Un complejo residencial de gran magnitud e incalculable impacto ambiental, se pretende edificar en la zona más virgen y emblemática de Punta Ballena. Sobre los terrenos privados, que aún se mantienen en estado natural y libres de cimentación, se proyecta la edificación de 320 unidades de vivienda, en la entraña misma de la sierra. En el debate que hoy está sobre la mesa, están en juego tanto intereses como bienes públicos y privados, que se tensionan dentro de una dinámica mercantilista, en la que el afán de transformar la tierra en urbanizaciones cada vez más exclusivas y menos sostenibles parece ser el norte de los desarrollos inmobiliarios.
Ese norte no es el mismo para la población en general, cuyos intereses se mantienen lejos de las grandes inversiones y procuran un estilo de vida más natural, austero y sustentable, que incluya a todos los ciudadanos y no privilegie a un puñado de personas. Actualmente, la única obra humana existente en el extremo sur es la ruta panorámica que recorre la particular y alargada península rocosa, que penetra unos cientos de metros sobre el mar, y es vista desde lejos como la silueta de un gran cetáceo, lo que da nombre a este icónico lugar.
El proyecto y los valores afectados
De acuerdo al Resumen del informe ambiental (IAR) suscrito por los propietarios de los terrenos y publicado por el Ministerio de Ambiente, el objetivo del complejo inmobiliario es la construcción de 29 edificios con abundantes obras anexas como piscinas, salones de usos múltiples, porterías, estacionamientos y demás servicios asociados a una infraestructura edilicia de gran porte.
Según explicó a Sala de Redacción el docente del Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República (CURE), Álvaro López, no existe posibilidad de mitigar las consecuencias, que serían irreversibles. Para decirlo, se basa en diversas perspectivas que convergen en el asunto: los estudios geológicos, la riqueza biológica, el valor patrimonial y cultural, la mirada histórica, el interés turístico y recreativo, los vínculos con el arte, entre tantos otros atributos que posee Punta Ballena.
En este sentido, el CURE elaboró un extenso documento en el que marca claramente su postura: el proyecto residencial de Punta Ballena es “inadmisible”, y solicitan la urgente toma de medidas para la conservación del patrimonio natural y cultural de la zona. Los académicos resaltan la importancia que tiene este sitio, no sólo para el departamento de Maldonado, sino para el país y la humanidad, ya que la zona “aún no ha sido explorada en su totalidad”, según indicó el docente. En esta línea, explicó que la geomorfología particular de la sierra rocosa debe su origen a una falla geológica continental, que data de la época de la separación de los continentes. “Fue en esta punta que hace 530 millones de años los continentes se separaron, ahí mismo, es decir que acá hay información geológica muy importante para comprender las etapas de conformación del planeta”, subrayó.
Desde la perspectiva de la biodiversidad, agregó que “en Punta Ballena hay especies de flora endémica, lo que significa que sólo nacen aquí”, por lo que una vez que estas variedades biológicas sean arrancadas, no tienen viabilidad futura. El CURE criticó la propuesta hecha por los responsables del proyecto en cuanto a la posibilidad de transplantar la flora autóctona, ya que “ninguna especie resistiría lo que proponen”. Para López, esa idea “parece una tomada de pelo”, puesto que denota falta de conocimiento científico, y remarcó la importancia de “oír todos los saberes y conocimientos vinculados a este territorio”, así como fomentar el diálogo.
Otro de los puntos que vale destacar es que la zona se encuentra dentro de la “ruta de las ballenas”, y es común verlas en ciertos momentos del año. Esta característica es utilizada además por el Ministerio de Turismo para atraer turistas hacia los departamentos esteños. Pese a que el documento IAR poco dice sobre los ecosistemas marinos, según manifestaron docentes del CURE, la biodiversidad marina también sufriría el impacto por la actividad que supone la construcción de un complejo de tales características, que requiere de grandes cantidades de explosivos para socavar el suelo, además de la posterior contaminación lumínica y sonora.
Asimismo, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) hizo público un comunicado en el que manifiesta que “Punta Ballena es un ícono emblemático del Uruguay por la significación del lugar en nuestra memoria colectiva como país”. El gremio de profesionales de la construcción entiende que la urbanización proyectada forma parte de un “proceso que pone en riesgo valores únicos e irreproducibles de nuestro paisaje costero”. Los arquitectos sostienen que el eslogan de “Uruguay Natural”, como símbolo identitario y cultural del país, se refleja en lo paisajístico.
La SAU afirmó en su declaración que no se opone al desarrollo, que “será bienvenido en la medida que favorezca la preservación ambiental, la integración social y los valores esenciales” de la identidad uruguaya. “El proyecto no parece orientarse hacia estos fines, sino en rentabilizar intereses privados, que siendo legítimos no deberían primar en este caso, donde lo que está en juego es el interés común”.
Autorización ambiental
Todo proyecto cuyas obras o actividades a desarrollar en Uruguay generen impacto ambiental, requiere la autorización previa de la máxima autoridad en la materia: el Ministerio de Ambiente. Para solicitar la autorización ambiental, se debe presentar la copia del certificado de clasificación ambiental, los documentos del proyecto, el estudio de impacto ambiental y el resumen del informe ambiental. Esto no se obtiene por medio de una simple petición administrativa, sino que por la importancia de los valores intangibles involucrados en los proyectos de estas características, y de acuerdo al grado de impacto ambiental que pudieren ocasionar, se exige un procedimiento que incluye varias etapas.
Cada caso es analizado por los técnicos del ministerio y se le otorga una categoría, dependiendo del impacto negativo que conlleve el proyecto, tanto cualitativa como cuantitativamente. Dentro de este marco, el proyecto de Punta Ballena fue clasificado como categoría “C”, es decir, como proyecto con el mayor nivel de impacto ambiental negativo.
De acuerdo al propio IAR, el proyecto cuenta con el aval de la Intendencia de Maldonado. Sin embargo, el Intendente Enrique Antía manifestó en rueda de prensa que en la Intendencia no hay ningún expediente en curso sobre este asunto, y que construir 29 edificios “le parece demasiado”. No obstante estas manifestaciones, los propietarios aducen que las conformidades fueron dadas en el marco de un acuerdo judicial, en el que fueron cedidos algunos terrenos a la comuna, a cambio de la viabilización del proyecto.
Uso público de la comunidad
A pasos de la emblemática Casapueblo, propiedad de la familia Páez Vilaró, cada temporada miles de turistas, nacionales y extranjeros, visitan Punta Ballena por su belleza y valor paisajístico. Algunos de estos turistas quedan prendados con su magnetismo y eligen quedarse para siempre. Tal fue el caso de Mario Salto, argentino de nacimiento y uruguayo por elección, quien vive en la zona desde 1997 y aseguró a Sala de Redacción que prácticamente todos los vecinos rechazan este proyecto.
En su casa, Salto aún conserva la rajadura en la pared y el movimiento que tuvieron los pisos, que se produjo con el último proyecto edilicio de la zona hace unos años. “No sabés la impresión fea que es sentir que te vibra la casa cuando empiezan a dinamitar”, recordó, y aseguró que se estremece al pensar en “el impacto en la fauna, en las casas, en las consecuencias futuras”. El vecino recuerda haber visto chiquilines “preparar sus exámenes, viene gente a pescar, a tomar mate, a contemplar este espacio único que te atrapa”. Señaló además que en estos momentos “hay gente muy angustiada por la incertidumbre de no saber si sus hijos van a poder conocer y disfrutar de este lugar”.
Según Salto, “esa gente de alto nivel adquisitivo construirá un helipuerto para llegar a su casa y también muelles privados, lo que sería un verdadero desastre”. Además, sostuvo que antes de la presentación de este proyecto, en Punta del Este había unas 7.000 unidades nuevas a la venta, según información que los vecinos han recabado con las inmobiliarias de la zona, por lo que para ellos no tendría sentido agregar mas unidades al mercado, e incluso desconfían de la procedencia del dinero, que sería de capitales extranjeros, comentó.
“Lo que se pone en cuestión aquí, no es un patrimonio uruguayo únicamente, es un patrimonio natural de la humanidad”, remarcó Álvaro López. Indicó que por más que sea privado, es un lugar de uso público, característica que también se reivindica por parte de la comunidad académica: “hay un derecho al uso de ese espacio público que se encuentra arraigado de manera muy fuerte en la comunidad”. Distintas generaciones pasan y han pasado por allí, y eligen realizar acciones de la más diversa índole, desde pescar artesanalmente, realizar deportes de aventura como por ejemplo escalada sobre las rocas, hasta algunas otras como “casarse o esparcir las cenizas de un familiar fallecido”.
Posibles medidas para frenar el proyecto
En Uruguay, el decreto 349/2005 dispone que el Ministerio de Ambiente debe poner de manifiesto ante la ciudadanía el documento de resumen con la finalidad de dar acceso público a la propuesta y recibir consultas. El proyecto se encuentra disponible hasta el 12 de diciembre y ha recibido 11.095 consultas de ciudadanos.
En aquellos casos en que el proyecto pueda implicar “repercusiones graves de orden cultural, social o ambiental”, las autoridades podrán disponer que se realice una audiencia pública. Esta herramienta se caracteriza por ser un espacio de participación ciudadana para que las personas o las organizaciones se reúnan en un acto público y puedan intercambiar información y elaborar preguntas, así como obtener respuestas a las consultas enviadas durante la puesta de manifiesto. Actualmente las audiencias públicas son convocadas y presididas por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea, antes Dinama).
El docente afirmó que “la ciudadanía en este momento está empoderada y dice basta de atropellos”. Un movimiento autoconvocado de personas llamado “No al proyecto Punta Ballena” se encuentra muy activo por esta causa y representa la voz de muchos vecinos, artistas y ciudadanos comunes que rechazan la iniciativa. Tiene página de Instagram y recolectan firmas para frenar el proyecto, a la vez que promueven actividades culturales sobre el lomo de la Ballena los fines de semana, con el objetivo de difundir su mirada y hacerse oír.
López expresó que no puede habilitarse la destrucción “en base a las excepciones en materia de construcción, que se habilitan periódicamente, y terminan en contra del desarrollo sostenible”. Incluso desde la perspectiva netamente productiva, opinó que tampoco sería deseable estar siete años dinamitando la zona, lo que indefectiblemente producirá un desarraigo con el lugar y una destrucción total de lo que se valora hoy, “es como tener un potencial de belleza altísimo y destruirlo. La sociedad está diciendo basta de lavar dinero, basta de destruir”.
En cuanto a las medidas que podrían adoptarse para frenar el proyecto inmobiliario, las autoridades tienen sobre la mesa un abanico de medidas posibles, todas en pos del interés general. El CURE destacó los instrumentos de la Declaración de Monumento Histórico Nacional, de Área Protegida, o de Bien de interés departamental, entre otras acciones que el Estado podría tomar. Por su parte, Lopez afirmó que hay “muchas alternativas jurídicas para conservar Punta Ballena”, y comentó que se ha propuesto la expropiación. Este mecanismo habilita al Estado a adquirir legítimamente ciertos predios a cambio de una indemnización.
En este sentido, explicó que el valor de la tierra que no cuenta con autorización ambiental para edificar sería sensiblemente menor a aquel valor de una tierra transformable. El argumento que ha esgrimido en varias oportunidades el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, es el de la “propiedad privada”, pero el docente remarcó que rechazar el proyecto no implica desconocer el derecho de los particulares y aclaró que “no todo se puede construir en cualquier lugar”.
A su vez, remarcó que la Intendencia tiene la potestad de modificar la nomenclatura y el uso del suelo, a través de una resolución que modifique la zona urbana y se declare Punta Ballena como zona rural. “Si eso pasa a ser nuevamente suelo rural, ya no podría ser potencialmente transformable”, subrayó, y agregó que “el ministro puede tomar la decisión política de no habilitar esta obra porque los daños no son mitigables”. López insistió en que “no hay nada que te puedan dar a cambio de lo que está en juego, como extinguir el espacio público, o extinguir especies biológicas, o hacer desaparecer la roca con la información geológica” que aún falta por investigar. Por su parte, Mario Salto, desde su óptica de habitante de Punta Ballena, opinó que la zona sur podría declararse parque natural para asegurar la conservación.
El disfrute de la naturaleza y el respeto por la biodiversidad tienen hoy en Punta Ballena más sentido que nunca. La vida y la muerte sellan sus pactos en este sitio. Amores y despedidas simbolizan el devenir de la vida misma y dan cuenta del respeto, la admiración y la conexión que la comunidad tiene con Punta Ballena, cuyas raíces tienen un estrecho vínculo con el mar y con la puesta de sol que desde allí se contempla. La visita al lomo de la Ballena, más allá de ser un mojón turístico ineludible, representa un modo de ser, de expresarse y vincularse con el entorno, que los ciudadanos han decidido defender contra viento y marea.
