“Un candidato que oculta información es un posible presidente que engaña”, expresa una petición de la plataforma Change.org emitida la semana pasada. La iniciativa, que cuenta con alrededor de 73.500 adhesiones, fue emitida como forma de exigir a Luis Lacalle Pou que transparente el contenido de la ley de urgente consideración que presentaría al Parlamento en caso de ser electo presidente el próximo 24 de noviembre.
“¿Cómo se van a enterar de esa ley de urgente consideración?, leyendo el programa de gobierno del Partido Nacional”, respondió ante esta petición el candidato. Desde el comando de campaña han reiterado en declaraciones a diversos medios que se dará a conocer el contenido luego de las elecciones.
Según la Constitución, una ley de este tipo puede ser propuesta por el presidente, un ministro o el Consejo de Ministros y debe ser considerada por el Poder Legislativo dentro ciertos plazos: 45 días le debe llevar a la cámara competente la resolución, y excedido ese tiempo, según el artículo 168, la consideración del proyecto puede extenderse 30 días más en sesión extraordinaria y permanente. La segunda cámara tiene 30 días y la Asamblea General, en caso de que las cámaras no se pusieran de acuerdo, dispone de diez.
En caso de que un proyecto de ley declarado “urgente” no se apruebe por ambas cámaras, se aplica lo que dispone el artículo 142 de la Constitución: “quedará sin efecto por entonces, y no podrá ser presentado hasta el siguiente período de la Legislatura”. Mientras se discute, ningún proyecto puede ser presentado al Poder Ejecutivo y no pueden ser aceptados proyectos presupuestales de urgente consideración.
Desde el retorno de la democracia se han presentado 13 proyectos con estas características, y sólo cuatro fueron rechazados. El que contuvo mayor cantidad de artículos, 92 para ser exactos, fue la propuesta de Luis Alberto Lacalle en 1992 de modificar el Régimen de Pasividades. La “Modificación de impuestos y facilidades del pago a los deudores del Banco de Previsión Social”, presentada por el mismo ex presidente dos años después, demoró 191 días en ser aprobada. En tanto, la “Declaración de emergencia sanitaria en la atención anestésico-quirúrgica”, durante el mandato de José Mujica, tardó en ser aprobada sólo siete días. Tanto esta como la de “Beneficiarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas”, propuesta por el mismo ex mandatario dos años después, cuentan con tan sólo cuatro artículos.
Sin embargo, según explicó a Sala de Redacción el politólogo e investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, Daniel Chasquetti, el proyecto de ley que anunció Lacalle Pou, debido a la cantidad de artículos que podría tener, se asemejaría más a una “ley ómnibus”. Tampoco sería la primera vez que un presidente propone en el Parlamento una modificación de esta índole.
Si bien se cree que las únicas leyes ómnibus fueron las promulgadas durante el gobierno de Jorge Batlle, desde el Programa de Estudios Parlamentarios de la Facultad de Ciencias Sociales, que Chasquetti integra, constataron que la primera ley de este tipo fue la propuesta por Luis Alberto Lacalle en 1994.
En dicha ocasión, el nacionalista presentó un proyecto de 15 artículos con la finalidad de realizar la “Modificación de impuestos y facilidades de pago a los deudores del Banco de Previsión Social”, para reducir impuestos a bienes y propiedades, crear un impuesto anual a quien disponga de motores a gas oil y aprobar nuevas facultades y limitaciones para el Banco de Previsión Social.
Las posteriores, promulgadas en el año 2000 durante el mandato de Jorge Batlle, fueron las leyes “Mejoras a servicios públicos y privados, seguridad pública y actividades productivas” y “Administración pública y el fomento del empleo”. Sus reformas eran mucho más heterogéneas en cuanto a temas e incluían el fomento de la inversión y el empleo, reglamentaciones agropecuarias y para pequeñas y medianas empresas, facilitación de crédito, educación y tecnología, transporte, administración pública, seguridad, vivienda, entre otros.
De ganar, Luis Lacalle Pou, acompañado por la eventual coalición multicolor, anticipó que implementará una ley de este tipo “porque los problemas de los uruguayos son urgentes” y no pueden esperar meses.
El politólogo Alfonso Lessa habló con Sala de Redacción y consideró que si bien aún no se encuentran todos los elementos para profundizar y opinar, se critica “sobre todo la herramienta. En sí misma es legítima, después se verá cómo la usan y qué incluye”. Lessa expresó que tuvo oportunidad de entrevistar a Luis Lacalle Pou sobre el tema, y este le transmitió que las ideas principales están dentro del programa. “Eso lleva a tener que ajustar a partir del acuerdo que haga con sus aliados”, expresó Lessa.
Para Chasquetti, anticipar una medida de este tipo pero no transparentar su contenido es un “grave error de campaña”, que le abre un “flanco débil”, y dio lugar a la calificación de “programa oculto” que se le asignó en las redes sociales.
Ante las constantes interrogantes por parte del electorado sobre el contenido específico de la medida, el asesor en educación y jefe del equipo de coordinación del Partido Nacional, Pablo Da Silveira, reiteró a Informativo Sarandí que no hay nada oculto ni “ningún cuco escondido”. Tanto el asesor como el candidato plantearon que las temáticas tienen que ver con la inclusión financiera, la habilitación de la importación de combustible, la reorganización del Mides, el respaldo a la defensa policial, el derribo aéreo y las transformaciones en la educación que van desde cambios en los órganos de decisión, hasta cambios dentro de la Ley de Educación vigente.
Lacalle Pou aseguró que la ley tendrá entre 300 y 500 artículos. Lessa opinó que cuanto más diversas y heterogéneas sean las temáticas, más difícil su aprobación e instrumentación. La diversidad de temas es para Chasquetti lo más grave. En general las leyes de urgente consideración se focalizan en un solo tema, y entonces “cuando anuncia que tendría 300 artículos y que estos se pueden encontrar en su programa, por lo que todo podría pasar por la ley, es insólito, seguramente trate como 50 temas”. Eso genera inconvenientes y “empobrece el debate parlamentario”, opinó. “Ya han sido estudiadas experiencias del mismo tipo en Canadá y Francia, y siempre se concluye lo mismo: esto genera conflictos en los debates parlamentarios, que se ven empobrecidos”, detalló.
A su vez, el politólogo planteó que se podrían modificar o derogar leyes que llevaron tiempos extensos para su aprobación, es decir que esta ley de urgencia podría anular el trabajo de mucho tiempo en 90 días: “lo veo como problema porque no se dice su contenido y se utiliza de una forma no deseable”, agregó.
El director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, Ruben Correa, expresó a Sala de Redacción que debería tratarse de un proyecto más enfocado y puntual, “algo más rápido, sin tanta burocracia”. Sin embargo, definió que una ley de urgencia es “algo que está haciendo falta”.
“Una coalición es una unión de partidos de índole horizontal que pretende gobernar bajo un programa. Lo que tenemos hoy es más bien una alianza electoral conformada para ganar y desplazar al partido oficialista, que luego no va a durar”, explicó Chasquetti. Es esta la primera experiencia en nuestro país de una coalición de más de dos partidos, por ello Lacalle Pou, para el politólogo, ha ejercido como “pivot” entre partes, sin que la negociación haya implicado que todos se unieran.
“Normalmente se dice que lo que un gobierno no hace al comienzo después es difícil que lo impulse o que se pueda lograr. Supongo que eso estará en la cabeza de Lacalle”, enfatizó Lessa. Esto responde a una lógica de “honeymoon”, una coalición que, según Chasquetti, será débil, durará poco y por ello se querrá sacar el máximo provecho en el primer período del gobierno, mientras se cuente con una alta popularidad.
Agustina Huertas / Eliana Torres
