Uruguay ha alcanzado un hito: el 98% de su energía proviene de fuentes renovables, lo que representa un ahorro de más de 500 millones de dólares en el presupuesto nacional de acuerdo con los datos publicados por el Foro Económico Mundial. Este éxito no ha pasado desapercibido a nivel internacional, con nuestro país entre aquellos con mayor participación de energías renovables en su consumo total de energía: Uruguay se ubica entre los diez primeros a nivel global y es uno de tres países sudamericanos en alcanzar este resultado. Sin embargo, el exdirector de UTE Enrique Pées Boz y el sindicato coinciden en que los contratos para energías renovables imponen ‘cifras irracionales’ a los usuarios, sin reflejarse en tarifas más justas para los clientes residenciales.
En 2020, Uruguay se posicionó en el séptimo lugar mundial por su participación de energías renovables en el consumo total. Entre 2017 y 2020 representaron alrededor del 97% del “mix eléctrico” del país, a raíz de una inversión de más de 8 millones de dólares en la última década, según la Red de Política de Energía Renovable para el Siglo XXI.
El reconocimiento de Uruguay en la región va en aumento, e impulsado por su compromiso con la transición energética, hace que se posicione como un referente en Sudamérica. Además, el país ha compartido su experiencia con países vecinos, al promover la cooperación regional en materia de sostenibilidad y energías limpias. En 2021, la electricidad renovable fue el sexto producto más exportado, algo que contribuyó a la economía del país y a la seguridad energética regional, al haber exportado 2200 MW de electricidad a Brasil y 627 MW a Argentina.
Este logro es el resultado de una política energética sostenida durante más de una década, que ha permitido a Uruguay reducir drásticamente su dependencia de los combustibles fósiles y, por ende, sus emisiones de gases de efecto invernadero. El país ha invertido considerablemente en infraestructura renovable, especialmente en la generación de energía eólica propia, que representa el 4.5% de su matriz, según datos de UTE.
Sin embargo, el modelo no está exento de desafíos. A pesar de los beneficios económicos y ambientales, existen algunas voces críticas, como la del doctor en Economía y exdirector de UTE en representación de Cabildo Abierto (CA) Enrique Pées Boz, que expresó preocupación sobre su sostenibilidad económica y argumentó que los costos de mantenimiento y las tarifas eléctricas pueden ser una carga para ciertos sectores de la población.
Consultado acerca de por qué Uruguay se encuentra dentro del top diez, el exdirector dijo a Sala de Redacción (SdR) que entre 2010 y 2012 Uruguay incrementó la incorporación de las energías renovables, tanto las eólicas como las fotovoltaicas y la biomasa. “Antes de la incorporación de las nuevas energías renovables, ya contábamos con las represas hidroeléctricas. Si sumamos la producción hidroeléctrica a la de las nuevas energías renovables, en ciertos momentos hemos alcanzado cerca del 100% de la producción diaria. Esa es, en parte, la razón por la cual consideramos que pertenecemos a ese grupo”, explicó el exjerarca.
Sin embargo, Pées Boz criticó el modelo de energías renovables adoptado por Uruguay al poner énfasis en sus repercusiones económicas. Su principal argumento se centra en el impacto financiero para los 1.600.000 usuarios de UTE. El exdirector señaló que el ente, al quedar como intermediaria entre los proveedores de energías renovables y los consumidores, enfrenta un sobrecosto que impacta en las tarifas.
Así, subrayó que el costo de estas energías renovables, adquiridas mediante contratos PPA, es “exorbitante”. Según dijo, UTE paga aproximadamente 130 dólares por un producto que, en el mercado, no supera los 30 dólares. Dicho sobreprecio se ve reflejado en las tarifas que deben abonar todos los usuarios de UTE, acusó. “Lo que cuestionamos es la repercusión económica y financiera sobre los bolsillos de 1.600.000 usuarios debido a estos contratos firmados”, afirmó Pées Boz.
Asimismo, el exdirector por CA explicó que su renuncia al directorio del ente se debió a la falta de acción efectiva respecto a estos contratos y a su desacuerdo con el decreto 242/023 de agosto de 2023, que, según él, facilita la instalación de nuevos productores de energía sin cumplir con las obligaciones de proveer una potencia firme. Según el economista este cambio beneficia a los grandes consumidores, que representan solo el 3% del total de usuarios de UTE, pero que utilizan casi el 20% de la energía, con un impacto considerable en el mercado eléctrico uruguayo. “Se tomaron iniciativas, algunas fracasaron, y otras, la mayoría del directorio, excluido quien te habla, las aprobaron, y por eso renuncié”, sintetizó.
No se aceptan privados
Por su parte, el secretario general de la Agrupación de Funcionarios de la UTE (AUTE), Jhony Saldivia, dijo en entrevista con SdR que si bien comparte la postura del exdirector, tiene “alguna diferencia con los números de los grandes consumidores”. Al hacer referencia al decreto que anteriormente mencionó Peés Boz, dijo que “deja a los generadores privados o fotovoltaicos como potencia firme” y mencionó que el mismo permite vender energía mediante un contrato a los grandes consumidores.
Esto afectará a UTE negativamente, ya que los grandes consumidores, que suelen generar mayores ingresos en el sector energético, podrían abandonar el mercado nacional administrado por el ente, lo que resultaría en pérdidas para el Estado uruguayo, resaltó.
En varias ocasiones el secretario general ha expresado su postura crítica respecto a algunos aspectos del modelo de energías renovables en Uruguay. Una de sus principales preocupaciones tiene que ver con la forma en que se ha manejado la transición hacia estas fuentes de energía, especialmente en relación con la privatización y el impacto en los trabajadores de UTE.
El dirigente también señaló que la implementación del modelo de energías renovables fue impulsada sin una planificación adecuada que considere todos los factores económicos y sociales, lo que podría llevar a problemas a largo plazo. En este contexto, Saldivia destacó: “No apoyamos la participación de tantos privados dentro del parque generador [de energía]. Este fenómeno, que comenzó con el marco regulatorio de los años ’90 y se intensificó con los proyectos de energías renovables, ha tenido un impacto significativo. Especialmente para los clientes residenciales, quienes hoy estamos pagando el costo de este cambio de matriz.”
El representante sindical cuestionó varios aspectos relacionados con la gestión del exdirector de UTE y destacó que estos contratos no son recientes. Según los representantes, pasó mucho tiempo sin que se tomara ninguna acción al respecto y fue solo hace unos meses que el director renunció, para adoptar una postura crítica sobre el tema una vez abandonado el cargo.
