El 71% de la población mayor de edad en Uruguay, 1.932.760 personas, figuran como deudoras de instituciones financieras que operan a nivel nacional, según un informe de la comisión técnica de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) del mes de febrero. De ellos, un tercio (668.813) figuran como “deudores irrecuperables”, que el Banco Central describe como “casos de clara evidencia de incobrabilidad, con atrasos mayores a 180 días en los pagos”. 

Ante este panorama, en octubre de 2020 Cabildo Abierto (CA) presentó un proyecto de ley con el objetivo de implementar un procedimiento judicial que permitiese a deudores reestructurar impagos con sus acreedores. Sin embargo, a pesar de obtener el apoyo unánime de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, el proyecto no logró aprobarse en el plenario. 

“Un entierro de lujo”

En noviembre de 2022, cuando el plenario de Senadores trató el tema, el Partido Nacional propuso que el proyecto retornara a la Comisión de Constitución y Legislación, a raíz de objeciones del senador nacionalista Gustavo Penadés, quien dijo que su partido mantenía diferencias “filosóficas” con el proyecto cabildante, según recogió El Observador. Eso generó confusión en senadores nacionalistas, porque varios estaban dispuestos a votarlo; sus correligionarios Graciela Bianchi y Sebastián Da Silva se refirieron al eventual escenario como un potencial “entierro de lujo”. Tras idas y vueltas en esa sesión, Penadés propuso que el proyecto de ley retornase a la comisión bajo instrucción del Consejo de Hacienda, moción que contó con el apoyo de 25 senadores.

Esto impulsó al Frente Amplio (FA) a presentar, en abril de 2023, una versión propia del proyecto que además de contemplar el original, incorporó sugerencias que habían surgido de la discusión en la Comisión de Constitución y Legislación. En su momento, el senador Guillermo Domenech, de CA, se refirió al proyecto como uno “idéntico al original” pero con “cuatro artículos más”, e incluso contempló la posibilidad de trabajar en él, según consignó en su momento la diaria.

Pero eso no sucedió. El jueves 15 de mayo, CA presentó ante la Comisión de Constitución y Legislación un nuevo proyecto de ley destinado a reglamentar mecanismos de reestructuración de deuda, con varias diferencias respecto al del FA. Así, hoy en día existen dos proyectos de ley que tienen como objetivo atender la misma problemática y que pujan por su aprobación. Sus diferencias radican, a grandes rasgos, en quiénes pueden acceder a un proceso de reestructuración de deuda y bajo qué criterios.

Dos proyectos contrapuestos

Consultado por las razones que llevaron a su partido a no trabajar en conjunto con el FA, Domenech, el redactor del proyecto de ley de CA, argumentó que si bien la estructura general de ambos textos es similar, el suyo es el único que introduce determinadas innovaciones. Una de ellas es la noción de “deuda justa”, de modo que el monto a pagar acordado entre las partes sea convertido a Unidades Indexadas (UI) al valor de la fecha en que se efectuó el préstamo, en adición a una tasa anual de 2% de intereses y recargos. Por el otro, el proyecto de CA incluye un artículo que limita las tasas de interés que pueden establecerse en un préstamo, para lo que propone tomar como criterio las tasas de endeudamiento y emisión de bonos que maneja el Estado. Según el senador, parte del “problema” radica en la Ley 18.212, aprobada en 2007, que reglamenta las tasas de interés y usura y, a su entender, es la responsable de que las instituciones financieras tengan la potestad de fijar tasas de interés de manera unilateral, que alcanzan valores de hasta casi un 200%.

Pero además, el nuevo proyecto de CA incrementa los valores máximos de los indicadores económicos que determinan quiénes pueden solicitar la reestructura de deuda: duplica el valor de ingresos anuales permitidos, casi triplica el valor máximo de bienes inmuebles admitido, introduce limitantes vinculadas a valor de vehículos automotores y habilita la reestructuración de deudas hipotecarias. 

Son estas modificaciones las que generan discrepancias en la oposición. En diálogo con Sala de Redacción, el senador frenteamplista Charles Carrera acusó a CA de querer ir a un plebiscito y “hacer política” con el tema. Argumentó que, en contraste con el proyecto de su partido, el de CA no es serio ni realizable, y tiene por único objetivo “no llegar a acuerdo”.

Domenech categorizó estas opiniones como “equivocadas” y argumentó que CA tiene la intención de lograr “la mejor solución para el tema del endeudamiento”. Señaló, además, que su proyecto “contiene algunas de las cosas que el FA había sugerido, como sancionar las acciones de cobro con características molestas y humillantes para los deudores”, y reiteró la importancia de implementar límites a las tasas de interés. Además, se mostró abierto al diálogo con el FA a pesar de las discrepancias.

Otra de las diferencias que enumeró Carrera refiere a la visión del “público objetivo” de cada proyecto. Dijo que la propuesta de su partido atiende a las necesidades de los sectores populares, mientras que la de CA está destinada a la clase media y media-alta, porque amplía los límites que determinan quiénes pueden acceder al proceso y agrega la posibilidad de reestructurar deudas hipotecarias. De todas formas, Carrera no se mostró necesariamente en contra de contemplar ese sector de la sociedad y dijo carecer de suficiente información que le permita afirmar si padece, o no, problemas de endeudamiento crónico. En todo caso, manifestó que hay que ir “paso a paso” e implementar en primer lugar políticas “que atiendan a los sectores de nuestra sociedad que necesitan apoyo en este momento, que son aquel millón de uruguayos que están en el Clearing, que son esos miles y miles de uruguayos que se consideran incobrables”. 

Domenech argumentó que dichas modificaciones son producto de sugerencias realizadas por asesores técnicos, quienes habrían advertido a CA que la clase media uruguaya se halla “muy endeudada”. Según el senador cabildante, “hoy en día, cualquier apartamento en el Centro de Montevideo de dos o tres dormitorios” tiene un valor de 240.000 dólares, por lo que quien accede “no se puede decir es una persona rica”. De esta manera, dijo que el proyecto propuesto por su partido apunta a “frenar la caída de la clase media” y “protegerla” junto con las clases “menos favorecidas”.

No hay ultimátum

Uno de los términos que se han utilizado repetidamente en torno al proyecto de ley de CA es el de “ultimátum”. Su líder, Guido Manini Ríos, anunció su intención de llevar el tema a plebiscito si no fuera aprobado ninguno de los proyectos de reestructuración de deuda. En su audición semanal en Radio Oriental del 15 de noviembre de 2022, Manini declaró que de aprobarse por consulta popular, implementaría “las cláusulas necesarias para de una vez por todas solucionar este problema a tantos miles de uruguayos”.

Asimismo, según informó en mayo El País, Manini Ríos declaró en Radio Oriental que el problema de los deudores irrecuperables es una “olla a presión” que, de no atenderse, podría desembocar en un “estallido social” tal y como ocurrió en Chile durante los años 2019 y 2020.

Consultado acerca de si comparte los conceptos de su correligionario, Domenech respondió que aproximadamente una cuarta parte de la población se encuentra en una “situación de apremio económico que no le permite afrontar sus obligaciones regularmente”. Es así que no encuentra imposible la posibilidad de un “estallido social” y, por lo tanto, llamó nuevamente a buscar una solución al problema.

De todas formas, fue enfático al descartar la existencia de cualquier tipo de ultimátum, ya que su partido no pretende “llevarse por delante a los demás”. Y agregó: “Ni siquiera utilizamos ese término. Lo que pasa es que, de alguna forma uno quiere recibir una respuesta rápida al planteo, lo más rápido posible”. Esto no significa, sin embargo, que no comparta la posibilidad de convocar a una consulta popular: “si vemos que se agotan las instancias de conversación entre los partidos políticos en tiempos razonables, nos abocaremos a plebiscitar algún tipo de solución”.

El senador dejó entrever que, por el momento, la intención de CA es conformar instancias de negociación con los diferentes partidos políticos; esas gestiones están a su cargo. En este sentido, no parece discrepar con Carrera, quien también llamó a “ponerse de acuerdo”. Según pudo conocer Sala de Redacción, ambos senadores se reunieron el martes 30 para conversar al respecto.

Al ser consultados acerca del supuesto proyecto de ley alternativo que, de acuerdo con ciertos medios, el Poder Ejecutivo tiene planeado presentar, ambos senadores reconocieron desconocer su situación. “Presumo que viene del Ministerio de Economía o del Banco Central, de uno de los dos. Me inclino a pensar que puede venir del Ministerio de Economía”, atinó a decir Domenech.

¿Postergado?

Para estudiar el nuevo proyecto de ley de CA, la Comisión de Constitución y Legislación acordó, el martes 23, recibir a expertos en la materia y a autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, del Banco Central y de la Asociación de Bancos del Uruguay. La convocatoria era para el martes 30, pero la citación fue anulada. Tanto Domenech como Carrera no supieron responder cuándo se repetiría el llamado.

FacebookTwitter