En los últimos meses, 11 personas denunciaron al senador Gustavo Penadés por abuso y explotación sexual cuando tenían entre 13 y 16 años. El caso disparador fue el de Romina Celeste Papasso, quien, en un video que publicó a principios de marzo, acusó al legislador de haberla abusado sexualmente cuando era menor de edad. Los casos están siendo analizados por la Justicia.
La cuestión de este caso, que involucra al sistema político, golpeó a la sociedad por completo. No ha sido el único en los últimos años. Marisa Lindner, quien fue directora del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) entre 2015 y 2020, recordó en diálogo con Sala de Redacción la Operación Océano, una investigación judicial por explotación sexual de adolescentes iniciada en 2019, que reunió denuncias contra figuras relevantes —entre ellas, un juez de menores— y que comprendió a 20 víctimas y 33 imputados por la Justicia.
Para Lindner, la Operación Océano “fue el puntapié inicial para darle la relevancia necesaria a estos temas”. Aseguró que “los casos de explotación sexual atraviesan todos los sectores sociales, sin exclusiones” y añadió que “esta operación permitió visibilizar que personas con mucho poder, real o simbólico, como un juez, pueden estar involucrados’’. Insistió en que se deben investigar a fondo estos temas, ya que a nadie se le puede dar por exento de culpas.
Abusos sistema político
Carolina Silva, integrante del sindicato del INAU y encargada del sector de abusos a niños y adolescentes dio a Sala de Redacción su perspectiva de lo que cree que va a suceder ante estos casos “van a tratar de acallar más voces”. “No es la primera vez que pasa”, dijo, y comentó el caso de una chiquilina que abordaron en un centro de INAU de Mercedes cuando era niña y que ahora, que es adolescente, tiene serios problemas por el daño que recibió; relató que “fue abusada por un edil de un partido político” y que “costó mucho” condenarlo pero que “lo logramos después de mucho trabajo y ahora está preso”. Acotó que “un edil al lado de un senador no es nada en cuanto al poder que tiene”.
Por otra parte, Silva recordó también que en Soriano, su departamento, ocurrió algo de características similares: una situación de abuso de un profesor hacia un adolescente. Describió que como el docente era esposo de una jueza de menores “fue un escándalo mediático” y “desde la iglesia y los sectores de profesionales, todos se alinearon en favor de ese profesor y jueza; ni siquiera le querían hacer pericias a la víctima y tuvimos que hacerlo desde el INAU. Luego de mucho batallar, se ganó el juicio y el hombre está preso’’, relató.
Remarcó que le gustaría, y serviría de mucho, que “otros se animen [a denunciar], pero que todo el aparato se alinea para decirte ‘no te creemos’ y eso agrava aún más los daños, la forma en que se sienten las víctimas’’.
Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), insistió también en esa idea de que “cuando sale a la luz pública [un caso de estas dimensiones] genera impacto, más bien por los números y la cantidad de denuncias, pero luego el tema desaparece de las noticias y empieza a desvanecerse’’. A su entender, “debe cambiarse el foco y pensar más en el fondo del asunto’’.
Sobre los motivos acerca de que haya tan pocos procesados, fue enfático: “los obstáculos siempre existen; hay casos donde una víctima amanece muerta, otros en que la familia de la víctima recibe amenazas”, señaló, aunque reconoció que esto no sucede solo en el sistema político sino también por fuera de él.
Al respecto de hacia dónde se debería ir para que estas cosas no sucedan más, apuntó contra la impunidad. “Si aspiramos a una sociedad que esté basada en la práctica de los derechos humanos, estos espacios de impunidad no deberían de existir’’, planteó.
La Cámara de Senadores votó por unanimidad el 7 de junio el desafuero de Penadés, para que la Justicia continúe las investigaciones. Penadés sostiene que es inocente, por lo que, la quita de fueros no lo consideró algo significativo para él, por lo que se puso a disposición de la Justicia. Desde su círculo político, en su momento se insistía en su inocencia e incluso el presidente de la República, Luis Lacalle Pou manifestó meses atrás ”yo le creo a él’’, pero luego de que Fiscalía avanzó con el caso y con el aumento de las denuncias, tuvo que cambiar su discurso para reconocer que “las denuncias son muchas y graves’’.
Eslabones débiles
El director del INAU, Pablo Abdala mostró una clara preocupación por el aumento del registro de casos abusos en una entrevista que dio en abril al programa Arriba Gente de Canal 10, tras la presentación del informe anual de 2022 del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia. “Les adelanto desde ya que superamos los guarismos del año 2022” y que “la violencia contra los niños se incrementa y de forma significativa’’, dijo con respecto a 2023. El informe, con datos de 2022, dio cuenta de 7.473 situaciones de maltrato, lo que implicó 1.643 nuevas denuncias en comparación con el año anterior. Según dio a entender, los casos que existen son desde el maltrato físico u emocional hasta la agresión sexual.
Consultada sobre por qué se registra este aumento, Silva respondió que es “por motivos multicausales, debido a factores que están culturalmente impuestos de generación en generación”. “Decimos que somos más tolerantes pero, más allá de que hemos avanzado, es muy poco en comparación a los cambios que se dan en la sociedad. Se sigue pensando que los niños son menos que los adultos por ser chicos, entre otras cosas”, afirmó, y aclaró que eso no sólo lo piensa “gente de bajo nivel educativo, sino también en los altos niveles”. A su entender, el aumento se da por eso, “y por tener una sociedad que tiende a ser más violenta”, añadió.
Luego hizo énfasis en que “sigue instalado el viejo paradigma de ver a los niños, niñas y adolescentes como objetos de protección y no como sujetos de derechos’’. Mucho de ello, a su entender, se da porque se piensa “en clave de patriarcado y adultocentrismo”.
Purtscher también dio su perspectiva sobre esto: “Es el ejercicio puro y duro del poder, es transitar en esa historia de impunidad que tiene nuestro país y este tema en particular. Es parte de un estrato social, que cree estar por encima de la ley y por ese se permite que el principio de placer supere al de realidad y se crean que la ley nunca llegará a su puerta”, dijo, haciendo alusión al dominio de los hombres sobre quienes se encuentran en una situación más débil.
Sobre esto, Lindner dijo que en administraciones anteriores existía un plan ideado por Conapees “con 100 acciones para la erradicar la explotación sexual infantil” que involucró a los gobiernos anteriores y organizaciones de derechos humanos pero que hasta ahora, en lo que a cifras refiere, no ha colmado sus expectativas. Purtscher explicó que este plan de acción propone un abordaje de derechos y la sensibilización, capacitación y formación, generación y apropiación de conocimiento, además de fortalecimiento de la intersectorialidad. Pero, según dijo, con respecto al original, “ha sufrido cambios en tres ocasiones y tiene menos acciones’’.
