Desalojados en democracia

El próximo sábado 29 de junio desde las 15 horas se reunirán en Barrio Ansina las comparsas tradicionales de los tres barrios que sufrieron desalojos en épocas de dictadura: Cordón, Ansina y Barrio Sur. Serán parte de unas “mini llamadas” y partirán desde la peatonal Nuestra Señora de la Encina hasta la esquina de San Salvador y Ansina. Participarán también las comparsas Cuareim 1080, Sara del Cordón, Lonjas de Cuareim, Batea de Tacuarí, Valores de Ansina y habrá un taller abierto de toques madres, dictado por Martín Silva. La organización está a cargo del Complejo Ansina y cuenta con el apoyo de Mundo Afro y del Municipio B. Al evento también asistirá la agrupación cultural Afrogama y se proyectará el documental titulado “Volver al Barrio”. Al final del desfile se leerá una proclama de reivindicación de las reparaciones al colectivo afro y se hará mención de los logros obtenidos hasta el momento. 

Un camino por recorrer y muchos desafíos

Es sábado de tardecita y las paredes tiemblan al son del repique y del chico. El corazón late con el envolvente y constante ritmo del piano, herencia de una rodaja de nuestra cultura. Rítmica y tradición. Transmisión de valores e historia de un colectivo que, solo cuando nos sirve, es constituyente de nuestra identidad. El Complejo Ansina constituye la primera y única reparación que recibió el colectivo afro, víctima del terrorismo de Estado. Es el único ejemplo a nivel nacional y también es inédito en toda Latinoamérica. 

Sin embargo, los integrantes del complejo sostienen que las reparaciones deberían ser más integrales. “Con los desalojos se perdió la vivienda pero también un estilo de vida, muchos tuvieron que dejar de estudiar o perdieron sus trabajos”, expresó a Sala de Redacción Giselle Antoniello, integrante de la comisión administradora y usuaria del Complejo Ansina, quien consideró que aún “se tiene que ir un poco más a fondo”. Hoy, una de las principales preocupaciones de los habitantes es que al fallecer el titular, la propiedad no la hereda su familia. La normativa actual establece que ante la falta del titular, el inmueble pasa a ser propiedad de la persona que ocupe la posición más próxima en la lista de espera, explicó Antoniello. Por su parte, Lorena Umpierre, también integrante de la comisión administradora y usuaria del complejo, remarcó a Sdr que los usuarios “no tienen la garantía de no ser expulsados nuevamente”. Esa es una de las razones que los hace cuestionar el alcance de la reparación, porque funciona “como un préstamo y no como una reparación en sí”. 

Umpierre explicó que mucha gente desconoce los motivos por los que viven ahí y la actividad del 29 de junio será una oportunidad para que los vecinos conozcan “cuál es nuestra historia”. Sostiene que es algo que “tenemos que transmitir para que la gente sepa que a nosotros nadie nos regaló nada” y agregó que frecuentemente se dice “esos negros viven de arriba”, pero la gente “no sabe todo lo que tuvimos que pasar y luchar para estar hoy donde estamos y tener lo que tenemos”. Además remarcó que son solamente 17 las que recibieron la reparación, frente a las casi mil familias que fueron desalojadas.

Otro desafío que enfrentan los usuarios, especialmente los adultos mayores, es la obligación de pagar gastos comunes y enfrentar diversos costos. Según la integrante del complejo habitacional muchos vecinos “viven de las jubilaciones, y estas son muy magras”. En ese sentido, a través de un llamado público se logró que Organizaciones Mundo Afro (OMA) se hagan cargo de parte de los gastos de las familias, además de brindarles apoyo moral y la posibilidad de asistir a diversos talleres. “Eso hace que los gastos bajen, pero igual es muy difícil porque la mayoría son adultos mayores o jóvenes que están sin trabajo”. Asimismo, explicó que no es fácil llevar adelante la administración de los dos edificios que “tienen estructuras muy costosas” y requieren mayor mantenimiento edilicio al haber sido declarados patrimonio histórico. 

Con motivo de la reparación, en 2016, la Intendencia de Montevideo resolvió crear la Comisión Especial Delegada “Gestión del Sitio Histórico-Cultural Reus-Ansina” para ayudar a gestionar y mantener uno de los edificios que componen el complejo y brindar su apoyo a las 17 familias. La comisión está integrada por la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes y por la Secretaría Tierras y Hábitat, ambas de la intendencia, por el Municipio B, por Mundo Afro y por usuarios del Complejo Ansina. Giselle Antoniello reconoce la ayuda que les brindan la intendencia y el municipio, quienes los han “conectado con un montón de organizaciones y lugares donde nosotros podemos hacer conocer nuestra historia”. 

Varias veces desalojados 

Antoniello  y Umpierre relataron que en el año 2005, quienes vivían por la calle Lorenzo Carnelli en los restos de las construcciones originales del barrio Ansina comenzaron a recibir cedulones con orden de desalojo. “Mi nene tenía 2 o 3 años, los cedulones venían a nombre de las personas que vivían ahí” e incluso se mencionaba a los niños: “había chiquitos que tenían meses de nacidos y venían los cedulones con los sus nombres”, relató Antoniello. El argumento fue el mismo que el esgrimido en la dictadura: eran “fincas ruinosas”. Además, también se atribuyeron razones a los usuales toques de tambores, una expresión muy frecuente en el barrio. Según las autoridades de la época, el tronar de los tambores hacía vibrar las paredes y cimientos de las viviendas y eso contribuía al deterioro. 

Desde el colectivo creen que el tema de fondo esconde razones clasistas y racistas. Antoniello comentó que, en su opinión, la idea era vender y edificar “y nosotros somos familias de trabajadores, que no contamos con un importante bienestar económico para solventarlos”. Para ella era la manera de “sacarlos” y llevarlos “a la periferia, como pasó en los desalojos de la dictadura”. Uno de los edificios que conforman el Complejo Ansina, considerado patrimonio histórico, se construyó en base a los cimientos de aquella época, “por lo tanto el peligro de derrumbe no era tal”, afirmó. 

Relató que este proceso lo vivió con mucho miedo y que para ella fue como un “déjà vu” de otras épocas, teniendo en cuenta que su familia sufrió tres etapas de desalojo. La primera fue atravesada por sus padres en dictadura, las otras dos fueron en democracia, primero con los cedulones de 2005, medida que pudieron revertir por la lucha del colectivo. Tres años después se avanzó con la demolición de los restos de las edificaciones originales y su familia, junto a otras, fueron realojadas: “o nos íbamos o no tendríamos la vivienda que hoy tenemos”, y agregó que por esa razón la salida fue “un poco forzosa”.

A raíz de la llegada de los cedulones, las mujeres jefas de familia se organizaron y crearon una cooperativa: la Unidad Familiar Mundo Afro Palermo (Ufama Palermo), que contó con el apoyo de OMA. Según explicó Lorena Umpierre, tras una resolución de la ONU que recomendó al Estado uruguayo la reparación al colectivo afro, se exhortó a la cooperativa a abandonar tal denominación para ampararse bajo el régimen de “reparados”. “La resolución de la ONU fue el puntapié inicial para que el Estado accediera” a construir el complejo habitacional, subrayó.

No obstante, el camino no fue fácil. Las viviendas que les habían prometido eran 28, pero con el paso del tiempo, ese número fue bajando. “No queríamos firmar porque a último momento dijeron que iban a ser 17”, recordaron, a la vez que dijeron haberse sentido “acorraladas”. En la reunión, en la estaban presentes representantes del Ministerio de Vivienda, de la intendencia y demás actores del gobierno, les dijeron “o es esto o no es nada”, contó Antoniello. 

Al ser consultada por Sdr sobre la importancia que tiene el complejo para ellas, Lorena Umpierre dijo visiblemente emocionada: “es una gran victoria, hay mucha gente que empezó esa lucha con nosotros y no pudo verlo realizado porque fallecieron. Que nosotras, jefas de familia, emprendiéramos siendo mujeres negras una lucha contra el Estado y hayamos logrado que sea patrimonio histórico, para nosotras… es una batalla ganada”. 

Sin embargo, remarcó que no lo consideran “una guerra ganada porque aún falta mucho para conseguir”. Para ellas representa “todo lo que tienen” y lo que pueden dejarle a sus hijos, siempre y cuando logren obtener la incorporación de una cláusula que les asegure el derecho a la vivienda y permita que los hijos continúen viviendo allí. La lucha las hace sentir fuertes y reconocen que existen posibilidades de seguir logrando beneficios para el colectivo: “si nos unimos, podemos, es una lucha que es dura pero se puede”, concluyó. 

Por su parte, Giselle Antoniello reflexionó sobre el aniversario. Es el noveno, y el primer año que lo festejan, pero las “mini llamadas” son “una excusa” para reunir a todos los barrios que fueron desalojados y llamar a replantear el concepto de reparación, el que entiende debería ser más integral. Según sus palabras, más allá de las reparaciones monetarias, de trabajo o de vivienda, lo que se busca es que el gobierno, “sea del partido que sea”, “se haga cargo y diga que esto fue un acto de racismo y clasicismo contra el colectivo afro”.

Racismo a flor de piel

Ambas integrantes del Complejo Ansina enfatizaron que la sociedad debe seguir planteándose diversas aristas referidas a la problemática del racismo. Un ejemplo citado por ambas es que “hoy en Uruguay sabés cuántos perros y gatos hay, pero no cuántos uruguayos son afrodescendientes”. A Antoniello, que trabajó como encuestadora en el Censo 2023, le llamó la atención que muchas personas que ella reconoció a simple vista como afro preferían decir que desconocían su ascendencia. Otro ejemplo en el que ambas coincidieron refiere a los llamados a concursos de la Universidad de la República. Ante la postulación de personas afro, el organismo pedía la certificación de afrodescendiente, explicó Umpierre, y agregó que tal certificación “no existe”. Además agregó que no basta con establecer cupos porque “la población afro que hay en este país, a causa de las cosas que hizo el Estado, no tiene un nivel muy alto de estudios“. Si las bases del llamado exigen bachillerato completo, “es lógico que no se va a presentar tanta cantidad de gente”.

Antoniello invitó al colectivo afro a reflexionar y a hacer también “una especie de mea culpa”. Además ahondó en la importancia de promover la ley 19.122, que reconoce al colectivo afro como víctima histórica del racismo y establece cupos a la población afrodescendiente en llamados públicos laborales, en formación y capacitación laboral y en el ámbito educativo.