Son muchas las asociaciones sociales que se sumaron a la campaña “Un gol contra la impunidad”, que busca expulsar a los torturadores José Nino Gavazzo y Manuel Cordero del Club Atlético Peñarol (CAP), del cual forman parte en calidad de socios vitalicios. 

Ignacio Couto, vocero de “Un gol a la impunidad”, dijo en conversación con Sala de Redacción que ya han recibido cientos de firmas y el apoyo de más de 30 organizaciones. Algunas de las que expresaron públicamente su adherencia son Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el PIT CNT, CRYSOL, Memoria en Libertad, el Observatorio Luz Ibarburu, la Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay, el Sindicato de Trabajadores de Sodimac y la FUCVAM, entre otros. Unánimemente, expresan repudio a los represores y además de solicitar su expulsión, plantean al club la oportunidad de mostrar compromiso y respeto por los derechos humanos.

La campaña se lanzó en redes sociales impulsada por hinchas, socios y asambleístas de Peñarol. Tanto Gavazzo como Cordero son ex militares involucrados en la dictadura cívico-militar uruguaya de 1973 a 1985, que han sido condenados nacional e internacionalmente por cometer crímenes de lesa humanidad: numerosos homicidios, secuestros, persecuciones, desapariciones y torturas.

La denuncia se hizo pública bajo el nombre “Un gol a la impunidad” -que tuvo su origen en 2018-, pero comenzó a gestarse esta vez por iniciativa del colectivo “Hinchas con memoria”, que nace tras la organización de algunos aficionados del cuadro aurinegro para actuar ante la presencia de estos genocidas entre los socios de su club. Couto expresó a SdR que es importante comprender que “hay socios que fueron expulsados por no pagar tres cuotas y sin embargo tenemos personas que fueron condenadas por delitos de lesa humanidad”. Y complementa: “Nos parece que no pueden compartir con nosotros ni un padrón, ni un espacio que tenga que ver con Peñarol, ni ninguno de los espacios de la sociedad”. 

Los impulsores consideran que el fútbol es referente y transmisor de valores para la sociedad, por lo que esperan que además de la expulsión, la campaña sirva como vehículo de concientización social sobre estos hechos y sea punto de partida para futuras denuncias de similares características en otros clubes uruguayos. “Estamos dispuestos a poner a disposición la campaña ‘Gol a la impunidad’ para llegar a la expulsión de estos personajes que siguen caminando entre nosotros”, dijo Couto.

El vocero explicó que la campaña “está instalada de forma extraoficial en las redes” y que, si bien han tenido comunicación con Peñarol, aún no se les realizó el planteo formal. De momento ya cuentan con la documentación necesaria proporcionada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y el abogado Pablo Chagoñia y Raúl Olivera, integrantes del Observatorio Luz Ibarburu; una vez terminada la recolección de firmas, se procederá a presentar la solicitud “para que esto siga por las vías formales que tiene el club para expulsar a los socios”, comentó el vocero.

¿Cómo participar?
Los interesados en firmar para expulsar a Gavazzo y Cordero del padrón del club deben enviar un mail a la dirección golcontralaimpunidad@gmail.com con el asunto “firma contra los represores” y detallar el nombre de la organización social firmante o del particular; en este último caso, se debe adjuntar nombre y apellido, así como número del documento de identidad.

El presidente del CAP, Ignacio Ruglio, dijo a SdR que si bien en lo personal apoya “100% ese movimiento” y cree en el cometido por el que se lucha, como presidente debe “garantizar las vías institucionales que tiene el club para esas resoluciones”. En este sentido, comentó que “existe el organismo supremo que debe llevar adelante esas causas, mediante convocación y resolución de la Comisión Directiva o de Asamblea de Socios”.

Por otro lado, Elena Zaffaroni del colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, calificó la situación como “intolerable” y expresó que “se trata de personas que están procesados con causas acá y en Argentina, con delitos gravísimos de todo tipo; ningún club debe considerar un honor tenerlos en su lista de socios”. A su vez, dijo a SdR que desde la organización apoyan “todas las campañas que surjan en la sociedad y que asuman un rol proactivo sobre el tema de los delitos de lesa humanidad”. Resaltó además la importancia de que gente joven se preocupe por estos asuntos y se involucren “sin aparentemente ser involucrados”: “De repente no tienen a nadie en su familia ni desaparecido ni torturado, pero entienden lo que significa eso y nos parece buenísimo”.

El inicio

El surgimiento de la conocida campaña “Un gol a la impunidad” data del año 2018 y Rebeldía Organizada fue la principal causante de su éxito. Se trata de una organización barrial que se desempeña desde el 2013 en Delta del Tigre, San José; trabaja en causas sociales y supo tener un papel relevante en el surgimiento de la movilización. En aquel entonces, se buscaba el repudio, la condena social y la expulsión del jefe de seguridad de la selección uruguaya de fútbol, Miguel Zuluaga, quien era subcomisario en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) durante la dictadura cívico-militar.

En ese momento, gracias al apoyo de más de 30 organizaciones sociales, muchos particulares y documentos recabados por el semanario Brecha que probaban la vinculación de Zuluaga al DNII durante esos años, se logró la desvinculación de Zuluaga de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El grito de “disfrutar el fútbol sin olvidar la conciencia” le ganó a las circunstancias: se estaba a tan solo un mes del mundial de Rusia, el subcomisario había generado un lazo estrecho en la institución y además, era defendido tanto por directivos, como por los jugadores y el director técnico de la selección, Oscar Washington Tabárez.

El vocero de Rebeldía Organizada, Richard Mariani, dijo a Brecha en aquel entonces que “el clima fue tal vez único, pero si se capitaliza se pueden seguir haciendo condenas sociales”. Argumentó que “la Justicia en muchos casos no actúa”, y por eso estas herramientas cobran relevancia. Es derecho de la sociedad elegir “si quiere convivir con un represor que estuvo implicado en violaciones, secuestros y muertes, o no”, concluyó.

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