El Poder Ejecutivo aprobó, el 25 de octubre, un decreto que impone a las empresas tabacaleras presentar, de manera semestral, una declaración jurada de sus ventas, en la que deberán esclarecer la cantidad de unidades vendidas por mes, tanto de marcas como de tamaños. Esta decisión del gobierno dista de la política de flexibilizar las disposiciones de empaquetado de cigarrillos que había intentado impulsar el Ejecutivo en setiembre, medida que fue valorada como un retroceso sobre el control antitabaco y que, finalmente, la Justicia rechazó. El control sobre las ventas de estos productos se apoya en la serie de medidas que incluye el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, firmado en 2003 y ratificado por Uruguay en 2004.
En diálogo con Sala de Redacción, Eduardo Bianco, cardiólogo, miembro de la Alianza de la Sociedad Civil para el Control y Prevención de las Enfermedades No Transmisibles (Alianza ENT) y especialista en Tratamiento del Tabaquismo, hizo énfasis en que esta medida de control sobre la venta de cigarrillos es importante para enfrentar el problema del tabaquismo, el cual se estima que provoca un 15 por ciento de las muertes en nuestro país y genera un impacto económico superior al 2,5 del PBI (cerca de 1.500 millones de dólares). Bianco aseguró que la magnitud del problema es de carácter sanitario, económico y medioambiental, y que detrás existe una fuerza comercial como la industria tabacalera -multinacional y nacional- que tiene incidencia en las políticas públicas y que durante mucho tiempo evitó las regulaciones, hasta el desarrollo de un tratado mundial para regular el tabaquismo como es el Convenio Marco que se discutió entre 2000 y 2003.
“Cuando se quiere regular y realmente tener un impacto en este problema complejo, se tiene que regular el producto, desestimular el consumo a nivel social al tiempo que se ayuda a los fumadores a resolver la adicción, y regular la industria tabacalera”, explicó el especialista. En este último punto incide, a su entender, la medida de conseguir información sobre el tipo de productos que se están vendiendo y cuáles se venden más. El decreto especifica que las tabacaleras también tienen que proporcionar información sobre la venta de “los dispositivos electrónicos para la administración de nicotina que emplean una tecnología de tabaco calentado”, algo que fue habilitado por la actual administración, en marzo de 2020.
¿Por qué es importante? Bianco respondió es una medida que sirve para saber acerca de la evolución de las ventas totales, porque uno de los problemas del Estado es que tiene pocas herramientas para saber qué es lo que está pasando, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General Impositiva pueden saber cuánto aportaron las empresas por las ventas en general, pero no por los diferentes productos, y “con este nuevo control se tiene una mejor idea de por dónde está yendo el mercado”. Argumentó que el acceso a “información acerca de lo que la industria tabacalera vende” es algo que está explicitado en los artículos 9 y 10 del Convenio Marco.
El especialista en Tratamiento del Tabaquismo expresó que hay un conflicto inherente entre la salud pública y la industria tabacalera. “El objetivo de cualquier industria es incrementar sus ganancias y para incrementar sus ganancias, tiene que aumentar sus ventas; si la industria aumenta sus ventas, aumenta la cantidad de muerte y enfermedad en el país, entonces eso va en contra de la salud pública, por lo cual, lo que es bueno para la industria tabacalera es malo para la salud pública y lo que es bueno para la salud pública -disminuir el consumo y por tanto disminuir las ventas- es malo para la industria tabacalera”, razonó. No hay punto de acuerdo y no se puede llegar, porque uno va decididamente en contra de los intereses del otro.
Datos del consumo
Bianco manifestó que se está muy lejos de haber resuelto el problema del tabaquismo en Uruguay, ya que todavía hay una prevalencia de consumo de tabaco de un 19 por ciento. Acotó que, a su vez, existe una inequidad social enorme porque en los niveles socioeconómicos más avanzados, la prevalencia está más cerca del 10 por ciento, mientras que en los niveles socioeconómicos más bajos se sitúa en torno al 30 por ciento. El miembro de la Alianza ENT aseguró que esta inequidad social no se ha resuelto porque ninguno de los gobiernos invirtió adecuadamente en trabajar esta epidemia, salvo a través de la acción del Fondo Nacional de Recursos (FNR), que ha invertido en medicación y en políticas contra el consumo. “Lo lógico es que se relacione con la política de precios e impuestos”, valoró, y especificó que “los aumentos anuales del precio a través de los impuestos tienen que estar por encima de la inflación y eso en muchos períodos no ocurre”. Según Bianco, “si se hace eso, el país no solamente va a recaudar más, sino que va a disminuir el consumo”, detalló. Planteó, además, que se tiene que ayudar a dejar de fumar, “si bien hay un esfuerzo por parte del FNR que se mantiene desde el 2004, ha disminuido esa intensidad y no se está ayudando adecuadamente a todos los fumadores”. Para eso, propuso “tener una línea telefónica gratuita de acceso en cualquier momento que pueda apoyar y orientar a los fumadores a cómo conseguir ayuda extra, a cómo conseguir la medicación”.
Un gran punto a abordar es el combate al contrabando y Uruguay tiene la obligación de aplicar un protocolo de comercio ilícito del tabaco. Bianco informó que el precio del tabaco de contrabando es 40 por ciento más barato que el tabaco legal, y desarrolló que “sí es más barato el precio de este producto, es más accesible” y apuntó que “tanto los cigarrillos de contrabando como el tabaco de armar son los productos que utilizan la gente de menor ingreso, lo cual lleva a que fumen más que la población general”. El cardiólogo explicó que todavía muchas de las estrategias del Convenio Marco que no se están cumpliendo: “realmente hubo un muy buen impacto los primeros cinco años de aplicación y en el segundo gobierno de Tabaré Vazquéz se volvió a repuntar un poco, pero no se tuvo el mismo impacto y lo que esperábamos de reducción de la prevalencia del tabaco no se ha visto en los adultos”, lamentó.
De la flexibilización al control
El especialista en Tratamiento del Tabaquismo expresó que la intención de modificar el empaquetado “generaba la posibilidad de poder usar el paquete como una herramienta de publicidad, ya que a medida que se avanza con regulaciones, las empresas tabacaleras buscan hacer, por decirlo de alguna manera, ‘trampas’ para superar los obstáculos y tratar de contrarrestar por medios que a veces están más allá de lo legal las dificultades de hacer los productos menos accesibles, menos deseables para la población”.
Patricia Triunfo, economista y docente del Departamento de Economía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, consideró, en diálogo con Sala de Redacción, que el objetivo del decreto de modificación del empaquetado era abaratar la cajilla para competir con el contrabando y resaltó que el objetivo debe ser la salud de la población. Recordó que Uruguay ratificó en 2014 el Protocolo para la eliminación de comercio ilícito de los productos de tabaco y que, por tanto, se debe avanzar sin dudas en combatir el contrabando. Triunfo destacó que “el decreto debilitaría el empaquetado neutro y se daría nuevamente poder a la industria para promocionar su producto a través del paquete”. La economista aseguró que en los países en donde la publicidad está restringida, como es el caso de Uruguay, el paquete de cigarros es un método importante para transmitir mensajes sobre sus características. “Las compañías tabacaleras le asignan un rol clave al paquete como vendedor silencioso, para generar conciencia de marca, incrementar el atractivo de la misma, mantener y aumentar la porción del mercado, transmitir la idea de que el producto no es riesgoso y contrarrestar el impacto de otras regulaciones”.
La docente expresó que se ha estudiado el impacto del empaquetado neutro o plano en Uruguay “en base a un análisis experimental y utilizando la técnica de análisis conjunto, que trata de descomponer las preferencias de los consumidores por cada uno de los atributos de un producto”. Según detalló, “se analizó la percepción de riesgo de los consumidores frente a diferentes paquetes de cigarrillos”; los atributos que se tuvieron en cuenta fueron color, advertencias sanitarias y tipo de paquete, dijo. Triunfo reveló que los resultados permitieron concluir que el empaquetado plano (paquete sin distintivo de marca, color y tipografía uniforme, y mismas advertencias) incrementa el riesgo percibido de los cigarrillos, incluso en un entorno altamente regulado, como es el caso de Uruguay. A partir de 2019, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en exigir el empaquetado neutro de productos de tabaco, y el séptimo del mundo, después de Australia (2012), Francia y Reino Unido (2017), Nueva Zelandia y Noruega (2018) y Tailandia (2019), explicó la docente.
Dentro de las fuerzas de presión para la aprobación del decreto aprobado en setiembre, Triunfo señaló que “fue reconocido por el presidente [de la República] que fue a pedido de Montepaz, lo cual entiendo va en contra del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, puesto que en el punto 5.3 se menciona que se deben proteger las políticas de salud pública referidas al control de tabaco de los intereses comerciales de la industria tabacalera”. La economista señaló, además, que las campañas integrales, como la de Uruguay, deben ser evaluadas de forma continua, porque de alguna manera se pueden “agotar”. “Nos acostumbramos a ver las imágenes en las cajillas y no nos afectan igual; debemos avanzar en estudios empíricos que, por ejemplo, analicen el costo-efectividad de programas de cesación, el impacto de los impuestos en reducción de las prevalencias, aumentos de la recaudación, contrabando”, explicitó Triunfo.
