Decenas de miles de colombianos salieron a las calles en movilizaciones que comenzaron hace una semana, en principio bajo la consigna #NoAlaReformaTributaria. Esa leyenda, que se impregnó en cánticos, pancartas, camisetas y afiches, considera que la reforma impulsada por el gobierno del presidente Iván Duque es “hambre y miseria para el pueblo”.
En consecuencia, Duque anunció el domingo el retiro del proyecto de reforma tributaria, en una alocución que hizo desde la Casa Nariño, residencia oficial y principal sede de trabajo del presidente. Señaló que hay que “tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar la incertidumbre financiera”.
¿Qué proponía la reforma?
El proyecto había sido presentado bajo el título de “Ley de Solidaridad Sostenible” y tenía el objetivo de recaudar aproximadamente 23 billones de pesos colombianos (6.300 millones de dólares), que equivalen a 2% del Producto Interno Bruto (PIB) para solventar los gastos generados durante el primer año de pandemia.
Esta ley aplicaba el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en Colombia grava con 19%, a los servicios públicos (agua, luz y gas) y productos básicos de la canasta familiar, servicios funerarios, aparatos electrónicos, entre otros.
A punta de represión
Si bien la mayoría de los manifestantes marchó de forma pacífica, pronto el ambiente se tornó violento y algunos aprovecharon la situación para generar disturbios y saquear centros comerciales. Como respuesta, funcionarios de la Policía Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) se enfrentaron a los manifestantes con armas y gases lacrimógenos con el fin de dispersarlos.
En Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina, decretó toque de queda en toda la ciudad a partir de la 1.00 con el fin de detener la revuelta. Sala de Redacción se comunicó con Mariana Gómez, una manifestante que vive en esta ciudad, que expresó: “estábamos tranquilos marchando cuando llegaron los policías a lanzar gases lacrimógenos y a agredir compañeros, a algunos hasta matarlos. Cuando los policías nos provocan y nosotros respondemos, es cuando nos tratan de vándalos”, sentenció.
En Medellín, se registró exceso de fuerza y abuso por parte de la Policía y el Esmad; los funcionarios de estas entidades utilizaron sus armas de dotación y comenzaron a golpear a los manifestantes.
Si bien no hay registro de cifras oficiales, desde el inicio de las manifestaciones, el 28 de abril, la organización no gubernamental Temblores ONG, ha contabilizado 1.773 casos de abuso policial, 936 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 341 intervenciones violentas, 275 víctimas de violencia física por parte de la Policía, 115 casos de disparos de arma de fuego, 37 víctimas de violencia homicida, y 10 víctimas de violencia sexual.
En alerta roja
El 1 de mayo, pese al toque de queda en algunas ciudades, las colombianas y los colombianos salieron a las calles a protestar de forma pacífica. El comportamiento de la mayoría de los ciudadanos no impidió que se presentaran actos violentos a lo largo de la jornada. Hubo casos de abuso policial en las marchas y también en las viviendas: “estaba en mi casa con mi familia cuando empiezo a escuchar a los vecinos gritando, miro por la ventana y veo a la Policía lanzando gases lacrimógenos a las casas” comentó a Sala de Redacción Luis López, que vive en Medellín, quien explicó que los habitantes de la ciudad ni en sus casas se sienten seguros porque “los policías no respetan y se meten a las unidades a dañar vehículos y a agredir a las personas sin justa razón”.
Los sindicatos y líderes del paro nacional exigen que el gobierno negocie el pliego de emergencia que fue presentado en 2020 y que busca recoger “las necesidades básicas y urgentes que se requiere para aliviar la grave situación de miseria en que se está hundiendo el pueblo colombiano”, según pide la carta enviada al gobierno. El pedido incluye, entre otros temas, crear una renta básica, apoyar a pequeños empresarios y proteger a los líderes sociales.
¿Quién responde por las muertes?
En la madrugada del lunes 3 en Vía Cali Palmira, fue asesinado Nicolás Guerrero, un joven manifestante que se encontraba en una velatón, como se denominan los homenajes masivos que se realizan en Colombia para orar por los fallecidos en las movilizaciones.
“Nosotros nos convocamos para realizar un plantón pacífico en honor a las múltiples víctimas”, contó Karen Montoya a Sala de Redacción, quien se encontraba presente en el velatón. “Todos estábamos tranquilos cuando llegó el Esmad a dispersar la manifestación con gases lacrimógenos y disparos, todo el mundo empezó a correr y Nicolás fue sorprendido por un disparo en la cabeza”, relató. Finalmente, lamentó que “a pesar de que muchos ciudadanos trataron de auxiliarlo”, murió momentos después.
El suceso conmocionó a todo el país en parte porque la tragedia ocurrió mientras un manifestante se encontraba haciendo un “vivo” para Instagram, en el que participaban más de 100 mil personas. Todos los espectadores pudieron observar cómo un agente del Esmad disparó a sangre fría contra Nicolás Guerrero.
En el cierre de la jornada de protestas del 1 de mayo, el presidente Duque ordenó al Ejército Nacional a salir a las calles para reparar la crítica situación. “La Policía no es suficiente para salvaguardar la seguridad en estos momentos”, expresó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.
Esta estrategia se desarrollaría en las ciudades que han presentado mayores disturbios, como Bogotá y Cali. Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó a través de Twitter que “algunos actos vandálicos aislados obligaron a la intervención policial” pero aseguró que, pese a las dificultades, “nuestra Policía Metropolitana tiene la situación bajo control”. En la misma línea, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó a través de Twitter que no solicitará asistencia militar adicional en el marco de las movilizaciones actuales.
Por su parte, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas del Observatorio de Derechos Humanos, expresó en redes sociales que la militarización para controlar protestas “va en contravía de los estándares internacionales de los derechos humanos y que esto generará más consecuencias para el país”.
No es suficiente
Pese a que el proyecto de reforma tributaria fue retirado, los colombianos ahora batallan en contra de la nueva reforma a la salud, que consiste en un modelo similar al de Estado Unidos, en el que además de pagar la Entidad Promotora de Salud, se tendrá que pagar una póliza por patologías y, en caso de no contar con una, no serán atendidos. Además, el deber del autocuidado tendrá consecuencias: si la EPS argumenta que el usuario “no se cuidó”, la persona deberá pagar su atención. De esta forma, se corre el riesgo de que las multinacionales controlen la salud pública, e impongan reglas del mercado.
El presidente de Colombia, publicó un video en su cuenta de Twitter, en el que invitó al diálogo y criticó los “bloqueos que no dejan llegar alimentos a las familias, oxígeno a pacientes y vacunas”. Señaló que son “una violación de los derechos ciudadanos”, y agregó que lo que Colombia necesita es “volver a trabajar, vacunarse, abrir oportunidades”.
