Todo empezó con Pedro. El linaje político del candidato de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, se inicia con su abuelo, Pedro Manini Ríos, un político de principios del siglo XX. El primer ejemplar del linaje Manini Ríos fue uno de los dirigentes más cercanos a José Batlle y Ordóñez, ocupó lugares de importancia en el Poder Ejecutivo y fue director de el diario El Día. Cuando el principal caudillo colorado propuso sustituir la figura del presidente de la República por un Colegiado, Manini Ríos decidió romper con el batllismo y fundar su propia corriente dentro del Partido Colorado, conocida como “riverismo”. En 1917 fundó el diario La Mañana y entre 1933 y 1934, fue ministro de Hacienda de la dictadura de Gabriel Terra.
El hijo de Pedro -tío del actual candidato- es Carlos Manini Ríos, que heredó el medio fundado por su padre y supo tener una actividad política igual o mayor que la de su antepasado. Fue ministro de Óscar Gestido y -ante su muerte- de Jorge Pacheco Areco, además de embajador en Brasil durante la última dictadura cívico-militar. Tras la apertura democrática, fue ministro del Interior de Julio María Sanguinetti. Siendo parte del primer gabinete de la democracia, ordenó reprimir una manifestación de estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (IPA) en la que se encontraban dos diputados frenteamplistas. Ambos fueron detenidos. Por esto, el ministro Manini Ríos fue interpelado, pero mantuvo su cargo con la protección de Sanguinetti. De todas formas, el entonces mandatario lo cesó al año siguiente.
Años más tarde su otro sobrino, Hugo Manini Ríos, quien integró la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), grupo de ultraderecha que operó a principios de los setenta, reflotaría el matutino La Mañana ahora reconvertido en semanario.
El último eslabón
Este es el linaje de Guido Manini Ríos, puramente político y de una familia de clase media alta. Según sus propias palabras durante una entrevista en Tevé Ciudad, su familia se “sorprendió” cuando les comunicó que estaba interesado en la carrera militar, que inició en 1975 y culminó en 1978, cuando se graduó con el grado de alférez.
Alcanzó el grado de general siendo director del Hospital Militar y tejió vínculos con el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. El 1° de febrero de 2015 asumió como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Si de vínculos se trata, fue sonado su papel en el caso de los Tribunales de Honor en los que comparecieron Jorge “Pajarito” Silveira y José Nino Gavazzo, donde este último confesó haber tirado el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al Río Negro en 1973. La confesión, hecha pública por el periodista Leonardo Haberkorn y de la que en su momento el presidente de la República argumentó no tener conocimiento, terminó con la destitución de los generales responsables del Tribunal, del entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, del subsecretario, Daniel Montiel, y del propio Manini Ríos.
El 24 de setiembre, el fiscal Rodrigo Morosoli decidió imputar al candidato por la omisión de la información ante los jerarcas. Manini Ríos era el único imputado puesto que Morosoli decidió archivar los casos contra el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, los integrantes del Tribunal de Honor y los jerarcas del Ministerio de Defensa, por considerar que ninguno de ellos cometió un delito. En su dictamen, Morosoli detalló la cronología de los hechos que llevaron a la omisión de la confesión de Gavazzo durante casi un año.
Línea de tiempo
El 10 de abril de 2018, el Tribunal sesionó por tercera vez en una sala del Comando General del Ejército, “hall por medio con el despacho del comandante en Jefe del Ejército”, indica Morosoli. Allí, Gavazzo fue interrogado por la detención ilegal de varios militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en Argentina y su posterior tortura y desaparición. Luego, consultado de manera más amplia por su conocimiento sobre muertes y desapariciones de detenidos durante la dictadura, Gavazzo admitió haber tirado al Río Negro el cuerpo de Gomensoro.
Roberto Gomensoro, dirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), fue detenido en su domicilio el 12 de marzo de 1973. Según Gavazzo, “no había apuro por obtener la información”, por lo que ordenó “que lo dejaran esposado”. Al otro día, le informaron que Gomensoro “había fallecido” en su celda. Fue entonces que su superior le dijo que “no podía darse a conocer de qué había fallecido un hombre en un cuartel. Porque iban a decir que lo habíamos matado. Y no fue así. No fue así”.
“Entonces dio la orden que lo tiraran en el Río Negro, en el campo militar que hay allí, antes de la represa. Bueno. Quien tuvo que hacer eso fui… recibí la orden de hacerlo yo. Lo hice yo. Y eso es lo que le puedo decir”, añadió entonces Gavazzo. El cuerpo de Gomensoro fue encontrado unos días más tarde, el 18 de marzo de 1973, desnudo, atado con alambres y cubierto por una malla con tres piedras que permitieron su hundimiento. Su identidad se pudo confirmar recién en 2002.
La revelación de Gavazzo “sorprendió a los miembros del Tribunal, causándoles honda impresión”, indica el dictamen. En el entendido de que esta era información nueva y con una fuerte carga delictiva, recurrieron a su superior, el comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos.
Al día siguiente (11 de abril), reunidos con su superior, los generales le indicaron que este “era un tema para la Justicia Penal, lo conversamos con el comandante y le dijimos ‘esto es así’, quedó con los papeles y dijo, ‘yo me hago cargo de esto’”, indicó el presidente del Tribunal, Gustavo Fajardo.
Manini Ríos ordenó entonces suspender las actividades del Tribunal mientras estudiaba la situación. A fines de abril, sin embargo, ordenó reanudar las actividades por considerar que la confesión de Gavazzo era una “chicana” para dilatar el proceso. Según establece Morosoli en su dictamen, no hay registro documental de la primera reunión que mantuvieron los generales con Manini, ni tampoco de la orden de éste de continuar con la tarea; así como tampoco consta “que se haya efectuado denuncia penal alguna en ese momento por parte del comandante en jefe del Ejército, ni que se haya comunicado el contenido de las declaraciones de G. (Gavazzo) a las autoridades civiles del Ministerio de Defensa”.
De nuevo en funciones, los generales recibieron a otro tristemente célebre torturador, Jorge “Pajarito” Silveira. Consultado por la confesión de Gavazzo, admitió que todos los subalternos “habíamos visto que algo raro había pasado, que se había detenido a Gomensoro, le digo más, quizás hasta lo detuve yo, no tengo ni idea ni me acuerdo… murió en el Grupo de Artillería 1 y lo tiraron en el Río Negro. Todos sabíamos qué había pasado”.
En junio de 2018, Gavazzo volvió a comparecer ante el Tribunal de Honor. En ese marco, insistió en que “no se podía comprometer al Ejército en que apareciera una persona que había fallecido dentro de un cuartel”; cabe recordar que los hechos sucedieron todavía en democracia, tres meses antes del golpe de Estado. El superior de Gavazzo, entonces, le dio la orden de llevar el cuerpo de Gomensoro a Paso de los Toros, donde “ya estaba totalmente coordinado con el Comandante de la División de Ejército III, o sea que no iba a haber nadie en la zona, iba a estar todo el terreno liberado”.
“Yo lo cargué en el vehículo, yo manejé el vehículo, yo lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en el bote y lo tiré del bote. Yo solo… Iba envuelto en alambre con piedras del lugar… Yo estaba solo, se imagina que no estaba muy tranquilo y creí que lo había dejado caer del bote más lejos de la costa”, detalló.
Convencidos de que las confesiones debían ser llevadas a la Justicia, los generales pidieron nuevamente una reunión a Manini Ríos para reiterarle la necesidad de que las autoridades civiles tomaran conocimiento. “Nosotros lo que le decíamos es que es un caso para pasarlo a la Justicia, y él nos decía: ‘este hombre lo que está queriendo es que se detengan las actuaciones’”, contó al fiscal el general Alfredo Erramún.
El Tribunal se suspendió nuevamente, hasta que el 22 de junio -fecha imprecisa, puesto que tampoco hay registro-, el general Fajardo recibió un llamado de su superior en el que éste insistió con que lo de Gavazzo eran “chicanas” para que la Justicia civil actuara y el Tribunal de Honor se suspendiera. Morosoli aclara en su dictamen que esto es erróneo, puesto que “la reglamentación del funcionamiento de los Tribunales de Honor no establece en ningún punto que sus actuaciones deban interrumpirse hasta que el Juez competente se pronuncie sobre un hecho con apariencia delictiva”.
El 28 de junio finalmente se retomaron las actividades y los generales emitieron su fallo. Tanto a “Pajarito” Silveira como a Gavazzo se les aplicó la segunda sanción más grave prevista en el reglamento. El primer día de octubre entregaron el fallo a Manini, con la intención de que el caso fuera, finalmente, a la Justicia Civil.
Ante escritos presentados tanto por Gavazzo como por Silveira se conformó el Tribunal de Honor de alzada el mismo 1° de octubre de 2018. A esta altura de los hechos, no hay constancia de que el entonces comandante en jefe haya informado a las autoridades civiles sobre las confesiones de Gavazzo.
Un mes más tarde, comenzó el segundo Tribunal, al que Manini Ríos informó de lo declarado por Gavazzo “advirtiéndoles que él ya había tomado cartas en el asunto, y exhortándolos a fallar cuanto antes”.
En febrero de 2019 el Tribunal de alzada emitió sus fallos y Manini Ríos finalmente lo elevó al Ministerio de Defensa Nacional, junto con un escrito en el que criticaba a la Justicia por considerar que “en los temas referentes al juzgamiento a militares por violaciones a los Derechos Humanos ocurridas hace más de cuatro décadas, la Justicia uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del Derecho, no dando garantías a los acusados. En definitiva, aplicó una suerte de Derecho para el enemigo”.
Habían pasado 310 días desde que los generales informaron por primera vez a Manini Ríos de lo sucedido, cuando el comandante en jefe se presentó ante Jorge Menéndez con el expediente y los fallos. Se reunieron durante diez minutos y luego el jerarca llamó a su asesora jurídica y a Daniel Montiel.
Menéndez encargó a sus asesores que analizaran el documento y se dispuso a preparar un informe de urgencia para el 15 de febrero, día que viajaría para asistir al Consejo de Ministros en Durazno, el lunes 18. Los asesores del ministro, luego de leer las confesiones de Gavazzo, lo instaron a pedir una reunión privada al presidente de la República para tratar el tema.
Reunidos al día siguiente por más o menos una hora, el ministro informó al mandatario de lo sucedido en los Tribunales de Honor. Entonces, el presidente Vázquez decidió homologar los fallos sancionatorios de Gavazzo y Silveira, “pero dejando sentado por escrito las discrepancias con el criterio seguido por el Tribunal”; además, decidió poner en conocimiento a la Justicia Penal del contenido de las declaraciones de Gavazzo.
Así, el ministro Menéndez, sus asesores y el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, comenzaron a preparar tanto de las resoluciones administrativas y el escrito que se enviaría para dar cuenta a la Justicia. Mientras transcurrían reuniones, vaivenes de documentos y procesos burocráticos que detalla Morosoli en el dictamen, se concretó un encuentro entre Manini Ríos y el presidente Vázquez; el jefe castrense se expresó sobre su percepción del accionar de la Justicia en algunos casos de delitos de lesa humanidad, e informó al presidente que pensaba renunciar a su cargo. A esto, Vázquez le dijo que no era necesario que renunciara, porque quedaba destituido en ese mismo momento.
Según Morosoli, el expediente que se enviaría a la Justicia estaba siendo elaborado cuando el periodista Leonardo Haberkorn hizo públicas las confesiones de Gavazzo, que desencadenaron una crisis institucional y las destituciones de Menéndez y su subsecretario, así como de los generales que dirigieron los Tribunales.
La audiencia
Hasta el día de hoy, y con la evidencia a la vista, Manini Ríos mantiene su versión de los hechos y sostiene que en efecto se comunicó con Menéndez en cuanto supo de la confesión de Gavazzo. En su dictamen, Morosoli decidió imputar al candidato por la omisión de la información ante los jerarcas. Así, Manini Ríos sería el único imputado.
“De la evidencia compilada surge que los integrantes del Tribunal advirtieron que los dichos de G. (Gavazzo) y S. (Silveira) contenían información sobre hechos gravísimos de naturaleza delictiva”, concluye el dictamen del fiscal y recuerda que “conforme a lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, sus integrantes dependen directamente del comandante en jefe de la Fuerza correspondiente”. Es por eso que Morosoli consideró que el accionar del tribunal no estuvo “teñido por la intencionalidad de omitir poner en conocimiento de la Justicia los hechos advertidos”.
Respecto a los funcionarios del ministerio, el fiscal considera que “corresponde arribar a una idéntica conclusión, en tanto todas sus actividades convergieron hacia una efectiva puesta en conocimiento a las autoridades competentes de los hechos narrados”. Según interpreta Morosoli, Menéndez puso en conocimiento al presidente Vázquez y luego tomó las acciones administrativas que ordenó el Jefe de Estado.
El artículo 177 del Código Penal establece que los funcionarios públicos deben informar sobre “delitos que se cometieren en su repartición o cuyos efectos la repartición experimentara particularmente”. Como Presidencia no entra dentro de lo que se considera la “repartición” en la que se cometieron los delitos confesados por Gavazzo, Morosoli entendió que los funcionarios están exentos.
El jueves pasado, Manini Ríos compareció ante la jueza Marcela Vargas. Se esperaba que fuera interrogado e imputado por el delito de omisión, pero las cosas tomaron un revés -no tan- inesperado. La defensa del ex comandante en jefe presentó un recurso de inconstitucionalidad “específicamente contra dos normas: la Ley 19.334 que crea a la Fiscalía como un ente autónomo y la otra norma es la ley 19.293 que es el Nuevo Código de Proceso Penal y varios artículo de esa norma”, indicó el vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat.
La jueza aceptó el recurso presentado y lo elevó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para su evaluación. La audiencia quedó suspendida hasta entonces. Esa misma tarde, Manini Ríos participó de la inauguración de un local de Cabildo Abierto en Casabó. Allí, dijo que “se activaron funcionarios dependientes del Estado y la Fiscalía para llevarnos a juicio”, y acusó a la fiscalía de actuar “como brazo del Poder Ejecutivo, en un caso en el que el propio Poder Ejecutivo está involucrado”. Y agregó: “No podemos admitir que alguien mandatado por el Poder Ejecutivo exima de responsabilidad a quienes están más involucrados en el tema y pretendan llevar a un candidato a juicio cuando ese candidato hizo lo que tenía que hacer a lo largo de todo el asunto”.
Con los recursos de inconstitucionalidad presentados, Manini Ríos logró trabar la investigación durante un tiempo. Todo indicaría que la estrategia de la defensa del ex comandante en jefe es esperar a que -si las encuestas son certeras- Manini sea electo senador y asuma el 15 de febrero de 2020, ya con fueros parlamentarios que volverían mucho más difícil su procesamiento. La investigación cayó en un limbo del que será difícil salir. Guido Manini Ríos continúa con su campaña presidencial honrando su linaje.
