Las modificaciones que se plantean se refieren al Decreto Ley de Estupefacientes N º 14294, y los artículos comprendidos en la sección de estupefacientes de la última versión de la Ley de Urgente Consideración (LUC) van del 68 al 74.

En los primeros cinco artículos se plantea un aumento de las penas mínimas y máximas para los delitos de distribución, posesión para no consumo y venta, financiación u organización, y la realización o planificación de actos tendientes a la introducción ilegal de sustancias a países extranjeros. El artículo 73 elimina la aplicación de algunas medidas sustitutivas que son dictaminadas por un juez, mientras que el artículo 74 incorpora la condición de agravante cuando se utilice el hogar como “boca” para la venta o distribución de sustancias.

El combate al narcotráfico mediante la ley penal y la persecución policial no ha reducido en ningún lado del mundo el circuito ni el consumo de droga. Sin embargo, el camino utilizado sigue siendo el de la “guerra a las drogas”, que comenzó a tener popularidad en los años 70. Incluso algunos países que han desplegado esta estrategia, como México o Colombia, tienen al narcotráfico fuertemente establecido en sus Estados.

Más tiempo

Florencia Larrosa, diplomada en Política de Drogas e integrante del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) e Imaginario Nueve, explicó que estas dos organizaciones participaron de las discusiones sobre la LUC en el Parlamento y expusieron sobre estupefacientes, penalidad juvenil, procedimiento policial y sistema carcelario. En diálogo con Sala de Redacción aseguró que no existe proporcionalidad en las penas y que lo que están haciendo es encarcelar a la mayoría de las personas que se encuentran en los eslabones más bajos de las cadenas de tráfico. “La mayoría de los encarcelados está por tenencia para no consumo, por venta o por suministro, que son los delitos más chicos. Se persigue a las poblaciones más vulnerables que se incorporan al tráfico por una cuestión de supervivencia”, afirmó Larrosa.

Mientras en otros países es penalizado, desde 1974 el consumo de cualquier sustancia en Uruguay es legal. Esa diferenciación hace al país bastante liberal en cuanto a su política de drogas. De alguna manera cuando se empezó con la regulación del cannabis se trató de ir hacia un sistema menos represivo, sin embargo, ahora con la LUC se hace un reforzamiento hacia la represión penal.

Regularizar el resto de las drogas
En Uruguay la marihuana fue regulada en el año 2013 mediante la aprobación de la ley 19.172 (promulgada en diciembre del 2014). Esta ley se orienta a minimizar riesgos y reducir daños, controlando la importación, producción, venta y consumo de la marihuana. Pero existen otras drogas que también están en circulación y no están regularizadas: la cocaína, el LSD, el éxtasis, los cristales, la pasta base, entre otras.

Según Julio Calzada -impulsor de la ley 19.172 y actual secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND)- y Gustavo Robaina, integrante del Monitor Cannabis, el aumento de penas no es el camino adecuado para combatir el narcotráfico. Ambos concuerdan en que una de las mejores opciones a futuro es la regularización de las demás drogas ilegales, así como se hizo con la marihuana. Claramente esa regularización debe contemplar las características de cada sustancia, ya que no se puede aplicar la misma política para todas. La regularización va a permitir llevar un control de los precios, la calidad del producto, va a evitar que aumenten los crímenes entre bandas y la violencia en los barrios por el control económico. Pensar en una medida así puede parecer algo complicado y poco viable, pero si se observan los resultados de la regularización de la marihuana se puede apreciar que este submercado logró robarle 20 millones de dólares al narcotráfico y al crimen organizado.

Vanesa Baliero

Hace tiempo que Uruguay es catalogado como paraíso fiscal de lavado de activos. Sobre este aspecto Larrosa comentó que “con la regulación financiera que se había intentado en los años anteriores, se podían perseguir mejor los delitos de lavado de activos, que están muy relacionados con los delitos de drogas. Ahora lo que se hace con la LUC es desregularizar toda la cuestión financiera, lo que va a permitir mayor discrecionalidad en la persecución” de este tipo de acciones ilegales.

Para Larrosa, durante los gobiernos anteriores la política era ir reprimiendo al microtráfico, las bocas y la pasta base, lo que fue generando un efecto sobre el territorio que terminó reforzando la violencia. Lo que se recomienda es no ir únicamente hacia el ataque frontal, sino investigar los lavados de activos. En el mercado global de drogas Uruguay no es un país de producción como Colombia, Perú o México, sino que es un país de tránsito y “para que sea un país de tránsito tenes que tener fronteras, aduanas, aeropuertos y puertos corrompidos” agregó.

¿Más encierro?

La integrante de Serpaj e Imaginario Nueve también manifestó que durante el último tiempo ha venido creciendo el número de personas encarceladas, y sobre todo en los últimos años ha habido un crecimiento del encarcelamiento de mujeres. Esto “se está dando en toda Latinoamérica, donde las mujeres quedan muchas veces responsables de los negocios ilegales una vez que los hombres caen presos. A su vez, muchas veces las familias dependen de esa mujer, y cantidad de niños quedan desprotegidos cuando también caen [presas]”.

De acuerdo al informe Mujeres, política de drogas y encarcelamiento que publicó la Junta Nacional de Drogas (JND) en 2019, el 32 por ciento de las mujeres privadas de libertad lo están por motivos vinculados a delitos no violentos de drogas, a diferencia de los varones, en los que esos delitos sólo representan el 8 por ciento.

Un problema complejo que tiene Uruguay es el hacinamiento en cárceles. Después de Brasil, es el país sudamericano con la tasa de encarcelamiento más alta y eso limita las posibilidades de que en los establecimientos penitenciarios exista un proceso educativo y laboral, además de desistimiento del delito por parte de las personas encarceladas. Tampoco existe buena asistencia a las personas con problemas de consumo dentro de los recintos. 

Diego Olivera, ex secretario de la JND, opinó a Sala de Redacción que un aumento de penas prolongaría la duración del encarcelamiento y la LUC aumenta de forma genérica la pena para todos los casos, al tiempo que elimina la posibilidad de redimir penas por estudio y trabajo. Además, no atiende ningún otro componente del problema de las drogas, sólo a través de los castigos a los distintos delitos. “Se pretende disminuir la probabilidad de que alguien se involucre en el narcotráfico con las actividades conexas y en realidad lo que sabemos, por la evidencia disponible y los especialistas en la materia, es que un aumento de penas de este tipo no achata la curva de los delitos de drogas. No es un desincentivo efectivo para que las personas que se involucran en el narcotráfico dejen de hacerlo”, afirmó el ex jerarca.

Agarrar al grande

Según Olivera, sería apropiado que se apuntara a la proporcionalidad de las penas para las actividades de microtráfico, ya que por lo general las redes captan personas que están en una situación de mucho estrés socioeconómico o con dificultades personales. El microtráfico siempre encuentra grupos con vulnerabilidades específicas, involucrando muchas veces a esas personas a través de la coacción y presión. “En esa arista de la venta minorista de estupefacientes tienen que primar las actividades y políticas direccionadas a la inclusión social, laboral, el desarrollo de las comunidades afectadas por el narcotráfico, también debe explorarse el camino de la regulación legal del mercado y el control de los mercados de acceso a algunos estupefacientes”, sentenció.

En Uruguay el narcomenudeo  -el comercio ilegal a pequeña escala- funciona a partir de la comercialización en hogares. En la mayor parte de los casos son familias pobres, y un agravamiento de las penas sobre esta actividad específica como propone la LUC seguiría cargando la acción punitiva sobre las personas mas débiles.

Olivera mencionó que está claro que es una medida que apunta a proteger el desarrollo familiar, para que los niños o adolescentes no se vean afectados por el tráfico de drogas en sus hogares. “Tiene cierta perspectiva urbana, de mejorar la ciudadanía en el entorno de las casas vecinas a donde se puede traficar droga, desestimulando que se comercialice allí, pero también puede ser un incentivo para que se comercialice más en esquinas, plazas y vías públicas como pasa en otros países. La actividad no desaparece, sino que se desplaza a otros escenarios”, declaró.

Otra mirada

Para Olivera sería mejor seguir “el camino de profesionalizar la policía, mejorando sus condiciones laborales para que estén menos expuestos a situaciones de abuso y corrupción y que se sigan mejorando los componentes que hacen a la investigación en el aparato policial y en otras fuerzas de seguridad, como la prefectura o la policía aeroportuaria. También es necesario un desarrollo de la fiscalía”, resumió.

Clara Musto, representante de la organización Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia, destacó en la comisión especial que estudia el proyecto de la LUC en el Parlamento que cuando se disminuyen las posibilidades de castigo que tiene el sistema jurídico, limitándolas a la privación de libertad para procesar, prevenir y reprimir los delitos de drogas, se disminuye la cantidad de personas que entran en contacto con el sistema jurídico. “Cuando los jueces y los fiscales tienen más herramientas para castigar, castigan a más personas. Y cuando solo tienen un número limitado de herramientas, castigan a menos personas; solo a aquellas adecuadas a los castigos disponibles”, sostuvo.

También sucede que la mayoría de las personas encarceladas por delitos de drogas, por ejemplo en EEUU, son población pobre y negra. Esto demuestra que de alguna manera también estas penas sirven para criminalizar aquellos sectores más vulnerables o vistos como peligrosos. 

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