Si bien no obliga, el Poder Ejecutivo insiste en que el distanciamiento social es necesario para evitar la propagación del nuevo coronavirus e instruyó A a las Jefaturas de Policía para transmitir la exhortación de cumplir con el decreto de evitar aglomeraciones. “Esto tiene como objetivo generar conciencia entre la población de que al coronavirus le ganamos entre todos y respetando al máximo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública”, explicó a Sala de Redacción Juan Manuel Romero, director de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior.
Por otro lado, la Unidad Aérea de la Policía ha recorrido la costa durante los fines de semana y Romero comentó que “se decidió que el patrullaje se realice a diario en todo el territorio y que haya notificaciones todos los días”.
Algunas personas con Covid-19 han sido denunciadas por incumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días, período en que se estima pueden contagiar el virus. En esos casos, según detalló Romero, las figuras penales que eventualmente pueden aplicarse son: desacato, delito contra la salud pública (artículo 224 del Código Penal), lesiones, lesiones graves y homicidio (culposo, y eventualmente puede haber homicidio doloso si hay conciencia de la enfermedad y voluntad de contagio). A esas figuras se recurriría también si se declarara la cuarentena general, una medida que han tomado otros países, que ha propuesto aplicar aquí el Sindicato Médico del Uruguay, y que ha sido descartada hasta ahora por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
Por el momento, rige el cierre de fronteras, la suspensión de espectáculos públicos y de clases por tiempo indeterminado, el cierre de los centros comerciales (excepto los locales de farmacias y supermercados), horario preferencial (de 8.30 a 10.00) para que los mayores de 65 años concurran a los supermercados y el cierre de camping públicos. Aunque hace algunas semanas el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que se puede circular “al aire libre, con espacio de más de dos metros entre personas, que están saludables, y responsablemente no tienen ningún síntoma, ni han estado en contacto con ningún caso sospechoso o positivo“, la pauta que dio el gobierno es salir de la casa solo por necesidades básicas.
Semana de Turismo en casa
El miércoles 1º de abril, en conferencia de prensa, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, dieron a conocer los operativos que se comenzaron a implementar ese día, para evitar la salida de personas y, por lo tanto, la propagación del virus durante la Semana de Turismo. Según Larrañaga, hay 210 puestos policiales a cargo de las Jefaturas de todo el país con 1.500 efectivos con la orden de controlar en las rutas vehículos como trailers, remolques o casas rodantes a los cuales se les solicitará la documentación. También se realizará un control en la frontera con Brasil, el río Uruguay y la franja costera, desde Colonia al Chuy. “La exhortación tiene que valer para la responsabilidad social. No es necesaria la imposición de una suerte de precepto obligatorio para que la población comprenda que de esta enfermedad salimos con el esfuerzo de todos los uruguayos“, dijo Larrañaga.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa, la Prefectura Nacional Naval y el Comando de la Flota han programado una intensa actividad de patrullaje y de vigilancia en todos los cursos fluviales para informar sobre la prohibición de algomeración de personas. Días antes las autoridades habían exhortado a los dueños de los camping privados a no permitir el ingreso a sus predios. “Queremos que aquel que sale sienta que está en offside”, expresó García.
Cuidar los derechos humanos
Frente a la pandemia que ha alcanzado proporciones globales, Amnistía Internacional publicó un comunicado en el que exige a los estados de todos los países “que las autoridades actúen de manera oportuna, siempre respetando y garantizando los derechos humanos de toda la población” y hace una serie de recomendaciones.
Amnistía Internacional recuerda que los estados tienen la obligación “de tomar medidas necesarias para prevenir, brindar tratamiento y controlar las enfermedades que afectan a toda la población“. Por otro lado, dice que se debe asegurar que la población acceda a la información sobre los riesgos para la salud que representa Covid-19 “así como también tener claridad sobre las medidas que pueden tomar para prevenirla” y su posible impacto en la población.
Recuerda, también, que deben asegurar la atención a los grupos más vulnerados y de mayor riesgo y “extremarse los esfuerzos por garantizar los derechos de las personas en situación de calle, migrantes, personas privadas de libertad, trabajadoras sexuales, trabajadoras domésticas, trabajadores/as informales, mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y personas adultas mayores“. Por otra parte, exhorta a los gobiernos a garantizar un enfoque de género y de no discriminación y tener en cuenta “que las medidas como la cuarentena y las restricciones de viajar podrían poner a mujeres, niñas, niños y adolescentes en un mayor riesgo de sufrir violencia a manos de sus parejas o familiares y limitar su acceso a apoyo. Se deben tomar medidas para mitigar estos riesgos y brindar una respuesta adecuada a este contexto“.
Por último, Amnistía Internacional establece que es responsabilidad de los Estados respaldar “garantizar el acceso a la seguridad social y respetar los derechos laborales, incluso en un contexto de exigencia extrema al sistema de previsión social“, como ocurre actualmente.
