La 12° Marcha por la Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, convocada por la Coordinaloca, comienza este 10 de octubre con una concentración a las 14 horas en el callejón de la Universidad. A las 17.30 y desde la Udelar, la marcha irá hasta la Plaza Seregni bajo la consigna “Colectivizar la memoria, desmanicomializar la vida. ¡Manicomios nunca más!”.

En tratamiento

La salud mental fue uno de los temas sobre los que Karina Rando expresó mayor preocupación al asumir la conducción del Ministerio de Salud Pública en marzo de este año. A fines de junio, en rueda de prensa, el gobierno presentó el “Plan Nacional para la Salud Mental y el Tratamiento de las Adicciones”, que se pondría en funcionamiento en enero del próximo año y requiere 20 millones de dólares.  

Tal preocupación es compartida y reclamada por diferentes colectivos sociales. Es por esto que el pasado 21 de setiembre se celebró por primera vez en nuestro país el Día del Orgullo Loco –Mad Pride en inglés-, una celebración que se realiza a nivel mundial para reivindicar los derechos de los pacientes psiquiátricos y visibilizar la violencia que sufren en las instituciones de salud mental. 

El electroshock “borra nuestras memorias y recuerdos más preciados, que son constitutivos de nuestra identidad. Y si bien somos loques, no masticamos vidrio y sabemos que hay estudios que indican que estos tratamientos no deben aplicarse más”, decía la proclama oficial del Día del Orgullo Loco. El movimiento en Uruguay, según explican, nace desde la lucha y la resistencia a tratamientos que “vulneran nuestros derechos y afectan notoriamente nuestra calidad de vida”.

“Funcionamos durante 15 años al lado de la sala donde se practicaba la micronarcosis y un día un funcionario me dijo: ‘Yo veo a la misma gente pasar año tras año y lo único que pasa es que empeoran’”, relata a Sala de Redacción Cecilia Baroni, psicóloga y fundadora de la radio comunitaria Villardevoz, que funcionó hasta 2020 en las instalaciones del Hospital Vilardebó, justo al lado de la sala de electroshock. “El efecto de la electricidad en el cuerpo los va deformando, les va sacando habilidades”, amplía Baroni.

Villardevoz tiene tres grandes objetivos: contribuir a la rehabilitación, facilitar la comprensión social sobre la salud mental y promover la producción de conocimiento y formación profesional. Por ello, su fundadora subraya la necesidad de poner sobre la mesa los reclamos que surgen de los propios pacientes, especialmente los que son acerca del tratamiento de electroshock por entender que es “una práctica que a nivel internacional debería ser considerada una tortura”.

En nuestro país, se utiliza regularmente la terapia electroconvulsiva en el Hospital Vilardebó, en el Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (Ceremos), en diversos centros departamentales de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y en clínicas privadas.

La terapia electroconvulsiva, electroshock o micronarcosis es un tratamiento ampliamente debatido entre los profesionales de la psiquiatría y uno de los más cuestionados por pacientes y activistas de la salud mental. El método consiste en el pasaje de corriente eléctrica a través del cerebro para estimularlo e inducir convulsiones de entre 20 y 90 segundos. De acuerdo a la Task Force on Electroconvulsive Therapy de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), este tipo de terapia está indicada para episodios del trastorno depresivo recurrente, trastorno bipolar, esquizofrenia catatónica, esquizofrenia paranoide y trastornos esquizoafectivos.

El principal problema del uso de electroshock es que los profesionales acuden a este tipo de terapia “para ahorrar tiempo”, dice Baroni, y comenta que años atrás existía un gran abuso de la técnica. Cuando una persona llegaba a la emergencia del Vilardebó, “la primera respuesta era dar electroshock”. La persona pasaba a la sala sin que fuera analizado previamente su perfil, únicamente por decisión del médico, y “en el mejor de los casos” la familia firmaba el consentimiento. 

En la misma línea, Gabriela Etcheverry, docente e integrante de la Comisión Asesora de Salud Mental de la Facultad de Psicología, señala en diálogo con Sala de Redacción que si bien la micronarcosis es efectiva para que, por ejemplo, una persona deje de delirar, la técnica “se aplica indiscriminadamente sin ponerse en interrogación” y en vez de hacer un trabajo previo de acompañamiento se va “directamente a la aplicación”. 

“No digo que es mala la técnica en sí misma porque entiendo que se apunta a disminuir lo peligroso de la persona que tiene un padecimiento mental, pero es importante revisar cuál es el contexto de su utilización”, expresa, y expone que muchas veces no se pide el consentimiento de los pacientes porque “se entiende que esa persona no está en condiciones para contestar”, pero eso es un atentado a los derechos humanos “grande como una casa”. 

Una práctica controversial

La terapia electroconvulsiva es uno de los procedimientos psiquiátricos más antiguos pero también de los más cuestionados dentro y fuera de la comunidad científica. Alrededor del mundo existen profesionales y pacientes que consideran que hay una imagen negativa innecesaria de esta técnica, y otros que forman parte de campañas internacionales para que se prohíba su aplicación.

Consultada por los grandes debates que giran en torno a esta técnica, Etcheverry explica que la micronarcosis es “muy controversial” porque “se usa mundialmente desde 1938”, pero los estudios al respecto “no son 100% concluyentes acerca de los beneficios ni de los efectos que produce” y, por tanto, “no hay un consenso” sobre su uso. Anteriormente, las personas “sufrían quebraduras o se les rompían los dientes” como resultado de las convulsiones que produce ese tipo de terapia, señala.

En el informe “Terapia Electroconvulsiva en Uruguay 2019-2020” del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), se reconocen los cuestionamientos de esta terapia “desde el punto de vista de los derechos humanos”, pero se explica que la discusión refiere a las condiciones erróneas de su uso, como su aplicación sin anestésicos o relajantes musculares, la inexistencia de protocolos, la administración sin consentimiento “libre e informado” o a personas menores de edad. “Esta forma de aplicación suele provocar dolor, sufrimiento y ocasionar secuelas, por lo que puede constituir situaciones de tortura y otros malos tratos”, indica el informe.

Aunque no hay una definición clara de todos sus efectos secundarios, se han documentado casos de pérdida de memoria, amnesia y problemas de cognición en los que “las personas ven disminuida su capacidad intelectual” luego de varias sesiones de electroshock. Esto se agrava por el hecho de que “el electroshock no previene para nada la recaída” y los pacientes pueden volver a encontrarse en la situación de que “haya que volver a usarla”, comenta Etcheverry. Otro cuestionamiento es que “lo único que hace es sacar el síntoma” sin llegar a identificar cuál es “el problema base”. “Entiendo lo difícil que es la vida de alguien que delira, no estoy romantizando la locura, pero no sabemos si para esa persona vivir en un estado de delirio no es algo que le funciona mejor para vivir en este mundo”, formula Etcheverry. “Acá mucha gente le dice micronarcosis porque parece un nombre más amable, pero en definitiva lo que se hace es pasar una corriente eléctrica por el cerebro de una persona, es terrible, prefiero que se generen las condiciones para que estos tratamientos no ocurran”, concluye.

En la antesala del Día Mundial de la Salud Mental, la Organización Panamericana de la Salud declaró que el foco de este año está en impulsar el compromiso global dado que en “las Américas continúan persistiendo el estigma, la discriminación y las violaciones de derechos humanos”. Por ello, bajo el lema “La salud mental es un derecho humano universal”, los países deben comprometerse a promover iniciativas regulatorias y normativas que validen la salud mental como derecho humano universal y limitar “las prácticas que favorecen las violaciones de derechos humanos”. 

Para Uruguay se lanzó oficialmente la Campaña Intersectorial 2023 de Salud Mental, a cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La actividad se realizó este lunes en el salón de actos de la INDDHH bajo la consigna “La Salud Mental solo se construye en comunidad”, con la que se busca “posicionar y consolidar el cambio de paradigma en Salud Mental” desde un abordaje comunitario y de derechos con “énfasis en la inclusión y autonomía”.

Por su parte, la Facultad de Psicología llevará adelante la III Semana Institucional por la Salud Mental con Perspectiva de Derechos hasta el 13 de octubre con diferentes espacios de intercambio.

Sol Hernández / Verónica Severi

FacebookTwitter