Algunos unos meses atrás parecía imposible que un movimiento de productores agropecuarios se opusiera a las políticas del actual gobierno, pero ello está sucediendo en la actualidad, a raíz de un nuevo aumento de los combustibles. El lunes pasado, los principales dirigentes del movimiento de los autoconvocados del agro, llamados Un Solo Uruguay (USU), manifestaron su desacuerdo con la seguidilla de aumentos de las tarifas públicas que viene aplicando la administración del presidente Luis Lacalle Pou y convocaron a sus seguidores a debatir sobre qué acciones tomar al respecto.
Durante la pandemia, el gobierno fue muy cuidadoso en no tomar medidas directas de recaudación contra el agro para no abrir frentes que pudieran impactar en la economía del sector, al que muchos consideran como el “motor” productivo del país. A diferencia de otros rubros de la economía que arrastran un endeudamiento importante, el campo es el sector que mejor campeó la pandemia. Desde la segunda mitad de 2020, sus productos están inmersos en un contexto internacional de precios muy favorable que, al menos en el corto plazo, no parece salirse de ese trillo.
Pero además, el campo tiene una relación muy estrecha con el Partido Nacional (PN), líder de la coalición gobernante. No solo porque su historia guarda raíces profundas en él -y siempre votó mejor en el interior del país que en Montevideo-, sino también porque el PN se ha hecho eco permanente de sus reclamos y basó gran parte de su última campaña electoral en la promesa de no subir los impuestos al sector.
Con el cambio de gobierno la expectativa era grande: “Cuando uno escuchaba los discursos de la oposición al Frente Amplio durante la campaña electoral, creía que se habían entendido las preocupaciones y los planteos del movimiento [de productores autoconvocados]. Cualquiera de la oposición, fuera del partido que fuera, hablaba de los costos del Estado, de la necesidad de ser competitivos, de convertirnos en la Nueva Zelanda de América. Muchos recogieron parte de los planteos de nuestro movimiento para hacer su discurso”,dijo a Sala de Redacción Marcelo Nougué, dirigente y vocero de USU.
El origen
USU se creó en enero de 2018, durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez, a partir de una convocatoria que hizo un grupo de productores rurales para manifestarse en contra del gobierno ante lo que entendían era una crisis generada por los altos costos de producción y el impacto de una sequía ocurrida a fines de 2017. La primera concentración fue en la Asociación Rural de Durazno y concurrieron más de 60 mil personas, lo que fue considerado como una manifestación generalizada de desaprobación al gobierno de Vázquez y sus políticas hacia el sector.
Por su gran convocatoria, el movimiento de productores agropecuarios fue visto con simpatía por la oposición política del momento, que, sin mayores compromisos, lo alentó a continuar con la lucha por sus reivindicaciones. Desde entonces, USU adquirió una condición permanente, aunque su protagonismo en el debate nacional y en la opinión pública mantuvo altibajos y hasta hoy su influencia sigue siendo incierta.
Pero, últimamente, esto comenzó a moverse y la gota que derramó el vaso fue el aumento de combustibles del 30 de julio, que estableció una suba de precios de 7,6% para las naftas y 11% para el gasoil. El incremento se aplicó por el mecanismo previsto en la ley de urgente consideración, que ajusta mensualmente los combustibles por el precio de paridad de importación (PPI). Inmediatamente, la Mesa Nacional de USU se manifestó en contra del aumento y anunció la realización de una asamblea el 7 de agosto, para discutir posibles movilizaciones y dejar en claro que, más allá de la cercanía del gobierno con el sector rural, no están comprometidos con ningún partido político.
Promesas de campaña
“Si gana el PN se terminó el aumento de impuestos, las tarifas y los combustibles. Se terminó”, decía Lacalle Pou en marzo de 2019 en el Parque Viera, en plena campaña electoral. Pero la promesa duró poco: un año después del discurso de campaña y ya siendo presidente, Lacalle Pou decidió una suba de 10,7% en las tarifas de OSE; 10,5% en las de UTE; y 9,78% en las tarifas de Antel. Entre las tres, el aumento promedió 10,32% y se ubicó por encima de la inflación interanual del momento (8,32%). También subió el precio de los combustibles en un promedio de 9%.
Al año siguiente, en enero de 2021, el gobierno volvió a subir las tarifas: 6,5% OSE, 5% UTE y 6,4% Antel, y nuevamente aumentó los combustibles 6,2% en promedio. En abril se anunció otro aumento, con el objetivo de reflejar el valor del petróleo Brent, en aumento desde fines de 2020. Finalmente, el gobierno desistió y argumentó la importancia de dar un “apoyo al país productivo”, según subrayó en ese momento la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. En junio, una vez más, el Poder Ejecutivo aumentó los combustibles 12%. El ministro de Industria, Omar Paganini, lo justificó por el impacto de la suba del petróleo -que representaba 32% a la fecha- y remarcó el nuevo criterio de fijación de precios en base al PPI.
El 30 de julio, el gobierno aumentó nuevamente el precio de los combustibles: 7,6% para las naftas y 11% para el gasoil. Fue la cuarta suba de tarifas en un año y medio de gestión. En esta oportunidad, Paganini dijo que era necesario cubrir los “sobrecostos” que tiene Ancap -como el subsidio al supergás y la mezcla de etanol en naftas- y recalcó que, por medio del nuevo sistema de PPI, se apuesta a la transparencia en la fijación de precios.
Nougué declaró que, cuando el actual gobierno asumió, “hubo algunas señales correctas, como la incorporación en la ley de urgente consideración de la derogación de la obligatoriedad de la inclusión financiera”, algo por lo que USU había luchado y que, a su entender, era relevante para los habitantes del interior; además de la realización de “un planteo de reducir gastos superfluos en general”. Sin embargo, al mismo tiempo hubo otras acciones que contravienen “el camino de achicar el gasto estructural del Estado”, como “la creación del Ministerio de Ambiente, la puesta en marcha de 13 oficinas de género y el fortalecimiento de muchos organismos del Estado”, comentó el dirigente de USU.
Nougué afirmó que todavía existen algunos sectores del agro endeudados, como el lechero y el de los agricultores, y que “Uruguay necesita dos o tres años de buenos resultados para que el endeudamiento agropecuario baje, no importa el gobierno que sea”. El vocero agregó que, al margen de los buenos precios internacionales, el problema de los productores rurales son los costos, ya que todos los demás rubros están subiendo y unos se encadenan con otros: así, aumentaron los fertilizantes, los herbicidas, los arrendamientos, y también los combustibles. En ese sentido, el dirigente de USU apuntó que en el transporte, que tiene una participación importante en la cadena agropecuaria, “el 70% de lo que factura se va en los costos del combustible”.
Más y nuevos cambios
Según Nougué, el problema de los combustibles está en que “nunca se le hincó el diente a los rubros que integran la conformación de los precios y que no tienen ninguna relación con los mismos”. A modo de ejemplo, indicó que dentro del precio del gasoil hay $3,50 que van a un fideicomiso cuya finalidad es sostener un subsidio a las empresas de transporte urbano, al igual que los $0,40 de la “tasa de inflamables”, que se paga a la Intendencia de Montevideo por la refinería de Ancap en La Teja. “Son rubros que no tiene sentido mantener ni cargárselo al precio del combustible. En definitiva, hay $5,50 de sobrecostos que están metidos dentro de la paramétrica”, sentenció el vocero de USU.
Consultado sobre cuál sería el impacto si estos sobrecostos se quitaran de la paramétrica, Nougué señaló que sería necesario reubicar algunos trabajadores en distintas dependencias de Ancap y del Estado; pero advirtió que “muchas veces se pone arriba de la mesa los puestos de trabajo que se perderían por hacer esto, pero no se habla de los puestos de trabajo que se perdieron por tener estos costos. De los 60 mil puestos de trabajo que se perdieron desde 2014 hasta poco antes de la pandemia, una parte fue como consecuencia del aumento de los combustibles”.
Por último, Nougué reiteró que “en el caso del subsidio al boleto [de transporte urbano], estamos cubriendo las ineficiencias de otras empresas, ya que el beneficio no llega al usuario del transporte”. En este sentido, se preguntó por qué tiene que estar incluido en el precio de los combustibles y propuso como alternativa que “pase a rentas generales o que se tire a otro sector. Podría estar perfectamente en las transacciones financieras y cobrárselo a los bancos, por ejemplo”.
Nuevo impulso
Asimismo, USU inauguró esta semana una audición radial en Radio Rural como nueva forma de comunicación. Guillermo Franchi, uno de sus principales dirigentes, declaró que USU no tiene forma jurídica ni “tampoco es necesaria” y aclaró que no son un partido político más: “No apoyamos a un partido político, no tenemos color partidario y seguimos siendo autoconvocados”. “Hay temas que tienen que volver a la discusión” ya que “muchos de ellos se han agravado” y la pandemia, que debió haberse aprovechado para debatir, “sirvió para desnudar realidades”, señaló.
Por otro lado, Franchi afirmó que el sector agropecuario “ha demostrado que sigue siendo el malla oro, que lo es y que lo va a ser”. Finalmente, con referencia al aumento de los combustibles, expresó: “Yo prefiero no hablarlo hoy porque en caliente nadie escucha”, y marcó la necesidad de discutir en ámbitos de debate adecuados, como un acto, una asamblea o una convocatoria específica.
RECUADRO: El agro y la pandemia
