El IAVA amaneció nuevamente con problemas en su ingreso. Esta vez, y por decisión de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y los inspectores asignados, Rita Fagúndez y Eduardo Biassini, se cerró la institución y no se permitió la ocupación que el Gremio de Estudiantes del IAVA (GEI) había decidido realizar durante la jornada. En la tarde el liceo fue abierto, ocupado por los estudiantes y nuevamente desalojado por el Ministerio del Interior, mientras profesores y padres se encontraban reunidos.

El GEI emitió un comunicado anunciando que el proyecto de reparación del ascensor fue aprobado y que la compañía encargada iba a iniciar sus tareas, pero que “la gran falta de responsabilidad de parte de inspección de institutos y liceos” llevó a que se terminara sin llevar a cabo la reparación. A las 10 de la mañana llegó el equipo técnico encargado, pero el edificio seguía cerrado. Docentes del instituto dijeron a Sala de Redacción que “si el director no hubiese sido separado del cargo, el liceo estaría abierto y la empresa trabajando”.

Por otra parte, el cargo para la dirección del liceo sigue vacante. La directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, declaró a Subrayado que no se postularon “aspirantes en condiciones” en las elecciones realizadas el martes y el jueves. Además de disponer que los inspectores asumieran la dirección provisoria del liceo, la DGES piensa conformar un equipo pedagógico y de gestión que podría durar “todo el año, todo lo que sea, si así fuera necesario”, sostuvo Cherro.

Hace una semana, el GEI había ocupado el centro en rechazo de la decisión de separar del cargo al director del liceo y más tarde realizado una marcha hacia el Consejo Directivo Central (Codicen). Desde arriba de un camión, el vocero del GEI Gerónimo Sena comenzó una envalentonada oratoria final a todo bombo, aplausos y gritos de apoyo con un “acá está la resistencia, acá está el pueblo, acá está el movimiento popular y esto no se pasa por encima compañeros, nosotros nos mantenemos en pie de lucha”. El estudiante de 16 años inició su defensa sobre las medidas tomadas por el gremio, que han sido cuestionadas por ser llevadas adelante por adolescentes, cuando “somos humanos, esperemos que esto tenga fin en algún momento”, sostuvo, con la idea de que las autoridades, “si es que están metidas acá”, escuchen.

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El puntapié de la protesta se remonta a fines de 2022. En noviembre, el gremio elevó peticiones a las autoridades para mejorar las condiciones edilicias del centro educativo, la accesibilidad para estudiantes con discapacidad y el entorno para los alumnos. La propuesta abarcaba desde la reparación del ascensor, que comunica los baños accesibles con salones de prácticas de laboratorio, hasta rampas en sectores del edificio e intérpretes para los estudiantes con problemas auditivos. Seis meses después, la DGES decidió construir una rampa que tendría ubicación donde se encuentra el actual salón gremial del centro.

Desde ese instante comenzó la lucha contra la decisión de las autoridades, a la que el GEI vio como un “acto de censura”. Los estudiantes consideran que la actual administración quiere eliminar el salón gremial, no con la idea de la rampa, sino por el estado que tiene: paredes despintadas con inscripciones de alumnos y ex alumnos. A raíz de las declaraciones del gremio estudiantil, la DGES, en un posteo realizado en Twitter, explicó que el deterioro del salón gremial implica una “intervención de infraestructura para su mantenimiento” y agregó que es “obligación” mantener el edificio en las “condiciones patrimoniales que corresponden”.

Según informó El País el viernes 31 de marzo, las autoridades de Secundaria llegaron a la institución y se encontraron con una cadena y un candado que el gremio había instalado antes de la semana de turismo. La reacción de Secundaria fue sustituirlos por una cadena y candado que quedó en manos de las autoridades. Eso inició los conflictos que se vivieron estos últimos días, ya que al finalizar turismo, los estudiantes decidieron romper el candado para volver a tener el control del salón.

Dos semanas de conflicto después, la propia DGES decidió iniciar un sumario y separar del cargo al director del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA), Leonardo Ruidíaz, por “insubordinación”, luego de negarse y resistir a desalojar a los estudiantes del salón gremial. La sanción implicó la separación del funcionario del cargo y la retención del 50 por ciento de sus ingresos durante seis meses. Inmediatamente, diversos sindicatos de la enseñanza repudiaron los hechos. La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) declaró paro y asamblea permanente en defensa del director sumariado, quien “intentó realizar acciones de carácter pedagógico”, ya que acusarlo de “insubordinación” es “absurdo”, sobre todo porque “revive” leyes de educación no vigentes y de la época dictatorial. 

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En la tarde del miércoles 12 de abril los estudiantes del gremio resolvieron iniciar la ocupación del edificio. En declaraciones que brindó Sena al programa radial La Pecera, desde Secundaria se les notificó que “debían salir del liceo para continuar con la instancia de diálogo”. Los estudiantes no accedieron y pasaron la noche en la institución. El jueves 13 comenzó con movilizaciones en diversos ámbitos, las actividades en los liceos públicos de todo el país se vieron interrumpidas en señal de apoyo al funcionario sancionado y hacia las 14 horas, Santiago González, director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, llegó al edificio de la calle José Enrique Rodó para entregar una carta que solicitaba el desalojo de la institución; la solicitud daba un lapso de 15 minutos para que estudiantes y manifestantes desalojaran el edificio. 

En el diálogo que mantuvieron Gerónimo Sena y Santiago González, el estudiante preguntó si el director de Convivencia solía ir a todas las desocupaciones. González respondió: “No, cuando puedo”. “Ah, cuando están las cámaras”, rebatió Sena, lo que desató una risa irónica por parte de González, además de repercusiones en medios de comunicación que adjetivaron la respuesta como una “chicana” y memes en las redes. Luego del desalojo, la jornada de manifestación continuó con una marcha por 18 de Julio hasta la sede del Consejo Directivo Central (Codicen), con la que se reclamó la revisión de las medidas tomadas, que se dejara sin efecto el sumario impuesto al director del IAVA y su regreso al frente del liceo.

La marcha comenzó por la principal avenida de la capital, con una longitud de cuadra y media de personas juntas por un mismo fin: defender la educación pública. La calle se llenó de cánticos como “tengo los zapatos rotos y es de tanto caminar por un presupuesto justo para poder estudiar”. Fue una marcha que reunió a distintos gremios educativos con una edad media que rondaba los 16 o 17 años. Varios adultos que acompañaban la marcha comentaban “qué valientes”, de los balcones de diferentes edificios se veían vecinos alentando y aplaudiendo, también se oyeron bocinas en señal de apoyo desde los vehículos que pasaban en sentido opuesto.

Al finalizar la marcha, en el desvío ubicado en la calle Libertador, se encontraba una plataforma instalada en un camión con micrófonos y parlantes preparada para el discurso que darían más tarde los estudiantes, representantes de la educación y sindicalistas. La primera exigencia por parte del representante del GEI fue “que se levante el sumario al director del IAVA”, una medida “súper injusta, súper inhumana”, porque una persona que “defiende la democracia, los derechos y el diálogo, no tiene por qué ser censurada”. Por tales motivos, se solicitó a las autoridades de la educación que “den la cara”. Sena declaró que es importante “tener a una persona que verdaderamente nos ayuda” y que no solamente lo hace con los agremiados, “sino con todos los estudiantes”.

Laura Díaz continuó con la oratoria en representación de los docentes del IAVA y denunció que vienen reclamando “un montón de situaciones relacionadas al edificio, que va más allá de la accesibilidad en sí”, y que las decisiones tomadas son una “excusa para una escalada autoritaria”, con intención de “demostrar el poder que suponen tienen las autoridades y suponen pueden imponer”. “Acá se están utilizando términos como ‘acatar’ e ‘insubordinación’, términos que ya fueron y que en el ámbito docente no deben utilizarse”, sostuvo la docente, y defendió que “hay que apostar por el diálogo” y no “esconderse dentro de una dirección” sin tener la disposición y sin generar cercanía para un trabajo conjunto.

Andrea Revuelta, representante de ADES Montevideo, se arrimó al micrófono e inició su oratoria catalogando la jornada como un “hito o punto clave de inflexión” para avanzar en las denuncias que los gremios de la educación sostienen. “Venimos denunciando una reforma educativa que significa una reducción importante para todos los estudiantes”, afirmó, y agregó que no solo repercute en la calidad de la enseñanza sino también en el mantenimiento edilicio de todos los centros educativos. El gremio docente propone “crecer en la organización de más y más compañeros, de los trabajadores en general, ir a una movilización conjunta de todos los trabajadores”. Estos actos, según Revuelta, “afectan a todos”, porque “los estudiantes van a pasar por el sistema educativo y luego van a ser los trabajadores precarios con pocos conocimientos que está necesitando el mercado”.

Para finalizar, Camila Menchaca, dirigente sindical de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), recordó que “no estamos luchando solo desde hoy, venimos luchando desde hace mucho tiempo”. Aludió a los conflictos por las nuevas estructuras del sistema educativo, que generan una “educación más vertical y autoritaria” y responde a un modelo educativo “que excluye más a los estudiantes”. Menchaca denunció también que en la reforma educativa se habla de “autonomía de centro”, pero lo que sucedió con el director en este episodio deja en evidencia que “todo lo que dicen en los papeles, lo terminan pisando a través de acciones que poco tiene que ver con lo que pregonan”. Y cuestionó: “¿es esta la forma democrática que las autoridades tienen para resolver los conflictos?”.

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Los agravios fueron otra arista. La mayoría de los actores que repudiaron la decisión de las autoridades eran menores de edad y aún así existió la violencia. El episodio de mayor repercusión fue la frase del periodista Ignacio Álvarez, quien, en una entrevista a Sena en su programa radial La Pecera, acotó que si fuera su hijo lo “chaparía de los pelos”. Pero ese no fue el único altercado con los medios. Desde su cuenta personal de Twitter, el director del diario El País, Martín Aguirre, trató al joven como un “Che Guevara Inclusive”, sobrenombre del que luego Sena se apropió y actualmente utiliza en su cuenta de Instagram personal.

En base a estos insultos y agravios que sufrió el adolescente, Sena declaró a Sala de Redacción que ve estos episodios “desde el humor”; “esos agravios que se me dan, los uso”, sostuvo. Sobre la entrevista con Ignacio Álvarez, respondió: “¿qué se puede esperar de ese señor?”. Sin embargo, también planteó que hay que ocupar esos lugares, “bancársela y estar presentes igual”.

En la tarde del viernes, Sena presentó una denuncia por los agravios recibidos, entre otros contra Álvarez. El fiscal del caso, Fernando Romano, desestimó citar al periodista, ya que consideró que sus dichos no configuraban delito pese a ser “infelices”. Sin embargo, decidió citar a quienes violentaron al vocero del gremio a través de redes sociales. En rueda de prensa, Sena informó que a raíz de la entrevista fue amenazado, que usuarios de Twitter le dijeron “que me iban a sacar del liceo a golpes a mí y a mis compañeros” y que recibió insultos homófobos. El joven sostuvo que la intención que lo mueve es “cuidarnos entre nosotros”, que estuvo en contacto con los sindicatos de la educación y que cuenta con el “respaldo” para continuar con el proceso judicial. 

Más allá de la actitud positiva que el vocero le puso a estas situaciones, desde el profesorado del IAVA se emitió un comunicado que hace referencia a “la gran cantidad de ataques y amenazas que reciben nuestros adolescentes”. Esto genera preocupación frente a la normalización de “discursos de odio y hostigamiento que se generaron en las redes y en algunos programas periodísticos llegando incluso a la violencia”. Si bien la situación de hostigamiento fue direccionada a un sólo estudiante, los diferentes gremios docentes manifiestan que “los y las estudiantes con los que trabajamos en todo el Uruguay son diversos, personas en crecimiento, vulnerables, sensibles a las opiniones ajenas”. Es así que los docentes se dirigieron a las familias uruguayas para “poder reflexionar sobre estos aspectos y cuidar la salud física y mental de nuestros jóvenes”.

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No hubo descanso: la lucha continuó el viernes 14. Desde ADES se convocó a un paro docente de 24 horas, lo que dio lugar a una nueva asamblea. Revuelta declaró a Sala de Redacción que se resolvió pedir la restitución de forma “inmediata” al director y el levantamiento del sumario, “al ser éste profundamente improcedente en tanto invoca normativa de la dictadura, ya derogada”, lo que configura “un atropello”. Además, adelantó que están trabajando en conjunto con un técnico prevencionista en un informe que reunirá todos los riesgos estructurales que tiene el edificio, a fin de hacerlo llegar a las autoridades y que les ofrezcan soluciones.

Sobre la tarde del viernes se dio un nuevo episodio: la inspección general no autorizó el acceso a los padres a una reunión prevista para las 18 horas y procedió al cierre del liceo, sin brindar un argumento sobre la negativa a incorporar a las familias a la discusión. Finalmente, la reunión se mantuvo de manera improvisada sobre la explanada del liceo con un megáfono en mano por parte de los docentes y con los padres y alumnos sentados en las escalinatas. Según Revuelta, este tipo de medidas “ya se ha tomado en otros liceos”, como ocurrió el año pasado en el liceo Dámaso Antonio Larrañaga, cuando los padres se organizaron para reclamar un cargo de psicólogo perdido y las autoridades prohibieron las reuniones dentro del espacio institucional.

Estas actitudes, según los gremios, vienen de “épocas oscuras” y sólo generan mayor conflicto. Según Menchaca, “no es casual que estén levantando nuevamente resoluciones de la dictadura, esto es un atropello y cuando es un atropello la respuesta tiene que ser más organización, más lucha y contundencia en las calles”.

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