“Una sociedad que apoya su cine es una sociedad sabia”, fue parte del mensaje que el director Martin Scorsese dio a Uruguay en 2016, cuando Cinemateca estaba atravesando problemas económicos. “Sigan apoyándolo, su cine, a sus autores”, finalizó. Hoy, a seis años de aquel mensaje, el cine uruguayo -no sólo Cinemateca- vuelve a atravesar tiempos inciertos en materia de políticas públicas para su desarrollo. El proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento elimina casi todos los artículos de la ley de cine, de 2008, que creó el Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual del Uruguay (INCAU) y, en su lugar, se crea una Agencia Nacional Audiovisual (Anua).
El articulado, que ya tiene media sanción, fue aprobado el 29 de setiembre por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado y este lunes se empezó a votar en el plenario de la Cámara. Desde que se conoció esta eliminación de los artículos hubo diversas opiniones sobre lo que esta modificación significaría para el cine uruguayo.
Cuando el proyecto estaba en la Cámara de Diputados, Sala de Redacción dialogó con Javier Palleiro, presidente de Directores y Guionistas del Uruguay (DGU), quien señaló que la definición de contenido de audiovisual del proyecto sustituye la denominación “obra cinematográfica nacional”, que está en la ley de cine vigente. La nueva definición entiende por contenido audiovisual a “cualquier material que pueda ser exhibido en una pantalla, sea a través de salas de cines, tecnologías móviles; plataformas de televisión abierta, VOD [video on demand o video bajo demanda], gaming o cualquier creada o por crearse”. Por lo tanto, según explicó Palleiro, cualquier cosa que aparezca dentro de una pantalla estaría comprendida dentro de esta agencia.
La definición le pareció “relevante” a Palleiro, debido a que es algo a lo que “no están acostumbrados”, expresó. “Hasta ahora el Instituto de Cine se encargaba de la obra, entonces, en este caso, pasaríamos a compartir el organismo con otras artes cercanas y con otras no tan cercanas, como los videojuegos”, explicó el presidente de DGU.
Palleiro expresó que su organización mantuvo una reunión con Mariana Wainstein, la directora nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. En dicha reunión, le plantearon su visión acerca de la nueva redacción. “Nuestra necesidad es que, junto con el crecimiento de la industria audiovisual que hay hoy en Uruguay, haya un crecimiento que lo acompañe en lo autoral y cultural”, planteó Palleiro, y explicitó la importancia de “que no haya solamente producciones del extranjero que vienen con su director, su showrunner y sus guionistas, sino que eso pueda también afectar positivamente a directores y guionistas uruguayos”, completó.
Guillermo Rocamora, de la Asociación de Productores y Realizadores del Cine de Uruguay (Asoprod), coincidió con Palleiro sobre lo “interesante” de la definición. “Crear una agencia tiene la intención de hacer crecer el sector y para hacer crecer al sector hay que incluir otras cosas”, dijo Rocamora. Aclaró que esta inclusión le genera “miedo” sobre el sector del cine, pero aclaró que “una cosa” es que le dé “miedo” a él y “otra cosa es que esté mal”. “A veces se confunde en el discurso lo que a uno le da miedo y lo que está mal”, expresó.
Reacciones
Cuando se aprobó el articulado en la Cámara de Diputados, Asoprod emitió un comunicado en el que expresó su “disconformidad” con el texto votado. De ser aprobado definitivamente, adelantó la organización, “se afectará seriamente la producción cinematográfica nacional que ha traído grandes beneficios para el país desde hace más de dos décadas”.
Cuando se dio a conocer el nuevo proyecto, Gremio Cine, que nuclea a trabajadoras y trabajadores del cine y audiovisual, expresó a través de su cuenta de Instagram su rechazo a las modificaciones de la ley y puso en tela de juicio “la existencia y la supervivencia” del cine nacional en el diseño propuesto por el Ejecutivo que, a su entender, pone al cine “en peligro”. Asimismo, en otro comunicado, el gremio dijo que el articulado es un Frankestein: “Sobre una mesa se construye una cosa desarticulada y media inerte, con pedacitos traídos de acá y de allá, pero no como propuesta discutida y consensuada, y eso particularmente le ha puesto la costura final al engendro”. De esta forma, el gremio también reclamó por la poca participación que tuvieron los sectores del audiovisual en la redacción de los nuevos artículos.
Según Daniel Fernández, de Gremio Cine, uno de los reclamos principales de la asociación es que no se modifique la ley de cine y, por lo tanto, que no se elimine el INCAU, aunque “tenga problemas”. El fundamento de este pedido está en que si se modifica la ley “se elimina la política pública con respecto al cine y al audiovisual”, opinó. Fernández agregó que con los cambios propuestos en la Rendición Cuentas se sustituye al Consejo Asesor Honorario del INCAU, en el que participan diversas organizaciones, entre ellas Gremio Cine, que tienen, según Fernández, “capacidad de análisis, balance y aprobación de planes”. La sustitución se hace “por una mesa consultiva que se llamará cuando ellos quieran, o no se llamará; a nosotros nos eliminan de la mesa consultiva”, lamentó.
Rocamora coincide con Fernández al expresar que uno de los “problemas” del nuevo articulado es la “discrecionalidad política”. “Ese es el gran mal que vemos. Nosotros seguimos viendo a la agencia como una oportunidad de crecer para el sector, pero creada de esta manera da mucho libre albedrío a la voluntad política”, expresó Rocamora. Ante la pregunta de cómo podría afectar al cine nacional la creación de una agencia del audiovisual, el director respondió que “nadie sabe”. “Ni los más escépticos o los más enojados, ni los más ilusionistas ni optimistas sabemos, porque depende de cómo se use la herramienta”, reveló.
En la última versión del proyecto que se votó en comisión del Senado, el artículo 431 designa un Consejo Directivo integrado por un presidente nombrado por el Poder Ejecutivo, un delegado del Ministerio de Educación y Cultura, un delegado del Ministerio de Industria, Energía y Minería, un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, y por último, un delegado de las organizaciones representativas del sector del cine y el audiovisual. A su vez, la agencia también contará con una Mesa Consultiva -a la que hacía alusión Fernández- que, entre sus representantes, tiene que haber dos personas representantes de directores, productores, guionistas, técnicos, actores, exhibidores, distribuidores cinematográficos y desarrolladores de videojuegos del Uruguay.
Por otra parte, Rocamora discrepa con que que “están atropellando todo”, como plantea Gremio Cine. Cree que “hay menos garantías en el sentido de la voluntad política” y de lo que los que lleguen a estar en la agencia puedan hacer, pero dice que “no es real que están atropellando el cine nacional”. De hecho, Rocamora dice que el gobierno actual es el que “más guita le ha dado” a través del Programa Uruguay Audiovisual (PUA), que se creó “con una pata nacional y otra pata de servicios”, inidicó.
El PUA fue creado a fines de 2020 con el objetivo de duplicar las exportaciones de producciones nacionales. Consiste en la devolución de un porcentaje del gasto que se realiza en el país, que varía en función del tamaño de la producción. El objetivo de esta implementación, según el sitio web del INCAU, es “atraer producciones internacionales y la coproducción de realizaciones nacionales con inversores del exterior”. El apoyo “incluye incentivos para la producción de comerciales en Uruguay, actividad donde nuestro país tiene amplia trayectoria” y otros productos audiovisuales, aparte de la obra cinematográfica.
“Este gobierno no solo creó y mantuvo [al PUA] sino que lo aumentó. Yo no soy de derecha, pero tampoco leo la realidad con mi óptica política porque sino me parecería muy triste y me privaría de leerla mejor”, expresó Rocamora. “Los PUA, que hoy son una quimera, y está a voluntad del presidente si los saca o no, son una prueba piloto y quedaría establecido como un programa que depende de una agencia, entonces, ahí hay una transformación positiva”, consideró.
Desde DGU, Palleiro hizo referencia al futuro del cine como “incierto” y sostuvo que puede ser “positivo” o “negativo”, según el camino que se tome en la votación del articulado que finalizará este viernes. “Nosotros queremos asegurarnos modificando algunas partes de esta Rendición de Cuentas, que haya una base que por lo menos iguale la situación actual y que esté la puerta abierta para que mejore y surjan nuevas fuentes de financiación”.
El fomento para fomento
La ley de cine tiene once artículos y el proyecto de Rendición de Cuentas intenta derogar nueve de ellos; los que quedan son únicamente los artículos 7 y 9. El artículo 9 es el que faculta al Ejecutivo a exonerar de gravámenes aduaneros y de impuestos “que gravan las operaciones de importación o se aplican en ocasión de la misma, así como de aquellos que graven el tránsito, exportación, salida o admisión temporaria de películas y demás audiovisuales de producción nacional o coproducidos con otros países”.
El otro artículo que se mantiene es el que crea el Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual, que “priorizará el apoyo al desarrollo y la producción de proyectos cinematográficos y audiovisuales”. Sin embargo, hay modificaciones. Una de ellas es que la ley actual da una partida anual de 25.000.000 de pesos para nutrir al Fondo de Fomento, que en el nuevo articulado desaparece. En su lugar, se asignan partidas “presupuestales fijadas por ley” y no se especifica qué se va a financiar con ese dinero.
Palleiro explicó que en la ley de cine que hoy está funcionando existen fondos que se asignan para fomentar la obra cinematográfica nacional, y que se utilizan “casi en su totalidad para fomentar obra nacional”. “Esos fondos desaparecen y se crea un nuevo fondo que [consiste] en un monto de 54 millones de pesos, los que no se asegura que sean para fomentar la obra nacional”. Palleiro agregó que en la redacción de la ley no existe una división de fondos en cuanto al cine nacional y a la producción de obras extranjeras.
“Calculando a grosso modo, en una agencia que va a tener un costo de funcionamiento de un millón de dólares anual, tendría que utilizar prácticamente todo ese fondo solo para funcionar”, dice Palleiro. “Por lo tanto, nuestro gran reclamo es que aparezca una partida de dinero específica para funcionamiento, así no se toca el Fondo de Fomento, y que este fondo utilice por completo los 54 millones de pesos”, finalizó Palleiro.
Si bien puede haber posturas discordantes en cuanto a la creación de una agencia audiovisual y la eliminación del INCAU, algo en lo que Palleiro, Rocamora y Fernández están de acuerdo es en que tiene que especificarse para qué se van a utilizar los 54 millones de pesos y que se asegure una partida fija para el financiamiento de la obra nacional. Esta asignación, según el nuevo articulado que ya tiene media sanción, se ajustará anualmente.
“Yo quiero garantizar que el Fondo de Fomento siga igual e idéntico, porque si no pasa eso, creo que perdemos garantías y autonomía”, dijo Rocamora.
Fernández se refirió al aspecto cultural del asunto y dijo que “la cultura es uno de los motores principales de los países”. “Por más que hagas plata, que haya un grupo que haga plata y que todos laburemos mucho, vamos a trabajar con las multinacionales”, afirmó, y cuestionó: “Estos nos vienen a contar nuestras historias, entonces, ¿dónde está la identidad?”.
