“La comisión aún no se reunió, pero la voluntad es avanzar en este 2022”, manifestó a Sala de Redacción Bettiana Díaz Rey, diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión Especial de Equidad y Género. La Comisión de la Cámara de Diputados tiene a estudio dos proyectos de ley sobre un mismo tema, uno presentado originalmente en 2016 por la actual asesora tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ex legisladora, María Pía Biestro, y otro de 2020, del diputado colorado Eduardo Elinger. Ambos proyectos retoman el estudio antropométrico, que había sido planteado en 2007 por el ex diputado nacionalista y actual embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso. La propuesta de Enciso pretendía realizar un estudio de las medidas corporales de la población local, para así establecer una guía de talles acorde a la realidad de los habitantes.
Si bien los proyectos coinciden a grandes rasgos, el planteado por Elinger apunta a incluir el calzado en la sistematización de tallas. Otros aspectos contemplados en los proyectos son el trato digno en los locales de vestimenta para evitar caer en conductas discriminatorias y la prohibición de prácticas abusivas como cobrar más cara una prenda por ser de un talle grande. Las ferias permanentes u ocasionales también están incluidas dentro de esas obligaciones, mientras que se exime a las de segunda mano y a las liquidaciones por cierre o fin de temporada.
Díaz Rey dijo que durante 2021 recibieron en la comisión a representantes del Sindicato Único de la Aguja (SUA), al colectivo de activistas LeydeTallesUY y a la Cámara Industrial de la Vestimenta para contar con una visión global del proyecto y escuchar a todas las voces. El colectivo LeydeTallesUY está integrado por cinco mujeres uruguayas: Lucía Magliano, fotógrafa e influencer; Victoria Ripa, cantante; Valentina Bonnet, modelo; Magdalena Mignone, escribana; y Romina Díaz Cibils, diseñadora de moda, quienes durante 2021 trabajaron sobre lo planteado en los proyectos anteriores.
“La idea es que la ley no sólo combata las malas prácticas, sino que también impulse el desarrollo de la industria de la vestimenta”, afirmó Díaz Rey. También recalcó que más allá de lo que se establezca a nivel normativo, quienes participaron de la discusión en la comisión parlamentaria coinciden en la importancia de tomar acciones que sensibilicen a la industria.
En diálogo con Sala de Redacción, el diputado del Partido Colorado Walter Cervini hizo hincapié en la importancia de que el proyecto “sea bueno e integral”, pero también “aplicable”. Además, planteó que sobre el contralor de la ley aún “no hay nada cerrado” y adelantó que un objetivo a futuro de la comisión puede ser invitar a las autoridades del MEF para intercambiar sobre el funcionamiento de los controles.
Mucho más que ropa
Según Ricardo Moreira, integrante del directorio del SUA, para aplicar una ley de talles primero hay que contemplar la Ley de Vestimenta de 2011. “Nosotros fuimos al parlamento a defender una ley de talles en tanto signifique más producción y puestos de trabajo, pero esos puestos de trabajo deben ser formales”, planteó a Sala de Redacción.
Para el SUA, hay dos aspectos fundamentales que hoy no se aplican: la reglamentación del trabajo a domicilio y la trazabilidad de la producción e importación de prendas. Moreira explicó que, en muchos casos, las trabajadoras del sector lo hacen “a fasón”. Es decir, trabajan para una empresa, pero tienen que constituirse como pequeñas empresas cuando en realidad están en relación de dependencia.
Por su parte, la trazabilidad implica que todas las prendas, tanto las fabricadas en Uruguay como las importadas, lleven una etiqueta que identifique su proceso productivo: quién hizo la prenda y cómo. “Con un valor mínimo, esa etiqueta podría autofinanciar un equipo inspectivo que sea tripartito y fiscalizar el texto de la Ley de Vestimenta”, sostuvo Moreira. Además, consideró fundamental que una ley de talles contemple los aspectos de contralor, inspección y sanciones, para evitar “tropezar dos veces con la misma piedra”.
En la misma línea, Romina Díaz Cibils, diseñadora de moda e integrante del colectivo LeyDeTallesUY, se refirió a la ley argentina aprobada en junio de 2021: “No es punitivista; si no cumplís con la tabla de medidas no hay manera de ponerte una multa”. Díaz Cibils y sus compañeras proponen multas de entre 30 a 1.000 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) y clausuras de hasta cinco días a los locales en caso de reincidencia.
La prohibición del talle único y el derecho a la vestimenta son algunas de sus propuestas para actualizar el proyecto a los tiempos que corren. La diseñadora afirmó que si bien en Uruguay existen tratados acerca de la vestimenta, se refieren a ella en el sentido de “poder taparte, tener algo puesto”.
El colectivo considera que la vestimenta va más allá y no sólo sirve para diferenciarse de los demás, sino que también es un potente agente socializador. “Imaginate a un grupo de amigas que salen juntas y todas usan la misma prenda. Si sos una adolescente con un cuerpo apenas grande vas al local de Piece of Cake, por ejemplo, y no encontrás talle”. Por lo tanto, señaló que a través de la ropa las personas pueden experimentar una situación de exclusión.
En cuanto al talle único, Díaz Cibils explicó que es un término que se utiliza en general para prendas que se estiran mucho, sin contemplar cómo el cliente quiere que le calce la ropa. Al respecto, consideró que la problemática de fondo es que la tienda obliga a la persona a entrar en ese talle, ya que la alternativa es irse con las manos vacías. Asimismo, le preocupa el mensaje que hay detrás de estas prácticas: “Deberías ser físicamente de cierta manera para poder gozar de esta prenda y no lo sos, entonces transformá tu cuerpo para serlo. Nos hicieron creer que podemos moldear nuestros cuerpos a gusto, pero eso no es real”, declaró Díaz Cibils.
