El camino es el derecho

“Ricardo, no lo puedo creer”, lamentaba conmovido un vecino mientras veía cómo se colocaba un portón en el único camino que permite ingresar a Puerto Platero. La portera tenía un mensaje claro: “Prohibido pasar”. En esas dos palabras se desvanecían las esperanzas de este hombre que solo buscaba llegar al lugar donde descansan en paz las cenizas de su padre.

En 1928 fue construído un muelle en las costas de Colonia con el objetivo de transportar arena de médanos costeros para la industria de la construcción en Buenos Aires. El empresario Enrique Platero fue un visionario de este negocio, que creció al punto de superar las 100 personas trabajando en el muelle. El personal formó sus familias en el entorno del puerto y echó raíces a orillas del Río de la Plata, hasta formar una comunidad denominada Puerto Platero.

Hacia 1950 se acabó el negocio de las areneras con Argentina, el puerto dejó de funcionar y la zona se despobló. Al día de hoy persiste el casco de la estancia, las ruinas de la casa de Prefectura, una escuelita rural y la estructura del muelle con partes de la maquinaria que se usaba en aquel entonces. Se transformó en un lugar común para la gente que quería contactar con la naturaleza y para los pescadores que encontraron allí un muelle para tirar la caña, alejado de los balnearios más concurridos de la zona como Artilleros y Santa Ana.

Un mojón en la historia

En agosto de 2022, un vecino buscó acceder al puerto a través del único camino vecinal que une la ruta 1 con ese punto de la costa del Río de la Plata. Sin embargo, se encontró con un portón gigante de madera que atravesaba todo el camino y sostenía carteles con órdenes muy claras: “Prohibido el paso”, “Propiedad privada”, “Pare”. La noticia comenzó a circular y un vecino del balneario El Ensueño, abogado y ex edil departamental por el Frente Amplio (FA), Ricardo Aranda, concurrió hasta la portera y grabó un video para sus redes sociales que hizo aún más pública esta situación. 

A partir de allí, Aranda y otros vecinos indignados con el cierre del camino, formaron el colectivo “Puerto Platero, Puerto de Todos”. Se organizaron manifestaciones pacíficas en el lugar y se recolectaron más de 1500 firmas para la liberación de Puerto Platero, que fueron presentadas en la Intendencia de Colonia para que vele por el interés público. Aranda dialogó con Sala de Redacción y expresó que el del puerto “es un tema de interés nacional. Para los intereses de los vecinos está muy muy fea la cosa, porque está cerrado lo que hasta hace poco estaba abierto”. El colectivo está formado por unas 25 personas que participan activamente de las actividades organizadas. Además, fueron más de 200 personas las que concurrieron a la primera asamblea que se realizó por esta causa.

Primeramente, los propietarios del predio, Sofía Corina Rodríguez y Juan Francisco Rodríguez, realizaron denuncias ante los reiterados campamentos de pescadores que dejan basura y talan árboles en el monte. Los dueños del campo buscaron asesoramiento legal y contrataron al abogado Julio Basanta, quien es también edil departamental por el Partido Nacional (PN). Basanta dijo a Sala de Redacción que estas personas “habían convertido eso en un cantegril, iban con una motosierra y se llevaban camiones de leña”. Además, subrayó que los propietarios se cansaron del abuso de la gente.

Ante la dimensión que tomó el asunto, la Intendencia de Colonia decidió tomar acciones legales y dio comienzo a un juicio civil para que se habilite el acceso a la playa, en noviembre de 2022. Aunque en primera instancia, el Juzgado de Paz de Juan Lacaze no dio lugar al reclamo iniciado por la Intendencia, la comuna apeló la decisión y obtuvo un fallo favorable en julio de este año; el propietario fue intimado con el retiro de la portera. Sin embargo, el juez de paz a cargo del caso expidió una sentencia donde dice que esa intimación no es obligatoria, por lo que solicitó a la Intendencia que promueva un juicio ordinario y que allí se dirima si este camino es público o es privado. 

El juicio aún no comenzó y el caso será transferido al juzgado letrado de Rosario. “Es un juicio para dos o tres años”, destacó Basanta. Por su parte, Aranda, agregó que el colectivo aportará 25 testigos que vivieron en el lugar y pueden dar crédito del uso público de este camino.

Un caso de debate

Sobre los propietarios, el abogado defensor comentó que “están muy contrariados con todo esto porque ellos fueron muy flexibles y tolerantes”. Basanta señaló que se está discutiendo una propiedad que la familia tiene desde 1875, aludiendo que “la cosa ya pasó de castaño a oscuro”. Aranda argumenta que los derechos de los ciudadanos sobre el acceso a las costas están en la Ley de Ordenamiento Territorial N° 19772. En el artículo 4 de esta ley, la misma establece “los efectos de promover la calidad de vida de la población, la integración social, el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales, constituyen objetivos de la presente ley: (…) D: La accesibilidad y uso público de las playas y costas en general”. El ex edil departamental por el Frente Amplio sentencia que estos derechos no deben ser negociados con el privado. “No es que uno va a pedirle una dádiva”, subrayó.

Tanto Aranda como Basanta coincidieron en que se están discutiendo cosas distintas. Por un lado, la propiedad del camino, que es el motivo del juicio entre la Intendencia y el propietario del terreno, y por otro, el acceso a las costas, estandarte del colectivo “Puerto Platero, Puerto de Todos”. “Acá se confunde el uso con la propiedad” manifestó el abogado de los propietarios y  afirmó que las costas son de uso público, como reclama el colectivo, pero sostuvo que “pasar por una propiedad privada para ir a la costa y decir todavía que ese camino es tuyo es otra cosa”. 

Por  su parte, Aranda argumentó que los argumentos de la defensa “son de juguete”, puesto que, ante los daños realizados en la propiedad privada por terceros,  existen otros organismos en los cuales realizar las denuncias correspondientes antes que privar el uso del camino. Si se quiere acceder a través de la playa hay que caminar cinco kilómetros por la costa, lo que limita quiénes pueden llegar,explicaron los vecinos. “Es el único camino de acceso a la costa”, dijo Aranda. Además, el camino fue de uso público por más de 70 años.

Esto no termina acá

Por la dimensión pública que tuvo el caso, “hay mucha gente que está pendiente de esto”, destacó Basanta. El abogado mencionó que otros clientes lo han llamado, ya que viven situaciones similares en sus propios terrenos y se están replanteando si deben dar libre acceso a cualquier persona. “Que vos dejes entrar gente a tu campo no quiere decir que pierda la propiedad”, argumentó Basanta.

Por su parte, la Intendencia realizó un relevamiento de 22 caminos que dan acceso a las costas de Colonia. Sin embargo, esta información hasta el momento no es de uso público, aunque el colectivo solicitó que se divulgue. Ricardo Aranda agregó que seis de estos 22 caminos no están abiertos para transitar actualmente. En caso de que el juicio sea desfavorable para la comuna, el ex edil departamental por el FA dijo que la Intendencia tiene todos los instrumentos para expropiar el camino o hacer un trazado alternativo.

Además, Ricardo Aranda mantuvo una reunión en los últimos días con el subsecretario del ministro de Ambiente, Gerardo Amarilla, por esta situación. Desde el colectivo buscan establecer una reunión en la zona con los técnicos del ministerio para plantear esta problemática. Aranda manifestó que Amarilla se interesó en el tema y dijo que eran competencias compartidas entre el ministerio y la intendencia.