Desde el final de la dictadura cívico-militar en 1985 se han puesto a consideración 13 plebiscitos y tres referéndums, pero sólo seis consiguieron los votos necesarios: el plebiscito para realizar una reforma jubilatoria en 1989 en simultáneo con las elecciones nacionales; el referéndum para anular la Ley de Empresas Públicas en 1992; el plebiscito de 1994 para prohibir la alteración del valor de pensiones y jubilaciones mediante rendiciones de cuentas; el plebiscito de 2003 para reformar el sistema electoral en 1996; el referéndum de 2003 para derogar la ley de ANCAP; y el plebiscito del agua en 2004.
En tanto, desde que el Frente Amplio (FA) asumió el poder en 2005, se han impulsado cuatro plebiscitos: para anular la ley de Caducidad (2009), para habilitar el voto epistolar (2009), para bajar la edad de imputabilidad (2014) y “Vivir Sin Miedo” (2019). Ninguno fue aprobado pero los dos plebiscitos en materia de seguridad tuvieron entre el 46 y el 47 por ciento de aprobación.
Según el politólogo Gabriel Delacoste, los plebiscitos sirven para “controlar al gobierno” y en el sistema uruguayo se los ha promovido como forma de oposición a las políticas gubernamentales. Delacoste añadió que en la década de los noventa, con gobiernos blancos y colorados, “muchos de los plebiscitos fueron contra privatizaciones”, mientras que, desde que el FA está en el poder, los plebiscitos promovieron “lo que la derecha hubiese hecho si hubiera estado en el gobierno”.
En Uruguay, tanto los plebiscitos impulsados por organizaciones de jubilados como los propuestos para evitar la privatización de las empresas públicas, fueron aprobados. En cambio, los plebiscitos y referéndums fomentados por el sistema político y los centrados en materia de seguridad no prosperaron.
Las razones detrás del no
Para Delacoste es un “suceso político muy importante” que ni la reforma “Vivir sin Miedo” ni la baja de la edad de imputabilidad se hayan aprobado. El politólogo comentó que hay una creencia de que “el clamor popular híper mayoritario es que todo el mundo quiere más penas”, cuando, finalmente, eso no se vio en las urnas. Asimismo, expresó que “una gran parte de los políticos en Uruguay están convencidos de que subir penas es algo popular”. Por el contrario, Delacoste considera que “la gente sabe lo que está votando y no votó a favor porque esa no es la respuesta”.
“Evidentemente hay un gran porcentaje de gente, cercano a la mitad, que está a favor de este tipo de cuestiones, tanto de la baja de la edad de imputabilidad como de varias de las iniciativas que incluye “Vivir sin Miedo”, pero también es claro que, a pesar de haber sido uno de los principales temas de la campaña electoral y el principal tema de cobertura mediática, eso no se tradujo en una mayoría”, comentó, e invitó a la reflexión sobre cuál es el mensaje que la ciudadanía manifestó con el rechazo a estas políticas. De todos modos, indicó que “la votación no dice qué es lo que hay que hacer”, por lo que es “necesaria más investigación, más reflexión y más política”.
Aunque el problema en seguridad es “evidente” debido al gran apoyo de las iniciativas, para Delacoste el público mayoritario quiere medidas diferentes a las planteadas en los plebiscitos. “Cuando a la gente se le dice firmá por más seguridad, la gente firma, pero cuando se explicó que la reforma implicaba cadena perpetua, militares en la calle y allanamientos nocturnos, la gente dijo que no”, comentó.
Lo viejo y lo nuevo
Aunque la reforma de “Vivir sin Miedo” fue rechazada, varios puntos de la misma figuraban en el borrador del acuerdo de gobierno de la coalición, por lo que Delacoste afirma que “hay sectores que la siguen queriendo”.
“La cuestión militar en Uruguay y en América Latina es totalmente central. Eso tiene que ver con la dictadura, no es menor que en este país los militares gobernaron por 13 años, es una institución muy poderosa y que tiene poder territorial”, explicó, en referencia a la popularidad en el interior del país de la reforma impulsada por Jorge Larrañaga y al gran porcentaje de votación conseguido en poco tiempo por Cabildo Abierto (CA), partido liderado por el ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.
“Hay departamentos en los que el cuartel es una institución muy importante”, afirmó, y agregó que “durante los gobiernos del FA no ha habido una voluntad de hacer una intervención que remueva los elementos de ideología ultraderechista del Ejército, que es lo que hoy aparece”. A su vez, planteó que Manini tuvo un gran apoyo de la corporación militar, pero que eso no explica todos los votos obtenidos.
“Tiene una espalda electoral que viene de haber sido jefe del Ejército, que no es un cargo menor, pero por otro lado, vota muy bien en la frontera con Brasil, lo que me hace pensar que quizás” haya influido la propaganda política brasileña en Uruguay. Añadió que otro punto importante para comprender su popularidad es el discurso artiguista “en una clave nacional popular”, que le habla a los sectores “más desfavorecidos de la sociedad” con un discurso “claro” en lugares con serios problemas económicos y sociales, como, por ejemplo, el departamento de Artigas, donde CA lanzó su campaña.
A modo de reflexión, Delacoste planteó que es interesante analizar “la matriz artiguista y popular” de CA, ya que son características de las cuales la izquierda se ha servido a lo largo de los años. Sostuvo que, si bien en términos históricos “no es nuevo ese tipo de discurso en la derecha”, sí resulta novedoso que se haya logrado articular un discurso así en la actualidad, luego de años “en los que la izquierda se ha asociado a ese foco y la derecha a uno más neoliberal”.
Soledad Espíndola / Clara Fernández
