En conversación con Sala de Redacción, Adriana Rovira, docente del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento (Cien) y de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar), afirmó que la alta tasa de mortalidad de personas mayores en la pandemia de covid-19 reforzó estigmas y prejuicios hacia esta parte de la población, principalmente a nivel de la toma de decisiones. La ex directora del Instituto Nacional de Personas Mayores (Inmayores) hizo referencia a una ley aprobada en 2016, que refiere a la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores y plantea que el Estado debe garantizar la no discriminación por edad. ”Cuando solo por tener una determinada cantidad de años las personas no pueden decidir sobre sus vidas es un claro ejemplo de vulneración de derechos y de discriminación por edad”, planteó Rovira.
Con respecto a las medidas de confinamiento que se han adoptado para la prevención de la covid-19, comentó que son altamente negativas a nivel emocional y físico cuando las personas quedan totalmente aisladas de sus vínculos familiares durante mucho tiempo. Incluso, señaló que la capacidad inmunológica es afectada cuando hay soledad y depresión.
Rovira considera que el Estado debe intervenir de manera más activa en el cuidado de los adultos mayores, por ejemplo, con acciones de fiscalización y compartiendo costos para universalizar el acceso a servicios de buena calidad para esa población. En este sentido, considera “paradójico y contradictorio” que en el marco de una pandemia se esté dando una reducción de las capacidades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y que se desarticulen políticas públicas como el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que ubica al tema en un plano de derechos. “Hubo un año y medio para instrumentar un plan de trabajo y cuidar a esta parte de la población debió ser prioridad para este gobierno y para el Mides”, indicó.
Recomendaciones
A mediados de abril, el Cien, que pertenece al Espacio Interdisciplinario de la Udelar, emitió recomendaciones para los centros de larga estadía durante la pandemia, a través de un documento que advierte sobre la estigmatización y la desprotección de derechos que muchas veces los adultos mayores viven en ese tipo de establecimientos. El Cien también plantea algunos impactos negativos de la pandemia, especialmente en la salud mental, como consecuencia del aislamiento prolongado en el que no haya existido consentimiento o participación de los residentes.
Uno de los hechos que dio pie a la publicación de recomendaciones fue el brote de covid-19 en un residencial en Fray Bentos a comienzos de abril, donde murieron 26 ancianos. A propósito de esa situación, Rovira recordó que en un protocolo aprobado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) uno de los primeros puntos establece la necesidad del traslado inmediato al prestador de salud cuando el paciente presenta síntomas graves, lo que en ese caso no se cumplió. “Es por esto que decimos que la Fiscalía debe estar atenta”, dijo, en referencia a uno de los puntos de las recomendaciones del Cien, que plantea que se debe determinar si las muertes ocurrieron por “malas decisiones” o por una “atención inadecuada”. “Si se declara que hay lugar en los CTI, una persona que requiere tratamientos intensivos debe ser inmediatamente ingresada. ¿Cuál es el motivo por el que no se la ingresa? ¿Interviene un factor de evaluación sanitaria de cada paciente o intervienen criterios generalizados sustentados en discriminación por edad?”, son algunas preguntas que se hizo la entrevistada.
Vacunación y rehabilitación
En cuanto al plan de vacunación, en un principio el MSP declaró que los residentes de establecimientos de larga estadía eran una de las prioridades y se dispuso su inoculación con dosis de la vacuna de Pfizer. Al respecto, Rovira entendió que “se debió agilizar más la vacunación” y que “15.000 personas residen en establecimientos en Uruguay, según información que arrojan censos que hizo Inmayores en 2016, y “es muy fácil priorizarlas”, redondeó.
Por su parte, agregó que las vacunas están siendo efectivas y dio como ejemplo el caso de Argentina, donde surgieron brotes en residenciales vacunados pero no produjeron muertes. En el caso de España, mencionó que la mortalidad en residenciales ha bajado un 70% desde que se inició el proceso de vacunación.
Otra de las recomendaciones del Cien establece que deben generarse instancias de rehabilitación para los adultos mayores que hayan tenido covid-19, que en particular son muy importantes para quienes hayan estado en cuidados intensivos, explicó Rovira. La especialista agregó que estar en cama por un período de tiempo prolongado genera pérdida de masa corporal y dificultades para adquirir nuevamente la marcha y la autonomía. En paralelo, también es necesario contemplar los aspectos emocionales vinculados al trauma del duelo y al distanciamiento con la familia, “entendiendo que como sociedad tenemos que atender y cuidar a las personas mayores, que son una población importante”. En referencia a las instancias de rehabilitación de los adultos mayores que hayan cursado covid-19, opinó que “los responsables de programas deberían ser los prestadores de salud con la fiscalización del MSP”.
