Las estafas a través de internet y redes sociales son un fenómeno que ha crecido enormemente en los últimos tiempos, más aún luego de la pandemia por Covid-19. Así lo explicó a Sala de Redacción la diputada del Frente Amplio Dayana Pérez y agregó que hay situaciones que “no están contempladas en la legislatura vigente”, por lo que se hace necesaria una actualización, ya que “no hay una normativa integral que tenga que ver con la seguridad digital”.
Pérez señaló que la idea es apuntar al concepto de la seguridad, no solo como algo punitivista y marcó la diferencia de este proyecto de ley, con el de “tipificación de ciberdelitos” que había presentado el diputado Sebastián Cal de Cabildo Abierto. “No se busca solamente punitivizar sino más bien prevenir y dar garantías”. Por ejemplo, según el proyecto que CA había presentado, “se penaliza cualquier alteración, o sea que si yo modifico mi impresora para evitar la obsolescencia programada, estoy incurriendo en un delito, y esto no puede ser así.”
Según la legisladora, se buscó que el proyecto no afectase lo que existe. No se tocan temas como la piratería o la difusión de pornografía infantil “porque son delitos que ya están penados”. En algunos casos se agregaron agravantes pero “la idea es no generar una doble pena”.
La diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) puso como ejemplo la estafa digital. “La estafa es un delito que ya está penado según el código penal, lo que cambia es el medio, pero se tipifica como estafa”. De esta manera, explicó que la idea de este proyecto era generar un marco legal que brinde seguridades a los usuarios.
Este nuevo proyecto de ley apunta más a evitar que ocurran las estafas que a castigarlas. Si bien plantea que las responsabilidades, en forma de multas y demás, recaigan sobre las instituciones financieras, se espera que aumenten su seguridad, y así se reduzcan los casos de estafa.
El “phishing” es una modalidad de estafa donde una persona se hace pasar por otra para obtener datos financieros de un usuario. Actualmente, las víctimas de “phishing” no tienen una ley que los atienda. Las instituciones financieras suelen ampararse en que el click que uno da es voluntario y, por lo tanto, responsabilidad del usuario.
“Si bien la tecnología brinda facilidades, como son el pago con códigos QR o con tarjeta sin la necesidad de ingresar el PIN, es importante que también le dé al usuario las garantías de que por usar estas facilidades no voy a estar más desprotegido” explicó la diputada Pérez.
Países vecinos ya han tomado medidas contra estas situaciones. Argentina, Brasil, Colombia, entre otros, han modificado sus códigos penales; aunque solamente Chile promulgó una ley integral, similar a la que plantea este sector de la oposición.
El resarcimiento que el proyecto de ley prevé es de doce ingresos mensuales del condenado o, en su defecto, doce salarios mínimos, sin perjuicio de que la víctima pueda seguir la vía procesal para obtener la reparación total del daño. En el proyecto también se expresa que “las entidades financieras serán civilmente responsables por los daños sufridos por los usuarios por el incumplimiento de las normas de seguridad previstas en la normativa”.
