Uruguay registra un aumento sostenido de la población privada de libertad, de acuerdo al último informe anual elaborado por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario. Esta tendencia es preocupante, pero aún más si se analiza que el crecimiento tiene un marcado perfil juvenil (2 de cada 3 presos tiene menos de 35 años) y femenino: mientras que en varones la población creció en 2022 un 5.2% respecto de 2021, en mujeres lo hizo en un 13%. La feminización del delito, fundamentalmente vinculada al microtráfico de estupefacientes, es un fenómeno mundial y Uruguay no escapa a esa realidad.
Pero pese a que el sistema se basa en el encierro como principal medida punitiva, hay quienes han encontrado una ruta de escape, haciendo de ese proceso un camino de oportunidades y crecimiento. Shirley Barboza está privada de libertad y actualmente cumple su condena en la Unidad N° 5 (Femenina) de Montevideo. Tiene autorización para hacer salidas transitorias los fines de semana y ese tiempo lo aprovecha para estar con su familia. Y cuando está “afuera”, también es el momento para hacer otras actividades que despiertan su interés. Un sábado por la mañana, en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y durante un taller sobre el derecho a la comunicación y la libertad de expresión de las mujeres privadas de libertad, se levantó y se presentó: “Soy una PPL, una persona privada de libertad, y quiero hablar de nosotras en primera persona”.
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De las más de 1.000 mujeres privadas de libertad en Uruguay, Shirley es una de las 300 que estudian en las aulas universitarias que funcionan dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación. Esta iniciativa le da la oportunidad a las personas privadas de libertad de iniciar o continuar sus estudios, en especial en el ámbito de la Universidad de la República (Udelar), pero también en universidades privadas. El portafolio de carreras es amplio y contiene tanto carreras de grado como cursos cortos que permiten una formación rápida para una posterior inserción laboral.
De acuerdo al informe del Comisionado Parlamentario, el 24,7% de las personas privadas de libertad realizaron alguna actividad de educación formal en 2022, casi 600 personas más que en 2021, fundamentalmente de las unidades N°5 y N°9, ambas femeninas. Entre las unidades penitenciarias del interior del país, la N°19 de Florida y la N°10 de San José son las que tienen mejor índice de escolarización, en el entorno del 70%.
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Shirley está estudiando tres carreras, Enfermería, Trabajo social y Registros médicos: “Cuando estuve en Florida, me decidí a estudiar, yo soy emprendedora y no podía estar quieta”. Al comienzo no tenía las facilidades de ahora. “Mi hijo me regaló una tablet con chip y me hizo un contrato de internet”, cuenta; así empezó a estudiar de manera virtual durante la pandemia de covid-19.
En aquel momento, si había exámenes los sábados y no tenían transitoria, no podían asistir. Tampoco si las actividades eran fuera del horario que tenían permitido para volver a la unidad. “Yo antes tenía permitido salir de miércoles a domingo, eran los días para estar con mi familia, pero de miércoles a viernes yo me enfocaba en estudiar y los usaba para ir a la facultad. A pesar de que yo iba con mi tutela a todos lados, alguien me denunció con el juez y me recortaron los días”, relata.
Pero nada de eso la ha detenido. Culminó su preparación del primer módulo como tutora de estudiantes universitarios privados de libertad y ahora está haciendo las prácticas, que realiza dentro de la cárcel, una formación que brinda el Programa de Respaldo al Aprendizaje (Progresa) de la Udelar.
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Progresa tiene como objetivo la democratización de la enseñanza superior, y para eso genera estrategias de intervención que promuevan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes universitarios. Entre sus líneas de acción están la difusión de la oferta universitaria, talleres y cursos introductorios, la formación de tutores, el trabajo en redes y la formación de docentes. El 24 de noviembre, el equipo coordinador de Progresa presentó los resultados del proyecto “Trayectorias educativas en estudiantes de Udelar en privación de libertad”, en el que se destacó la importancia que tiene el rol de los tutores de pares. Por un lado, son parte de una estrategia de aprendizaje colaborativo en la que se adquieren nuevas capacidades y se construyen vínculos sociales. Por otro, representa una herramienta de valor para esta población, ya que suman una motivación y entusiasmo por el estudio. Según la investigación, el 80% de los estudiantes universitarios privados de libertad relataron que tuvieron un tutor en su proceso de aprendizaje.
Dice Shirley: “A veces cierro mis ojos y me imagino que los barrotes son lápices. Tengo que ir con custodia a estudiar, como que soy peligrosa, pero mi arma es estudiar”.
