A Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba la vio por última vez su tía, Laura Villalba, el 30 de noviembre de 2020, en las inmediaciones del Cerro Guazú —un monte que forma parte de la cordillera Amambay, en el territorio del Paraguay—, mientras se protegían de los operativos militares de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC).

La FTC es una unidad de las Fuerzas Armadas de Paraguay, integrada por miembros de esas fuerzas, de la Policía Nacional de Paraguay y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas, desplegados en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, que busca terminar, sobre todo en el norte del país, con la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una organización paramilitar asociada a teologías de la liberación que opera en el territorio paraguayo desde los ’2000.

Varias organizaciones sociales y delegaciones internacionales de derechos humanos han señalado a las Fuerzas de Tarea Conjunta como responsables del fusilamiento de las niñas Lilián Mariana y María Carmen Villalba, de once años, el 2 de setiembre de 2020. Si bien el Estado paraguayo no reconoce el crimen, en su momento, después del asesinato de las niñas en el campamento de Ybi Yaú, departamento de Concepción, el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez calificó al operativo como “el más exitoso operativo contra la guerrilla en Paraguay”. 

En esta línea, se denuncia que la desaparición de Lichita fue “forzada”, porque también se dio en el contexto del operativo contra el EPP en el que sus primas fueron asesinadas. A tres años de los hechos, una sexta delegación humanitaria viajará a Paraguay para que les reciba el Ministerio Público Paraguayo, “hacerle entrega de un millón de firmas por la aparición con vida de Lichita, y exigir que se abra una nueva denuncia para que el Estado investigue”, señala Juan Carlos Asencio, integrante de la campaña “¿Dónde está Lichita? – Eran niñas”.

En plena democracia

Lichita tenía 14 años al momento de su desaparición forzada y había viajado junto a su tía, su hermana, y sus primas, a visitar a sus padres y a sus tíos al norte paraguayo, pero la pandemia impidió que la visita se consumara, y tampoco les permitió regresar a Puerto Rico, ciudad de la provincia argentina de Misiones, en donde residía. Dadas las circunstancias, las niñas y sus cuidadoras encontraron refugio en el campamento de Yby Yaú, donde según declaraciones al medio argentino Marcha, Anita Villalba —sobreviviente y hermana de Lichita—, relató que “se encontraban principalmente mujeres y niños”. 

Previo al viaje, Lichita había terminado el primer año en la Escuela Provincial de Educación Técnica N.º 10 de la localidad de Puerto Rico y, según cuenta a Sala de Redacción su madre, Carmen Villalba, “fue excelente y destacada alumna, varias veces mejor alumna; sabía pintar y sabía dibujar”. Lo cierto es que no se perdió en la selva, las Fuerzas de Tarea Conjunta desplegaron un operativo policial en el que las niñas se vieron obligadas a huir en un terreno militarizado que no conocían para buscar refugio, y en ese ínterin, una bala le hirió la pierna y no se supo más nada de ella. 

La cronología de los hechos en el contexto de persecución hacia las niñas y sus cuidadoras, pudo ser reconstruida a partir de las declaraciones de Laura Villalba, que fue detenida por las FTC el 23 de diciembre de aquel año. Según Laura, “Carmen [Lichita] ya herida en su pierna, se queda en un lugar” mientras ella sale “a buscar agua y comida”, pero al regresar no la encuentra. Cuando se embarca en la búsqueda de Lichita, la detienen, y el resto de las niñas “logran salir de Paraguay y regresar a la Argentina”.  

Quizás resulte confuso pensar en niñas siendo perseguidas por fuerzas militares en plena democracia, y es que tanto Lichita como el resto de las niñas que se vieron envueltas en aquel operativo militar, sufren las represalias que las fuerzas militares levantaron contra la familia Villalba, por encontrarse en ella a dos líderes reconocidos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo: Carmen Villalba y Alcides Oviedo, la madre y el padre de Lichita, quienes están presos hace más de veinte años en Paraguay. 

Dice Carmen Villalba: “el asesinato de las niñas que son primas de Lichita se inscribe dentro de una larga persecución de hostigamiento, de asesinato, de agresiones, de desaparición forzada hacia la niñez Villalba”. Pero para hablar de la niñez Villalba, es preciso narrar que además de la desaparición forzada de Lichita, según cuenta Villalba, en 2010, su otro hijo, Néstor, fue “asesinado cuando tenía 12 años; le rociaron un producto y muere cuando llega a la casa”.

Traspasar las fronteras

Las delegaciones humanitarias están conformadas por organizaciones sociales, agrupaciones políticas, periodistas, organizaciones feministas y activistas de derechos humanos que buscan encontrar desde hace tres años, a través de la solidaridad internacionalista, una forma de exigir la investigación sobre la desaparición forzada de Lichita. Se articulan desde la Campaña “¿Dónde Está Lichita? – Eran niñas”, y quienes la integran participan desde Chile, Brasil, Perú, Uruguay, Argentina, y Ecuador. 

Juan Carlos Asencio, integrante del colectivo “La Lucha Continúa”, forma parte de la comisión organizadora que está buscando adhesiones y participación para lo que será el viaje de una sexta delegación humanitaria a Paraguay, este 30 de noviembre. Según relata Asencio a Sala de Redacción, “se decidió la campaña a nivel internacional, y que en esta delegación fuera el eje central lograr revertir esa situación, que la Fiscalía General reciba a una delegación para entregar las firmas, y que el gobierno paraguayo investigue la desaparición”.

Según Asencio, entre las actividades que se propone esta nueva delegación humanitaria, está previsto “realizar un acto público por la aparición con vida de Lichita, entregar las firmas, abrir una nueva denuncia, visitar el cementerio donde están los cuerpos de las niñas asesinadas y que las organizaciones sociales puedan conversar con Carmen Villalba, quien ya lleva dos años presa de forma ilegal, porque ya cumplió su pena de 18 años, y todavía no se la libera”. 

Para Asencio, es fundamental que las personas involucradas en la defensa de los derechos humanos participen de las delegaciones humanitarias, porque “el gobierno paraguayo no sólo no ha investigado la desaparición, sino que ni siquiera ante el reclamo de Naciones Unidas ha dado respuesta”. Se refería al reclamo que le hizo, mediante un comunicado, en febrero de 2021 la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, a las autoridades paraguayas de “buscar urgentemente a la desaparecida Carmen Elizabeth”, que se le garanticen a la tía detenida, Laura Villalba, “el respeto de todos sus derechos”, en espera de “una investigación inmediata, independiente y efectiva de las dos niñas, cuyas sepulturas y restos, Paraguay se niega a permitir que los busquen y exhumen antropólogos forenses argentinos de renombre mundial”. 

Expulsados
En julio de 2021, una misión humanitaria viajó a Paraguay con el motivo de recolectar información sobre la desaparición forzada de Lichita, pero las autoridades paraguayas expulsaron a la delegación por no haber informado de su presencia a los organismos de seguridad. Así fue que durante la noche del 23 de julio, la misión humanitaria fue trasladada a Concepción y desde allí al aeropuerto internacional de Encarnación, de donde fue llevada a Misiones, Argentina.

Para Carmen Villalba, la persecución del Estado paraguayo no sólo se traslada a su familia, sino también hacia cualquier forma de solidaridad que se esgrima desde las organizaciones sociales y por los derechos humanos: “la persecución, el ensañamiento, no solamente se limita en mi persona, en Lichita, sino que también hacia la campaña, también hacia compañeras, compañeros organizaciones que se suman en esta difícil y compleja lucha por la aparición con vida de una niña”.

“Además ahora sumaron a la reclusión en otro centro a la hermana de Carmen, Laura Villalba, que pretenden condenarla dándole como cargo que lo que pasó con sus hijas, con las niñas que mató el ejército paraguayo, es una responsabilidad de ella como madre”, agrega Asencio, que se refiere al juicio oral que inició el lunes 15 de noviembre y continuó durante el martes 16. Luego del juicio, la Delegación de Veedores Internacionales realizó una conferencia de prensa en Concepción del Paraguay, en la que denunció que “los testigos que se presentaron, integraron el operativo en que las niñas fueron asesinadas, y se hicieron responsables bajo una versión de supuesto enfrentamiento, de su ejecución”.   

En la voz de Carmen

Carmen Villalba está recluida en la cárcel de mujeres “El Buen Pastor”, en Asunción, Paraguay. Antes de ver ningún comentario sobre esta nota periodística, e inclusive si quiera estando esta publicada, dice: “antes de consultarnos cómo es que yo salgo a hablar desde la cárcel, se debería de preguntar qué hace una presa después de haber computado 18 años de cárcel, estando presa dos años después de haber computado la sentencia en su totalidad”. 

A Villalba se la condenó a 18 años de sentencia por su participación en el secuestro de Maíia Edith de Debenardi, nuera de un ex ministro de Hacienda de la dictadura de Alfredo Stroessner Matiauda, gobierno de facto que estuvo en el poder en Paraguay desde 1953 hasta 1989. Puede parecer intrincado entender cómo una persona permanece recluida a pesar de haber computado su sentencia; las claves están en los cargos que la Fiscalía General le ha sumado: “el 26 de julio del 2021 yo cumplía íntegramente la sentencia de 18 años que se me impuso en un juicio oral, pero dos años antes, el Ministerio Público reactiva una causa caduca que es del 2004 pero nunca llegó a juicio oral”.

Para comprender mejor, Villalba se fuga en el año 2003, nueve meses después de haber sido detenida en la cárcel “El Buen Pastor”, por secuestro. En 2004, la capturan nuevamente y le inician una causa por resistencia a la autoridad, a la que en 2018, cuando estaba por cumplir su pena, se le cambia la carátula por “intento de homicidio doloso” contra uno de los oficiales que participó de su detención en 2004. Según Villalba, “lo que hizo el Juzgado de Ejecución en realidad es una maniobra ilegal, lo que se llama en el derecho un fraude jurídico, es no considerar los años de prisión que llevo, sino empezar a computar mi tiempo de prisión a partir de la reactivación de esa causa”.

Lo que Stroessner dejó

Durante estos veinte años en la cárcel, Villalba ha vivido cómo la muerte y la vida tienen que ver más con la capacidad de memoria y convivencia democrática de las sociedades que con el ciclo natural de la vida, en el que todo nace, quizás se reproduce y luego muere. Ha visto nacer a sus dos hijas en cautiverio: a Lichita, que fue desaparecida forzosamente, y a Anita Villalba. También le tocó llorar la muerte de su hijo Néstor, y la ejecución de las primas de sus hijas, a manos de las FTC paraguayas. 

Sin embargo, le es imposible no traer a la memoria cuánto de estas prácticas represivas en democracia, son trasladadas desde la dictadura de Stroessner. Villalba lamenta que “la historia relata —historia digo porque ya quedó eso como historia nada más— que los altos jefes militares y en ese entonces Stroessner, tenía harenes de niñas donde eran violadas, eran abusadas y eran niñas extraídas del interior y eso quedó impune, quedó como un hecho que cada tanto se señala, pero como algo que no se investiga, a los culpables no se les castiga”.

Hasta el momento, existen al menos dos investigaciones que han estudiado las prácticas de abuso sexual y tortura contra niñas del dictador Stroessner: el libro Las orgías del general del director periodístico de El otro país, Andrés Colman, del cual su reseña dice “pudimos conocer por los testimonios de algunas víctimas, referenciadas en este libro, como el de la esposa de unos de los militares que trabajaba de chofer de Popol Perrier, quien se animó en marzo de 2008 a decirnos que aproximadamente tres a cuatro niñas eran llevadas por mes desde esa casa sobre la calle Carlos Gómez, del Barrio Sajonia, por el mismísimo general Alfredo Stroessner”.

Por otro lado, el periodista estadounidense Jack Anderson, publicaba el 20 de diciembre de 1977 un artículo titulado “Paraguayan Sex Scandal Aired”, en el que relataba que niñas de entre ocho y 14 años eran habitualmente abusadas por Stroessner y sus generales en la casa del Coronel Perrier en el Barrio Sajonia. Recién en 2008, con la denuncia de Julia Ozorio Gamecho —la primera mujer en declarar ante la Comisión de Verdad y Justicia sobre los abusos sexuales como práctica sistémica de tortura durante el régimen stronista—, se abrió una primera investigación en la Fiscalía de Derechos Humanos de Paraguay y otras se abrieron en 2016, luego de una serie de reportajes publicados en el periódico paraguayo Última Hora, pero hasta el momento, no se ha avanzado en la investigación, quizás porque los principales implicados ya han muerto. 

Para recuperar a Lichita

Mientras del otro lado del teléfono Villalba toma fuerzas, haciendo pausas para narrar cómo recuerda a su hija Lichita, memoriosas palabras acercan a una niña que lleva ya tres años desaparecida: “una niña que nació en prisión, a los cuatro añitos ya se vio forzada a salir, a abandonar su país —huyendo a la localidad de Puerto Rico, Misiones— por la persecución que el Estado imprime hacia nuestra niñez, una niña amorosa que nunca perdió su sentido del humor, nunca perdió su deseo de niña, de tener un hogar, así la recuerdo bien, y tantas veces me preguntaba cuándo me iría con ella…”.

Villalba reconoce en la lucha feminista una posibilidad de tomar la lucha por la aparición con vida de su hija y hace un llamado “al sector feminista, a las mujeres luchadoras, a que se sumen a esta causa. Lichita es una niña que concentra un poco toda esa brutalidad estatal, en ella se expresa la máxima brutalidad estatal fascista machista que no solamente la desaparece, no solamente criminaliza su nombre, su personita, sino que uno ni se imagina el tipo de violencia a la cual pudo haber sido sometida”.

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