Desde la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis se realizan informes anuales sobre la cantidad de perros patentados en Uruguay. Según datos a los que accedió Sala de Redacción, durante 2021 se vendieron 19.146 patentes caninas en todo el país, lo que representa una caída significativa en comparación a 2020. En ese año el número de registros fue 31.947. Al respecto, el presidente de la comisión, Gustavo Bogliaccini, manifestó que esto corresponde a “una caída sistemática” que permanece desde administraciones anteriores. Bogliaccini, quien asumió la presidencia de la institución el 1 de agosto de 2020, agregó que la pandemia por covid 19 fue “un duro golpe” que intensificó la caída de las patentes.
Los ingresos económicos que obtiene la comisión Zoonosis por las ventas de patentes son destinados, entre otras cosas, a la esterilización y desparasitación de los canes. Asimismo, las recaudaciones permiten el mantenimiento de los “recursos técnicos y humanos” que la institución utiliza para disminuir el riesgo para la población de las enfermedades de estos animales. En este sentido, la caída del número de patentes de perros en el país va en contra de la gestión de la comisión, que, producto de los bajos ingresos, realizó un convenio con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Para obtener este apoyo monetario, Zoonosis se comprometió inicialmente a realizar 30 mil esterilizaciones durante un año.
Productores afectados
En el interior del país se acentuó una emergencia sobre la producción bovina, avícola y ovina. Las jaurías de perros en los campos son una importante causa de las pérdidas de muchos productores. En junio de este año, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, aseguró que en Uruguay hay casi dos millones de perros y la baja cifra de patentes registradas refiere a “una tendencia irresponsable de los dueños”. El ingeniero agrónomo Fernando Rolando conversó con Sala de Redacción y sostuvo que existe “un problema de conciencia social” que afecta la tenencia de perros. Al respecto, aseguró que la falta de responsabilidad no es sólo alimentaria sino también sanitaria. Según Rolando, no se castra a los perros en el momento adecuado y cuando tienen crías “deciden abandonarlos, porque se convierten en una carga”. Estos perros comienzan buscando alimento en bolsas de basura y allí surgen las jaurías que luego recorren campos y atacan animales de producción.
El ingeniero agrónomo explicó que esta problemática siempre estuvo presente en el interior del país, aunque actualmente “hay mayor repercusión”, porque el asunto apareció también en el sur, principalmente en Canelones. “En este departamento hay muchos productores de escala familiar, con 10 a 40 ovinos, que buscan un ingreso económico a fin de año. Es un lugar con muchos perros sueltos, y ahí aparece el problema”, dijo.
Para el ministro Mattos, la cantidad de patentes registradas por la comisión de Zoonosis en 2021 refleja que “es un instrumento que no funciona y hay que modificarlo”. En este marco, Rolando mencionó que las estadísticas realizadas por la comisión funcionan con datos concretos, pero “monte adentro no se sabe lo que sucede” y se generaliza con los caninos del área metropolitana. “Los estudios de la Comisión Zoonosis dejan por fuera a miles de perros e incluyen a los que están por fuera del problema. Hay menos patentes que en años anteriores, hay algo que no está funcionando. Es un verdadero fracaso”, sostuvo.
En busca de alternativas
Frente a esta problemática nacional, los productores afectados solicitaron en reiteradas oportunidades al gobierno “soluciones inmediatas”. Hasta el momento, la alternativa ofrecida por el MGAP es un “seguro para ovinos”, que consiste en un subsidio acordado por el ministerio y el Banco de Seguros del Estado (BSE) para los productores que sufrieron pérdidas por ataques de las jaurías de perros. Este seguro también cubre las pérdidas por “eventos climáticos y enfermedades epidémicas”. El ministro Mattos expresó que “es un instrumento de resarcimiento para el productor afectado, aunque no resuelve la problemática”. En este sentido, Mattos lamentó la “parte moral” del productor que “’no se recupera” aunque se subsane el aspecto económico. Desde el MGAP se acordó con las intendencias departamentales un convenio para castraciones y chipeado de perros como otra alternativa para mitigar esta problemática.
Consultado sobre el accionar del gobierno, Rolando aseguró que se necesita gente que sepa tomar “medidas dolorosas” para frenar esta situación. Para el ingeniero agrónomo, el problema es que “nadie se atreve a tomar esta iniciativa” y, según entiende, “se intenta hacer lo políticamente correcto y no lo necesariamente correcto”. “Cambian los gobiernos y el problema sigue latente, no nos están dando respuestas desde hace años. Es un tema urticante y opinar puede comprometer políticamente, por esto nadie toma la determinación”, concluyó.
En junio, el consejero de la Federación Rural Emilio Mangarelli dijo a El Observador que el gobierno nacional en conjunto a los departamentales debe “salir a capturar a esos perros” e incluso fue más allá y pidió “matar a los perros que hacen daño”. Como respuesta, en el 105° congreso de la federación, Mattos sostuvo que el “Estado no puede salir a capturar y matar perros”. Es más, en su sitio web el Instituto Nacional de Bienestar Animal tiene un “formulario de denuncias” por maltrato animal y tenencia irresponsable, donde cualquier persona puede notificar una situación de abuso.
Educar para combatir
Tanto las autoridades del MGAP como Bogliaccini y Rolando coincidieron en que la educación es el “punto de partida”. Desde el gobierno se pidió tiempo para llegar a las soluciones necesarias y Mattos justificó que la sobrepoblación canina es producto de “los dueños que no cuidan a sus animales”. Por su parte, Bogliaccini prioriza educar a las “nuevas generaciones” a través de visitas de médicos veterinarios a centros educativos. Según el presidente de comisión de Zoonosis, esto sirve para “trasladar información sobre higiene, tenencia responsable y prevención”. En este marco, Rolando planteó que la educación es el comienzo de las “grandes soluciones para tomar conciencia”.
De todas formas, Rolando se mostró a favor de identificar y sancionar a los responsables de los perros sueltos y clasificó a los seres humanos como “hijos del rigor”. Para el ingeniero, la sanción económica debería sumarse al registro de patentes de perros, castración y desparasitación.
Rolando subrayó la importancia de que las autoridades nacionales encaren el tema bajo un carácter de interés nacional. Valoró la necesidad de pensar con “cabeza nacional y no sólo capitalina” y aseguró que hay gente de Montevideo que desconoce la verdadera situación del “interior profundo” y juzga las decisiones contra los perros como “crueldades”. “Me parece que no tiene sentido manifestar una opinión a favor o en contra sin siquiera haberse dignado de acercarse a conversar con un productor afectado y conocer la situación que viven”, sentenció.
