La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, sufrió un intento de asesinato en la puerta de su casa, en el barrio Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, mientras saludaba a sus militantes. Este hecho se dio en el marco del onceavo día de manifestaciones en apoyo a la expresidenta, luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera doce años de prisión por la causa conocida como “vialidad”, que investiga la adjudicación de contratos de obras públicas en su gobierno y en el de Néstor Kircnher.
En la noche de jueves, un hombre que luego fue identificado como Andrés Sabag Montiel, de nacionalidad brasileña, apareció entre la multitud e intentó efectuar un disparo en el rostro de Fernández, pero no lo consiguió y luego fue detenido por las fuerzas de seguridad.
A través de una cadena nacional, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, calificó al hecho como “el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado la democracia”, comentó que este atentado merece un enérgico repudio de toda la sociedad argentina y que, por una razón aún no confirmada, el arma contaba con cinco balas, pero no se disparó pese a haber sido gatillada.
Por último, pidió el esclarecimiento del caso a la jueza y que asegure la vida del acusado que se encuentra detenido. Este viernes, el mandatario declaró feriado nacional “para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta”.
Dirigentes políticos del oficialismo y oposición se solidarizaron con Cristina Fernández y exigieron el esclarecimiento del hecho, así como también lo hicieron políticos y mandatarios de diferentes países de la región. Este incidente no fue el primero, ya que en la noche del miércoles un joven repartidor de comida sacó una herramienta de su mochila con el fin de agredir a los militantes que se encontraban en el domicilio de la vicepresidenta.
La causa en cuestión
En la última jornada de alegatos por la causa de vialidad que tuvo lugar hace dos semanas, el fiscal Luciani acusó a la vicepresidenta de ser “autora legalmente responsable de los delitos de sociedad ilícita agravada por su calidad de jefa” y de administración fraudulenta agravada “por haber sido cometida en perjuicio de administración pública”, por lo que pidió una condena de 12 años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El fiscal argumenta que por doce años se estableció un método de corrupción que no pudo garantizar transparencia en licitaciones ni asegurar independencia de los órganos de contratación y que, por ese motivo, el Poder Judicial debe actuar y poner un límite, “aunque no le guste al poder político de turno”. Aseguró que la actual vicepresidenta desafió al tribunal cuando aseveró que fue la historia quien la absolvió, cuando ese rol corresponde al Poder Judicial, sumado a que los gobernantes deben rendir cuentas de sus acciones.
Luciani repasó el transcurso del juicio, que lleva más de tres años, más de 130 audiencias y más de 114 testigos, y planteó que tuvieron muchas dificultades para llegar a esta instancia. Por ejemplo, habló del fallecimiento del fiscal Alberto Nisman en el inicio de la causa, recusaciones a los jueces y una pandemia que suspendió el juicio por unos meses.
Luciani cree que en esta causa se ha constatado y comprobado que “el Estado de Derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados” y que hubo abusos de poder, atropellos constantes de las normas que regulan la contratación pública para beneficiar ilegalmente y “de manera millonaria” al grupo empresarial de Lázaro Báez, con quien el matrimonio de Fernández y Kirchner tenía innumerables negocios comerciales, según planteó. En el petitorio final, el fiscal pide una condena de 12 años para Báez por considerarlo autor penalmente responsable del delito de sociedad ilícita, agravada por su calidad de organizador y partícipe primario, y penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida en perjuicio de administración pública.
“Este juicio debe marcar un antes y un después en materia de corrupción de la administración pública”, sentenció. Asimismo, cree que este juicio tiene que ser un hito que modifique la corrupción de sus gobernantes y que ahora a cada uno de los jueces les toca ejercer su relevante misión. “Señores jueces, este es el momento: corrupción o justicia. Insisto, es corrupción o justicia y ustedes tienen la decisión”, insistió.
Respuesta
La primera reacción de la vicepresidenta ante el pedido del fiscal fue a través de Twitter, donde comentó que instruyó a sus abogados para ejercer su derecho a defensa en el juicio y solicitó la ampliación de su declaración indagatoria para el día siguiente. Luego de que la petición fue negada, Fernández calificó al tribunal de ser “un pelotón de fusilamiento mediático judicial”.
Al día siguiente, a través de sus redes sociales, la vicepresidenta publicó un video en el que hizo su descargo y catalogó que el alegato del fiscal no es más que un guión y que no tienen ningún tipo de prueba en su contra.
Fernández comunicó que a mediados de 2015, a partir de la denuncia de la entonces diputada Elisa Carrió, el fiscal Gerardo Giordano determinó que dentro de esas 49 obras no había hechos de corrupción. Además, concluyó que con el cambio de gobierno y la asunción de Mauricio Macri como presidente y un nuevo director en el área de vialidad, la primera medida fue la auditoría de un solo distrito, Santa Cruz, y en manos del juez Julián Ercolini, que cinco años atrás se declaró incompetente.
La vicepresidenta denunció que desde ese momento “comenzó una feroz campaña política y mediática” y que el planteo que se le hace a la sociedad es que se habría cobrado por obras que nunca se desarrollaron. Fernández apuntó contra Macri y su gobierno, al que acusó de destruir lo que el kirchnerismo logró en doce años, a los que se refirió como los mejores de Argentina.
“Nos piden 12 años por la memoria, la verdad y la justicia, por el FMI [Fondo Monetario Internacional], por las Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, por el salario de los laburantes, por el no endeudamiento, por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”, concluyó. Por último, determinó que “esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo”.
Un izquierdo apoyo
Rápidamente, el presidente Fernández comunicó su apoyo a su vicepresidenta a raíz de la acusación del fiscal, y lo hizo en conjunto con los presidentes de Bolivia, Luis Arce, de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Andrés Manuel López Obrador. En un documento manifiestan su respaldo hacia ella, califican a este momento como “una injustificable persecución judicial” y condenan rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar contrincantes políticos.
De forma personal, el presidente argentino afirmó en entrevista a A dos voces que la vicepresidenta no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen, que involucrarla es “un error judicial estrepitoso” y calificó al juicio como “un disparate jurídico”, ya que ella y su difunto esposo han sido personas honestas.
Respecto a la posibilidad de indulto si Fernández llegara a ser condenada, el presidente respondió que es la propia vicepresidenta la que no quiere pensar en ello. Según agregó, él realizó un “análisis crítico” de esa posibilidad. Según dijo, se debería confiar en el funcionamiento de la Justicia en un sistema republicano que funciona a pleno, pero consideró que la justicia actual se parece más a la de una monarquía que a la de una democracia, porque se aplica a favor de los poderosos. Por último, apuntó contra los medios y dijo que no le cabe ninguna duda de que “han logrado establecer una condena mediática.
El destino de la actual vicepresidenta de la nación argentina está en manos del Tribunal Oral Federal 2, comprendido por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
