El 10 de octubre de 1991 y como todos los días, Melissa Alfaro fue a la redacción del semanario Cambio, en Lima, su lugar de trabajo desde hacía dos años, donde era jefa de informaciones. En la reunión con el equipo le estipularon que se dirigiera hacia el Congreso peruano para recabar datos sobre un enriquecimiento ilícito del ex mandatario Alan García en su período 1985-1990. Además de las funciones que llevaba como jefa, se encargaba de abrir las correspondencias enviadas para el medio.
En la tarde de ese mismo día, Alfaro volvió a la oficina luego de recoger información, recibió un paquete con un periódico francés, pero al abrirlo explotó y terminó con su vida. Este fue uno de los ataques perpetrados por el régimen de Alberto Fujimori, que significó una muestra de una época de predominio autoritario, del terrorismo de Estado con políticas antisubversivas y de un conflicto armado interno comenzado en los años 80.
Meses atrás ya habían recibido una señal de alerta, cuando una casa frente a Cambio recibió un sobre que contenía una bomba; se había equivocado de dirección, ya que luego supieron que se dirigía al semanario. Los periodistas recibían constantes amenazas, dado que el gobierno impulsaba una ofensiva contra la oposición, a la que relacionaban con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Cambio se caracterizaba por posicionarse con una línea editorial de izquierda y era crítico con los gobiernos de García y de Fujimori (1990-2000).
Cuando llegó a Cambio, Alfaro escribía sobre asuntos vinculados al transporte público, tráfico de terrenos y desabastecimiento de medicamentos, entre otros temas sociales. Luego de un año pasó a la sección política, en la que pudo involucrarse más al momento circunstancial que pasaba el país. Entre las entrevistas que realizó en esa sección, estuvo el segundo vicepresidente del primer gobierno de Fujimori, Carlos García, y otras personalidades políticas.
El fujimorismo y los derechos humanos
Desde el principio de la década de los 80, en Perú había instalada una estrategia antisubversiva que accionaba con masacres y actos de represión. Era un conflicto interno que se había desarrollado y desde las arcas estatales lo justificaban por la existencia de un enemigo -que no conocían- pero que alteraba el orden público. Esta estrategia funcionó hasta 1989, cuando “las Fuerzas Armadas aprobaron un nuevo manual de intervención de guerra antisubversiva, que hablaba de acciones más focalizadas y de aplicar inteligencia”, dijo a Sala de Redacción Gloria Cano, abogada representante de la familia Alfaro. Hasta 1990 las acciones en ese sentido se redujeron, pero se notó que cuando ocurrían eran más selectivas.
Tras ser electo, Alberto Fujimori empezó su gobierno en julio de 1990. En él “se instaló un aparato criminal, con violaciones de derechos humanos, también [con funcionarios] dedicados a controlar todo tipo de institución -Poder Judicial, Fiscalía, Congreso- y a perseguir a los opositores políticos”, contó Cano. Además, dijo que se caracterizó por la corrupción y, por ejemplo, se procedía a la compra de conciencias de parlamentarios para que apoyaran la gestión.
Fujimori organizaba atentados para que los ejecutaran grupos paramilitares que se componían de agentes de inteligencia. “Había una directiva aprobada por el gobierno que hablaba de operaciones quirúrgicas, es decir, intervenciones exactas donde se quería intervenir”, relató Cano.
En diálogo con Sala de Redacción, Edison Lanza, abogado uruguayo y ex relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que la presidencia de Fujimori fue determinada por la CIDH y otros organismos internacionales y estados como “una dictadura”. Agregó que, en esos años, en Perú se vivía “contexto de falta de garantías y de violación de derechos humanos”.
El proceso judicial
Al caer el fujimorismo, luego de que se destaparan los hechos de corrupción y las huidas del país de Fujimori y su jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, para no enfrentar acusaciones, la Ley de Amnistía impidió que se pudiera investigar sobre el caso de Alfaro a nivel judicial. Como la norma impedía cualquier averiguación sobre actos relacionados con la política antisubversiva, con la derogación de la ley, en el año 2000, se comenzó el camino judicial con la presentación de la denuncia nuevamente por parte de la familia de Alfaro. Además, en 2001 comenzó el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, instalada por el gobierno de transición de Valentín Paniagua para realizar un informe sobre el conflicto armado entre los años 1980 y 2000.
En ese momento se reabrió la investigación, pero, según contó Cano, se conocieron detalles de cómo era el entramado interno del Servicio de Inteligencia Nacional del Ejército recién después de 2004. Señaló que fue “a través de los colaboradores eficaces que eran miembros de estos destacamentos de inteligencia que comienzan a confesar sus delitos, a dar señales y documentación de cómo eran los operativos internos de inteligencia y se hace más sólida la investigación del caso de Melissa”.
En 2006, cuando Alan García llegó por segunda vez al gobierno, el proceso por el caso se volvió a trancar. Desde entonces se sigue demorando un juicio oral público en el que los involucrados tienen que declarar y los jueces deben debatir las pruebas para realizar una sentencia absolutoria o condenatoria. Este juicio oral “ha venido siendo entrampado por graves retrocesos, no solamente por el favorecimiento de estas causas sino por los pocos recursos que hay”, declaró Cano. Actualmente, los deficientes recursos que son asignados a la justicia peruana, sobre todo para las investigaciones sobre sucesos vinculados a derechos humanos, genera una sobrecarga y trabas al normal funcionamiento del caso.
Ante este problema, Lanza manifestó que “la obligación del Estado es investigar y sancionar a quienes cometieron el delito y explicar por qué”. En caso de que ello no ocurra, consideró que “se configuran hechos de impunidad que agravan la situación”.
La presentación del caso ante la CIDH
En agosto de este año, frente al estancamiento del caso, la familia de Alfaro junto a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y la Asociación Pro Derechos Humanos -organización que integra Cano- entregaron una petición ante la CIDH en la que exponen los obstáculos que han tenido para el avance de la investigación. El recurso muestra “un desgaste y una revictimización de la familia por la falta de respuesta del aparato judicial”, aseguró Cano.
La presentación del caso ante este organismo también permite que se pueda producir otra investigación, en la que buscan que el Estado sea declarado responsable de los hechos que ocasionaron la muerte de Alfaro. También por la falta de tutela hacia las familias en todos estos años y porque no hay una sentencia firme contra los responsables, como Fujimori, Montesinos y demás integrantes del Ejército peruano. Consultado sobre la petición presentada, Lanza dijo que los casos se atienden por orden cronológico, aunque “la Comisión tiene un presupuesto limitado y no tiene la cantidad de recursos judiciales o de abogados para tramitar de manera oportuna todos los casos”. Esto causa que se atrasen los procedimientos, que se llegan a demorar siete u ocho años.
Sobre las etapas que se ejecutan, Lanza explicó que el caso entra a la Comisión, que lo estudia y, si cumple los requisitos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se inicia el trámite. Se pueden realizar audiencias convocadas por la CIDH, que finalmente llega a un veredicto o una decisión que determina si hubo o no una violación en el caso concreto y eso se lo comunica al Estado, que tiene un plazo para cumplir con una serie de recomendaciones; si se hace omiso, el caso pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El ejercicio del periodismo en un régimen autoritario
Consultada por la práctica del oficio en esos momentos complejos para el país, Cano respondió que así como Fujimori acaparó instituciones como el Congreso, los diarios no escapaban de ello. En particular, dijo que las políticas se basaban en un control total, a través de la infiltración en distintos espacios, ya fueran públicos o privados. Además, contó que se crearon periódicos a los que llamaban “prensa chicha”, que tenían la particularidad de desaparecer al poco tiempo de su creación. “Estaban dedicados exclusivamente al desprestigio de los opositores políticos, sacaban en la portada una fotografía trucada de alguno de ellos y que lo habían encontrado vestido de mujer, recibiendo sobornos o con su amante del mismo género”, agregó.
En cuanto a los demás medios, aclaró que hubo un “copamiento” también en televisión y radios. Además, dijo que se conocieron los videos de Montesinos en los que se nota la compras de editoriales de los canales de televisión nacionales con dinero público, para poder manejar la programación.
Por otro lado, marcó que existía el periodismo independiente o “heroico” en medios que eran atacados por la presidencia. Cano detalló que “trabajaban a duras penas, trataban de informar de lo que ocurría en el país, destapaban las situaciones violatorias de derechos humanos, sufrían mucho por los bloqueos y por los constantes amedrentamientos”.
