rodríguez recalcó que el proyecto “es un disparate” y expresó que “no va a prosperar en lo legislativo departamental”. A su juicio, el PC no lo va a acompañar porque también es un partido liberal, como el PN, y porque ya han tenido conversaciones al respecto entre las bancadas y ambas coinciden en el carácter “totalitario” de la propuesta del FA. Asimismo, el edil opositor destacó que hay otros temas para tratar en los cuales el PC va a tener que votar y trabajar en conjunto con el PN. “La coalición de gobierno está unida y soy optimista de que el proyecto no va a prosperar”, sentenció.

Salud mental y religión
Para el arzobispo de Montevideo, Uruguay vive una situación preocupante con relación a la salud mental, considerando no solo los altos indicadores de suicidios sino también el impacto que pudo haber tenido la pandemia en estos últimos dos años. Sostuvo que “la religión cristiana es un gran aporte para que las personas tengan un sentido de su vida, incluso en momentos de dificultad, frustración y sufrimiento. La religión cristiana es un gran soporte para la vida de las personas y lo ha sido siempre”. “Entiendo que la falta de una dimensión religiosa es un elemento que quita sentido de la vida a las personas y, más allá de las cuestiones y problemáticas personales, los suicidios en general también están unidos a esto”, valoró.