La inseguridad alimentaria se hizo más visible a través de la pandemia de covid-19 y, de esa forma, se reflejó una problemática nacional presente desde hace varios años. Las exportaciones uruguayas crecen cada año y el porcentaje mayor se lo llevan los alimentos. Sin embargo, en el país hay personas que tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada y por su situación económica compran productos más baratos y de peor calidad nutricional.
En entrevista con Sala de Redacción, la licenciada en Nutrición y coordinadora del Observatorio del Derecho a la Alimentación de Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, Alejandra Girona, afirmó que desde 2014 se conoce que los uruguayos tienen dificultades para acceder a ciertos alimentos. Con la llegada de la emergencia sanitaria aumentó la pobreza y se redujo la capacidad de compra de las personas, lo que, según Girona, “generó un mayor desafío para las políticas alimentarias del Estado”. Asimismo, la nutricionista contó que el costo para que los uruguayos puedan alimentarse de modo saludable es aproximadamente de nueve mil pesos, cantidad que, según señaló, “no es accesible para todos”.
Girona aseguró que no es posible comer sano en una situación de pobreza, porque la baja cantidad de recursos económicos no lo permite y produce que se compren alimentos de peor calidad o, según dijo, “lo que se pueda”. “Es muy costoso alimentarse saludablemente en Uruguay y el resto de América Latina, donde muchas personas solamente pueden comprar productos baratos que tienen exceso de grasas y sodio. No es posible escoger aquellos alimentos fuertes en proteínas, vegetales y frutas”, agregó.
En Uruguay no existen datos sobre el consumo de alimentos de la población. En este sentido, Girona contó que se realizaron estudios sobre ciertos grupos etarios y sus resultados demostraron un mayor consumo de alimentos ultraprocesados. Este tipo de alimento produce malnutrición, aumenta el sobrepeso, la obesidad, y el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles. “En el país no se cubren las necesidades de consumir frutas y verduras diariamente. El consumo de pescado y legumbres tampoco es el recomendado. No tenemos una alimentación saludable”, expresó Girona.
Se entiende por inseguridad alimentaria que una persona carece de un acceso frecuente a alimentos inocuos y nutritivos para llevar una vida saludable y activa. La inseguridad alimentaria se mide a partir de diversos grados de riesgo. El primer grado es el leve, donde la persona se preocupa por no poder acceder a alimentos nutritivos suficientes. En segundo lugar está la inseguridad alimentaria moderada, en el que se compromete la cantidad de alimentos consumidos y su calidad. La inseguridad alimentaria grave es cuando las personas se saltean comidas o pasan todo un día sin comer. En los grados moderado y grave existe mayor probabilidad de experimentar malnutrición.
Con hambre no se puede pensar
Según un informe presentado en octubre por el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), 15% de los hogares uruguayos presentó inseguridad alimentaria moderada o grave en el último año. Asimismo, hubo 16,5% de personas en hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave. En hogares, la inseguridad alimentaria grave se estimó en 2,6%, lo que quiere decir que 26 de 1.000 hogares se quedaron sin alimentos por falta de dinero u otros recursos, y que alguna persona del hogar no comió en todo el día.
Los resultados de este estudio mostraron que las mayores cifras de inseguridad alimentaria se observaron en hogares integrados por niños y niñas menores de seis años. Además, prevaleció en aquellos hogares donde los ingresos económicos se ubican en el quintil más pobre. En términos geográficos, la inseguridad alimentaria es similar en Montevideo y el resto del país. No obstante, en el interior, las mayores cifras se dieron en Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres. En 2018, un trabajo en el que también participaron el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), ya indicaba un 4,8% de inseguridad alimentaria grave en hogares con niños.
En tiempos de crisis alimentaria como la pasada por el coronavirus surgieron espacios solidarios como las ollas populares, que brindaron alimentos a quienes más lo necesitan. Al respecto de esta alternativa a corto plazo, Girona sostuvo que las ollas populares no deberían cubrir las ausencias del Estado en términos alimenticios, sino que la propia alimentación debe ser resuelta por políticas estatales que incentiven el poder de elección en los productos, a partir de ingresos dignos de las familias. Agregó que los problemas del Estado deben ser resueltos por las autoridades competentes “con una mirada integral”. Sobre el tema, sumó: “Bienvenidas las ollas populares como espacios de construcción de ciudadanía y de participación. Sin embargo, no deben ser espacios que sostengan derechos consagrados como la alimentación y la salud”.
Según la nutricionista, el Estado también tiene soluciones a largo plazo que pueden diferenciarse en dos: medidas compensatorias y estructurales. Las compensatorias son aquellas que en tiempos de crisis brindan soluciones a corto plazo, como transferencias monetarias, circuitos cortos de comercialización de alimentos y el fortalecimiento de programas. “Uruguay necesita fortalecer sus programas de alimentación como el escolar y también pensando en los adolescentes”, explicó Girona. Por su parte, las medidas estructurales tratan sobre la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades a largo plazo.
Los platos que faltan
La carencia de alimentos impacta en la calidad de vida de los niños, en su crecimiento y rendimiento cotidiano. La poca y mala alimentación produce malnutrición y, a su vez, sobrepeso y obesidad infantil a causa de la cantidad de grasas y sodio. En este sentido, la nutricionista subrayó que es una “situación delicada”, porque la infancia y adolescencia son etapas fundamentales para el fortalecimiento corporal y estar bajo vulnerabilidad nutricional “es condicional para el resto de sus vidas”. Según dijo, ello marca el rendimiento educativo, el futuro laboral y la calidad de vida. “La inseguridad alimentaria afecta negativamente sobre el crecimiento y desarrollo de los más jóvenes”, sentenció.
En Uruguay existe el Sistema Nacional de Comedores (SNC), del que es responsable el Mides. Por su parte, el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) -también de esa cartera- coordina y ejecuta las acciones del SNC, entre otros programas. El SNC otorga asistencia a personas en situación de inseguridad alimentaria a partir de almuerzos y viandas diarias. Asimismo, pretende cubrir el requerimiento nutricional de la población adulta. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, manifestó en octubre que desde el Mides se busca ampliar el SNC. Hasta el momento, este sistema cuenta con 57 sedes en todo el país y se pretende incorporar dos nuevas a corto plazo.
En la última ley de Rendición de Cuentas se aprobó un presupuesto para fortalecer el sistema alimentario nacional. El artículo 333 de la norma expresa que para 2023 se asignarán 155 millones de pesos y para 2024 la cifra será de 260 millones de pesos.
