Bajo una tenue y persistente lluvia, miles de trabajadores públicos se movilizaron el miércoles en el Palacio Legislativo en contra del proyecto de Ley de Presupuesto del gobierno. La manifestación, con acto de cierre incluido, tuvo como complemento un paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, la Intergremial Universitaria y otras asociaciones gremiales de empleados municipales y judiciales.
“Nos esperan varios años de movilización y de lucha”, afirmó a Sala de Redacción Joselo López, secretario general de COFE, minutos antes de que iniciara la marcha, a media mañana, desde la explanada de la Universidad de la República (Udelar) hasta las inmediaciones del Parlamento. Subiendo la voz por las bombas, y cerrando los ojos por el humo, López consideró que la movilización popular “va a ir incrementándose hacia fin de año” dado que los trabajadores “estamos en medio de una situación bastante compleja”.
La tijera fue el símbolo predominante. Cualquier reclamo escrito en un cartel o grabado en una pancarta venía acompañado de una alusión gráfica a los recortes que, según los manifestantes, abundan en el proyecto de ley. El conjunto de demandas incluye también la defensa de la negociación colectiva y los puestos de trabajo, la denuncia de procesos de tercerización y privatización en el Estado y el rechazo a la Ley de Urgente Consideración (LUC), recientemente promulgada por el gobierno. Pero ninguna de ellas le restó protagonismo al presupuesto.
Austero o de recortes, quitando la grasa del músculo o dándole la espalda al pueblo, el proyecto de Ley de Presupuesto impone una discusión ideológica y también de números. De lectura inabarcable para un solo individuo, el texto de 690 artículos redactado por el Poder Ejecutivo definirá, una vez aprobado a nivel legislativo, el gasto del Estado uruguayo durante los siguientes cinco años. En el manejo de todos estos números aparece como variable el salario de los funcionarios públicos.
Cuando la torta crezca
Uniformado con un chaleco naranja flúor que lo inviste como autoridad sanitaria en la organización de la marcha, Alexis Osorio Bomio, dirigente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería (AFGAP), comentó a Sala de Redacción que el presupuesto repercutirá negativa e inmediatamente en los sueldos públicos. “En campaña electoral se prometió un recorte de 900 millones de dólares, y de este ajuste sobre los salarios públicos y las pasividades van a sacar alrededor de 200 millones de dólares”, dijo Osorio Bomio, y lamentó que sobre los empleados estatales pese una carga desconocida para ciertos actores de la economía nacional.
En pocas palabras, el proyecto de ley fija una nueva forma de calcular los salarios estatales. Según la normativa vigente, cada enero los funcionarios públicos reciben un ajuste por la inflación proyectada -esto es, conforme al Índice de Precios del Consumo (IPC)- y, en cada diciembre, un correctivo por la inflación efectivamente registrada. El sueldo, por lo tanto, se determina en base a la inflación. Sin negociación colectiva de por medio, la ley presupuestal modifica este escenario y establece como nuevo criterio el Índice Medio de Salarios Real del Gobierno Central.
La pauta salarial del sector público está recogida en el artículo 4, que, además del cambio de índices, dictamina que durante 2021 los trabajadores estatales pierdan poder adquisitivo. No obstante, promete, a partir de 2022, emprender un camino de recuperación “de manera tal que al finalizar la vigencia de este Presupuesto, el nivel de salario real no haya sufrido deterioro”. El compromiso, ratificado públicamente por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, debería cumplirse antes de enero de 2024.
Ni la redacción del artículo ni las declaraciones de Arbeleche convencen a los manifestantes. Para Joselo López, el proyecto consagra una rebaja salarial durante cinco años, lo que “implica una situación muy compleja para la totalidad de los funcionarios públicos”. En tanto, el presidente de COFE, Martín Pereira, aseguró en Televisión Nacional de Uruguay (TNU) que, de no cambiarse el Índice Medio de Salarios por el IPC, se configuraría “una pérdida salarial que puede ir entre 4 y 6% [del salario]” a lo largo del próximo quinquenio.
Poco apego a la evaluación médica
Con sus compañeros cortando el tránsito a sus espaldas, y ultimando los preparativos para unirse al resto de los sindicatos en la explanada universitaria, Osorio Bomio señaló que la movilización excede el tema presupuestal: “Hoy lo que nos nuclea y nos saca a la calle es el presupuesto, pero venimos acumulando un montón de problemas que también se reflejan en la LUC y en el decreto 90/20 [de austeridad fiscal]”. Ambas normativas ponen “bajo la lupa” determinados “derechos conquistados” por los trabajadores; y el plan presupuestal también aporta lo suyo.
En efecto, el artículo 28 del proyecto de ley dispone que los empleados públicos “no tendrán derecho a percibir retribución alguna por un período de hasta tres días desde el comienzo de cada licencia por enfermedad o accidente”. Luego, a partir del cuarto día, sí tendrían derecho a cobrar un subsidio, aunque equivalente al 75% de su salario. Dicho período de 72 horas de incubación y sospechas no corre para los magistrados del Poder Judicial, diplomáticos y otras excepciones.
Según Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, “el ausentismo es enorme”. En conversación con Telemundo, el jerarca explicó que la medida procura generar en el sector público “los incentivos del sector privado para disminuir el grado de ausentismo” y así eliminar el uso excesivo de certificaciones médicas.
Desde COFE, la iniciativa es vista como una declaración de incompetencia por parte del Estado para ejercer controles. Asimismo, advierten que el carácter general de la medida hace que paguen todos por igual por algunos casos de abusos. Según dijo Pereira a TNU, “al trabajador que abusa mintiendo en la certificación médica o trabaja en el sector privado mientras está certificado en el sector público hay que cesarlo inmediatamente. No hay que andar con medias tintas”.
Como si no hubieran ayudado en pandemia
Junto a COFE, estudiantes y docentes de la educación pública también estuvieron en la calle en contra de la Ley de Presupuesto. Al pie de la escalera de la Udelar, un grupo atrae la atención con túnicas blancas y valijas. De un modo simple pero contundente, estudiantes e investigadores científicos adelantan lo que sucedería a mediano plazo en caso de mantenerse el recorte presupuestal a la ciencia: más científicos uruguayos se irían a trabajar al exterior.
En diálogo con Sala de Redacción, Matías Preza, delegado estudiantil del área biología del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba), describió algunas de las consecuencias del ajuste presupuestal a la ciencia. En materia de educación, “va a evitar que se puedan seguir haciendo carreras en diferentes lugares; como por ejemplo, en el interior del país. Esto te quita un montón de igualdad y hace que solo unos pocos puedan estudiar”.
En el área de investigación, Preza advirtió que “lo que va a ocurrir es que terminaremos formando a un montón de estudiantes, que van a estar capacitados para trabajar para el país, pero no van a tener puestos de trabajo y, por lo tanto, se van a tener que ir de acá”. Para evitar la salida de científicos, agregó Preza, ni siquiera sería suficiente mantener el mismo presupuesto, sino que “necesitamos más”.
Poca esperanza
Al margen de las opiniones sobre el alcance del Estado, los indicadores económicos, los “incentivos” del mercado y los certificados médicos, hay consenso acerca de que la Ley de Presupuesto propone una reforma estructural del Estado. Se trata de una reforma que va en sintonía con la decisión de renovar solo un tercio de las vacantes de la administración pública, plasmada en el decreto de austeridad firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al inicio de su mandato.
“La verdad es que la coalición de gobierno está bastante cerrada, pero no hay peor gestión que la que no se hace. Y la lucha paga”, respondió López acerca de la posibilidad de que los reclamos populares sean atendidos durante el tratamiento parlamentario de la ley presupuestal, que ya cuenta con media sanción. El dirigente de COFE destacó que hay que “dejar todo en la cancha para torcer la voluntad que está planteando el Poder Ejecutivo”.
En cambio, Osorio Bomio opinó que todavía “se está a tiempo” y que eventualmente podría “abrirse alguna arista para plantear problemas”, aunque, al igual que López, subrayó que “hay poca demostración de diálogo” desde el gobierno. Por su parte, Preza afirmó que la discusión en el Parlamento “no despierta expectativas muy alentadoras”. Sin embargo, remarcó que hay “que seguir luchando”, endurecer las medidas y “mostrarse en las calles para que toda la población sepa qué pasa”.
La suerte de los reclamos de los manifestantes dependerá de las modificaciones que puedan negociarse durante el tratamiento del proyecto en el Senado, donde la coalición gobernante es mayoría. Lo público compartirá espacio con otros temas polémicos del articulado, como la desmonopolización de combustibles en los puertos y la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), entre otros. Luego de su aprobación en Diputados, el proyecto de ley ingresó a la Cámara de Senadores el 19 de octubre y marca, como máximo, 45 días para ser aprobado.
