El proyecto de ley que procura mejorar el acceso a los productos con base de cannabis para uso medicinal entró el 8 de mayo a la Cámara de Representantes y fue enviado a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social para su discusión. Si bien no ha sido tratado todavía, está en la agenda.
El objetivo principal del proyecto, según el asesor de la ex diputada Macarena Gelman, Bolívar Moreira −que fue, además, uno de los redactores− busca que se incluyan estos productos en el Sistema Nacional Integrado de Salud. La idea es que cualquier paciente, sin importar su poder económico, pueda acceder a la medicación. Moreira señala que los altos costos son el principal motivo por el que algunos pacientes optan por alternativas ilegales. Considera que esto se podría combatir si los usuarios lo recibieran de sus sociedades médicas, previa prescripción del tratamiento.
El proyecto se justifica en una investigación realizada por el equipo Monitor Cannabis, radicado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que indica que del 24 por ciento de la población que en 2017 estaba interesada en estos productos, solo un 10 por ciento está efectivamente en tratamiento. Y, de este 10 por ciento, un tercio consigue los productos registrados en las farmacias; otro tercio accede a aceites, tinturas y cremas gracias al autocultivo (con y sin registro); y el último lo hace a través de vías irregulares.
La ley 19.172 establece sólo un mecanismo para acceder a estos productos con fin medicinal: comprarlos en las farmacias con receta médica. El problema es que existe muy poca variedad en la oferta, lo que condiciona el precio de los medicamentos.
Dos años atrás, la Comisión de Adicciones de la Cámara de Representantes ya había tratado las dificultades de implementación en el acceso al cannabis medicinal en Uruguay. De la comparecencia de los diversos partidos en dicha comisión surgió que, pese a que se presentaron más de 20 proyectos de Licencias de Producción e Investigación Científica, a la fecha sólo hay un producto en base a cannabis disponible en las farmacias en sus dos variaciones (con 2 por ciento o 5 por ciento de cannabidiol). Las importantes demoras y dificultades financieras y reglamentarias para realizar proyectos de investigación han contribuido con esta situación, lo que se resume en que el Poder Ejecutivo no está promocionando y fomentando estos productos como se lo encomienda la ley.
