Atípicamente, no hay grandes diferencias entre oficialismo y oposición con relación al apartado del proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) referente al sistema de participación público privada (PPP) para el desarrollo de infraestructura pública. Ambos bloques políticos identifican un exceso de burocracia que entorpece la puesta en marcha de las obras de PPP. El capítulo, que contiene solo cuatro artículos, recoge un guante proveniente de la administración anterior, que en su momento advirtió sobre la abundancia de trámites para completar las obras que se realizan bajo este tipo de acuerdos.
En caso de aprobarse, el Poder Ejecutivo -a través de la Presidencia de la República y dos ministerios: el de Economía y Finanzas (MEF), y el de Transporte y Obras Públicas (MTOP)- deberá elaborar un Plan Estratégico de Fortalecimiento de Infraestructura. Su contenido, entre otras cosas, aportaría los cambios necesarios para que “una única agencia o entidad gestione todas las etapas fundamentales de los proyectos” de PPP. También propondría recomendaciones para “abreviar los plazos de tramitación de los proyectos, en particular, en la fase precontractual”. En diálogo con Sala de Redacción, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi (Espacio 40) expresó que la finalidad del capítulo “es establecer la obligación de diseñar un plan, con todas las ventajas que esto tiene: previsión, transparencia, eficacia”.
El debate parlamentario
Semanas atrás, la comisión especial del Senado para el estudio de la LUC recibió al ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, para discutir el capítulo vinculado al sistema de PPP. “Hay proyectos de participación público privada que demoraron siete años en salir. En su mayoría, promedian tres o cuatro años. (…) Hace apenas dos meses que estoy al frente del ministerio, pero veo mucha burocracia, muchos trancazos y mucha desconfianza hacia el sistema de participación público privada, que no tiene sentido”, explicó el titular de la cartera.
Una vez concluida la alocución de Heber, el senador frenteamplista Eduardo Bonomi (Espacio 609), manifestó: “En general, compartimos lo planteado, así como también las dificultades que tiene llevar adelante una obra de PPP”. La disconformidad del Frente Amplio (FA) con el actual régimen había quedado plasmada en 2018, cuando en la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas de ese año se reconoció que “los procesos para las adjudicaciones finales a los contratistas fueron más lentos que lo inicialmente previsto, impactando en los avances de ejecución”.
Más adelante, Bonomi mostró preocupación por un posible predominio de la infraestructura vial en el eventual plan estratégico. El senador señaló que existen “PPP que tienen que ver con la educación, la salud, la vivienda, la seguridad y la defensa, y eso no está recogido en el articulado”. A modo de respuesta, Heber admitió y ratificó el énfasis en las obras viales: “Acá se habla de un plan estratégico para el fortalecimiento de la infraestructura vial (…), que es el gran trancazo que tenemos”. El jerarca subrayó, además, la importancia de la inversión en obra pública para generar puestos de trabajo.
Por otra parte, el legislador frenteamplista José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) destacó la ausencia en la elaboración del plan estratégico de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), pieza clave en el sistema de PPP, según establece la normativa vigente. Para Goñi, quien fue director del organismo entre 2010 y 2013, la CND sí debería incluirse, dado que “tiene las capacidades para hacer un aporte muy valioso al plan”. De hecho, el diputado blanco entiende que la agencia centralizadora de proyectos de PPP “debería ser la CND porque es quien tiene las competencias, capacidades y facultades de agencia de infraestructura”.
En respuesta, Heber fundamentó la ausencia de la CND en base a una lógica de simplificación: “Si metemos a la CND, después a la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto] y al Ministerio de Vivienda, estamos en lo que estamos: necesitamos permisos ambientales previos y un montón de cosas. (…) Nos enredamos entre papeles”. Sala de Redacción intentó comunicarse con el presidente de la CND, Miguel Loinaz Ramos, pero “por el momento no está concediendo entrevistas”.
Tan solo el primer paso
El régimen de PPP ya había sido materia de discusión a la interna de la coalición multicolor. En el acuerdo Compromiso por el país, previo al balotage de noviembre de 2019, los partidos políticos firmantes se comprometieron a “modificar el régimen de PPP, con el fin de reducir plazos legales, eliminar superposiciones y costos burocráticos, aumentar los atractivos para invertir e incentivar un desempeño más ágil de los actores involucrados”. En principio, esto es compartido por la bancada del FA. De todas formas, el contenido de la LUC al respecto aún no implica transformaciones sustanciales y definitivas.
Según datos del MEF, actualmente hay 13 proyectos de PPP en curso a lo largo y ancho del país. Estos representan una inversión total de 1.942 millones de dólares. En el área de infraestructura vial sobresale la construcción del Ferrocarril Central entre Paso de los Toros y Montevideo, con un costo aproximado de 840 millones de dólares. En tanto, en el área de infraestructura social cuatro proyectos se dividen la edificación de más de 200 centros educativos -jardines de infantes, escuelas y liceos-, por un monto aproximado de 300 millones de dólares.
De antemano Entre los 502 artículos del proyecto de LUC, el 351 faculta al Poder Ejecutivo a “solicitar asistencia técnica a organismos internacionales” para el diseño de un eventual plan estratégico de infraestructura. Si bien el articulado todavía no ha sido sometido a votación, el MTOP ya contactó al Banco de Desarrollo de América Latina para coordinar una auditoría externa. Así lo informó Heber ante la comisión especial del Parlamento para el estudio de la LUC: “No soy un técnico en la materia. (…) Quiero venir con un respaldo técnico que me diga: ‘Estas son las evaluaciones de las rutas, esta es la intervención y este es el plan’”, fundamentó. |