El caso que involucra al ex custodio presidencial, Alejandro Astesiano, ha generado distintas repercusiones dentro del espectro político; son varias las declaraciones de los diversos diputados, senadores e, incluso, del propio presidente, quien afirmó desconocer las actividades ilegales que realizaba el encargado de cuidar a su familia. Es por eso que la oposición llamó a Comisión General en el Parlamento. Son muchas las interrogantes y pocas las respuestas, y aún no queda claro cómo una persona con el prontuario de Astesiano -más de 30 indagatorias- logró escalar hasta una posición tan privilegiada sin que nadie en el gobierno lo supiera.
Alejandro Astesiano fue formalizado por un delito continuado de suposición de estado civil en reiteración real, de asociación para delinquir y tráfico de influencias, en el marco de una investigación por falsificación de documentos que le permitió a cientos de rusos obtener la ciudadanía uruguaya. Por esta causa también fueron formalizadas otras tres personas. Desde Fiscalía se presume que Astesiano utilizaba su labor y sus contactos como medio de información para proporcionar datos y facilitar las operaciones de la red delictiva.
El nombre del ex custodio presidencial surgió durante una investigación por adulteración de partidas de nacimiento, que había iniciado en 2019 y que por falta de evidencias se archivó. Sin embargo, la fiscal de Flagrancia, Gabriela Fossati, retomó el caso, dado que recibió información proveniente del consulado mexicano que advertía sobre un gran flujo de ciudadanos rusos con documentación uruguaya que intentaban ingresar al país. Con las alarmas ya encendidas, la Fiscalía en conjunto con la Dirección Nacional de Identificación Civil e Inteligencia comenzaron a trabajar y llegaron al escribano uruguayo formalizado y posteriormente a su vínculo con Astesiano.
El legislador frenteamplista Alejandro Sánchez dijo a Sala de Redacción que este caso marcó un antes y un después, ya que es visible el “desmoronamiento de la credibilidad en el gobierno” porque “han intentado por todos los medios no decir la verdad”. “Los titulares de las noticias en todo el mundo hablan de una crisis institucional”, subrayó. El senador sostuvo que desde el oficialismo no asumen la responsabilidad de que cometieron un error al contratar a Astesiano y “poner en riesgo bienes muy importantes como la seguridad y la defensa nacional”.
Por otro lado, el senador por el Partido Nacional Sebastián Da Silva afirmó a Sala de Redacción que desde la bancada oficialista hay tranquilidad porque “la Justicia está actuando”. Para Da Silva, los actos de Astesiano fueron una traición hacia el gobierno, porque “fue testigo del sacrificio que hicimos todos en la campaña electoral”. A su vez, dijo que “la oposición tiene un complejo” ya que “quieren el monopolio de la popularidad”. El legislador cuestionó al Frente Amplio: “no pueden entender cómo Lacalle Pou mantiene su grado popularidad y lo buscan bajar”, y concluyó que “esto solo es un caso de falta de confianza”.
Además, el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, aseguró a Sdr que “la culpabilidad de Astesiano es notoria” y “todo está muy turbio, mal manejado”. El cabildante afirmó que hubo errores inentendibles como allanar la casa de Astesiano cuando se sabía que estaba de viaje en el exterior con el presidente y llegaba 72 horas después; “fue una torpeza o, mejor dicho, una maniobra en el procedimiento policial”, de modo que para el ex custodio no fue ninguna sorpresa su detención en la residencia de Suárez y Reyes. “La familia le avisó y le dieron tiempo a que hiciera todas las llamadas y movimientos que tenía que hacer“, opinó.
Lust es partidario de que vuelva Casa Militar, un pequeño regimiento que habita en el Palacio Estévez y cuya función es la protección de la Presidencia. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez se eliminó su función como guardia presidencial y se la limitó únicamente a asuntos protocolares. “Hoy la Guardia Presidencial son un grupo de amigos del presidente que hay que disolver, tiene que estar a cargo de Casa Militar que para eso se destinan los recursos del Ministerio de Defensa”, opinó Lust. “Desde el año 2005, en todas las guardias ha habido personas con antecedentes: Vázquez puso a gente amiga, Mujica puso a gente amiga y Lacalle también, ahí está el resultado”, sentenció el diputado.
En el Parlamento
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé, fueron citados por el senador frenteamplista Alejandro Sánchez para comparecer en el Parlamento en régimen de Comisión General y aportar información sobre el caso que involucra al ex custodio presidencial.
Fue Alejandro Sánchez, orador principal por la bancada del Frente Amplio (FA), quien dio inicio a la sesión. El senador recalcó con firmeza que debido a las conductas negligentes del gobierno se “le abrió las puertas de par en par al crimen organizado”, y afirmó que desde el cuarto piso de la Torre Ejecutiva “operaba una asociación para delinquir” con Astesiano a la cabeza. Sánchez calificó a esta administración como “el gobierno de las excusas” e hizo hincapié en la irresponsabilidad del presidente Luis Lacalle Pou, quien previamente había declarado que no conocía el historial delictivo que poseía Astesiano. “¿Cómo se chequean los antecedentes?”, preguntó Sanchez; “no es creíble que nos digan que no sabían”, arremetió.
En los antecedentes de Astesiano figuran 35 indagatorias, en su mayoría por hurto o estafa, que datan desde el año 2002. Fue procesado sin prisión en el año 2003 por un delito de estafa y 10 años más tarde cumplió cuatro meses de prisión preventiva por el mismo delito en la cárcel Las Rosas, en Maldonado. En setiembre de 2014, fue condenado a 18 meses en prisión por delito de estafa, pero no los cumplió, ya que se le descontaron los meses que había estado recluido en el año 2013.
En esta línea, el senador frenteamplista recordó que el actual director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, también ocupaba el cargo en aquel entonces y que Álvaro Garcé era comisionado parlamentario para el sistema penitenciario e incluso visitó las instalaciones en el momento que Astesiano estaba recluido. Para Sánchez, “es imposible que estos jerarcas no conocieran sus andanzas”.
Desde la bancada del oficialismo se buscó mantener limpia la reputación de Lacalle Pou. El ministro Heber manifestó enfáticamente que el presidente actuó en buena fe y sin conocer los pormenores del prontuario de Astesiano. “Rechazo de plano todos los adjetivos y las suspicacias que ha generado”, le dijo el ministro al senador Sánchez; “estos serán datos que matan relatos”, afirmó. Es así que Heber se remontó a las administraciones de Tabaré Vazquez y José Mujica, y aseguró que hubo integrantes de la seguridad presidencial que poseían antecedentes judiciales: siete en la presidencia de Vázquez y cinco en la de Mujica.
Asimismo, el ministro citó una carta que fue enviada a la Dirección Nacional de Identificación Civil en 2013, de parte de la secretaria de Mujica, y que según Heber, “apuraba el expediente de un pasaporte falso” para un ciudadano ruso, Alexey Silvavei, quien forma parte de la organización criminal que integraba Astesiano. Para el ministro, esto indica que la banda inició sus actividades hace 10 años atrás y no en el gobierno actual; en este sentido, el jerarca brindó algunos datos: entre 2013 y 2019 se fabricaron 140 pasaportes falsos, en tanto en 2020 y 2021 se hicieron 55. Además, dijo que Astesiano no era el líder de la red delictiva sino un simple peón. “¿No querían toda la verdad?”, preguntó Heber de forma irónica.
Por otra parte, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, quien está a cargo de la seguridad presidencial, aseguró que es un error decir que Astesiano era el jefe de la seguridad presidencial, dado que “un civil no puede tener ese cargo”, y quien desempeña la función es el comisario Ricardo Martínez. Ferrés sostuvo que Astesiano tenía “un contrato de adscripto” que estaba avalado por la reglamentación para la seguridad presidencial del año 2006, donde se admite la existencia de custodios que no sean policías. En el caso del imputado, la elección tuvo que ver con el vínculo cercano que mantenía con Lacalle Pou desde hacía años. El prosecretario agregó que al momento de la designación, el prontuario de Astesiano estaba limpio.
En tanto, el director de la Secretaría Estratégica de Inteligencia del Estado, Álvaro Garcé, rechazó los dichos de Sánchez y dijo que no conoció a Astesiano durante su labor como comisionado parlamentario. Sin embargo, expresó que en marzo de 2020 -al inicio de esta Presidencia-, le advirtió a Lacalle Pou sobre posibles anotaciones en el legajo de Astesiano, lo que se contradice con la versión que brindó el presidente en conferencia de prensa.
El senador de FA, Oscar Andrade, pidió “chocolate por la noticia” ante el argumento de Heber, quien afirmó que el crimen no inició con Astesiano. El legislador sostuvo que “no importa si el origen del delito fue con o sin Astesiano”, dado que con su colaboración, la banda criminal logró “ingresar a la Torre Ejecutiva”. En tanto, la senadora nacionalista Graciela Bianchi sostuvo que Astesiano “era un perejil, no el jefe de la organización”, y que según la propia fiscal del caso, es necesario ser cuidadoso a la hora de hacer conjeturas sobre el papel de los imputados.
Tras la sesión en el Parlamento, Sánchez calificó la situación como “bochornosa”, con un “grave impacto político e institucional”. Asimismo, dijo a Sala de Redacción que, “en definitiva, fue una derrota de la democracia porque no logramos acceder a la verdad y nos fuimos con más dudas que las que teníamos antes”. Afirmó que desde el gobierno buscan “minimizar el problema” ya que dicen que el imputado era solo un custodio, cuando “los documentos firmados por Astesiano hablan de jefe de la seguridad presidencial”.
