Las libertades vigiladas, creadas por ley en 2016, surgieron de un acuerdo entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial; son otorgadas a personas que no poseían antecedentes penales y son condenadas a prisión por un máximo de cinco años. Con este régimen se busca el cumplimiento de “un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales”, establece la normativa. Actualmente en nuestro país hay 3.700 personas en libertad vigilada. Charles Carrera, senador del Frente Amplio, declaró ayer en la Cámara de Senadores que la revisión de la ley de libertades vigiladas surgió a raíz de una serie de anomalías que se dieron a partir de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal.
El proyecto establece que no podrán acceder a la libertad vigilada quienes hayan cometido delitos de rapiña, copamiento, extorsión, secuestro, homicidio doloso y sus agravantes, narcotráfico, delitos de lesa humanidad, tráfico de personas y tráfico de armas. Hasta el momento no existían restricciones por tipo de delito, solo se consideraban los años de pena. Además, el proyecto propone la eliminación de la Libertad Vigilada Intensiva, reduciendo a tres el máximo de años de condena, y mantiene su prohibición en casos de reincidencia, reiteración o habitualidad. El tribunal podrá disponer que la persona sometida al régimen de libertad vigilada deba portar una tobillera electrónica, medida obligatoria en casos de violencia doméstica, violencia basada en género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Otra modificación propuesta es la reducción del plazo que tiene la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida para proponer un plan de intervención, que pasaría de 45 a 20 días.
En discusión
Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio, se posicionó en contra de los artículos 3, 4 y 5 del proyecto, que son los que ponen los límites a su aplicación por años de condena, antecedentes y tipo de delito. Expresó que estas modificaciones “suponen una restricción a las libertades vigiladas” y “contradicen los acuerdos internacionales firmados por nuestro país” en relación al tratamiento de los reclusos. La senadora dijo que hay tres datos que deberían estar en discusión en el proyecto: el número y el perfil de personas en libertad vigilada o “pena mixta”, la tasa de reincidencia de las penas alternativas y la inversión necesaria para la privación de libertad. “En el desconocimiento de estos números se debilita la justificación para una restricción de la libertad vigilada”, afirmó Moreira y criticó que, aún aprobándose las modificaciones, “las penas alternativas permanecen para los delitos de cuello blanco y los delitos sexuales”.
El senador nacionalista Carlos Camy expresó que acompañaba la modificación porque entendía que es mejor que la reglamentación vigente. Sin embargo, declaró que el Partido Nacional entiende que “el límite ideal para la aplicación del beneficio serían los delitos con pena de hasta 24 meses”.
Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, expresó que el proyecto de ley “se queda por la mitad del camino”, pero reconoció que es un avance hacia “algo más restrictivo y medido”. Además, señaló que cree que “deberían incluirse más delitos” en los que no pueda aplicarse, tales como la estafa, el lavado de activos y los considerados “delitos económicos”.
Daisy Tourné, senadora del Frente Amplio, declaró que votó a favor del proyecto en respeto a la unidad de su fuerza política pero que no cree que se trate de un cambio positivo. Tourné afirmó que esta modificación va a significar un aumento “abundante” en la población carcelaria y sostuvo que es momento de “evitar las tentaciones demagógicas” y comenzar a dar discusiones “muy profundas” sobre política criminal.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en su votación general -recibió algunos votos negativos al desglosarse- y se remitió a la Cámara de Representantes.
