Según el informe anual del Comisionado Parlamentario Penitenciario acerca de la situación del sistema carcelario, en 2021 la población penitenciaria aumentó 9%, pero la cantidad de mujeres presas se incrementó en 30%. El abogado Luis González especialista en justicia penal dijo a Sala de Redacción que el delito de microtráfico tiene más incidencia en la figura de la mujer, principalmente por el ingreso de sustancias en centros penitenciarios.

El microtráfico en mujeres tiene una desventaja adicional, porque muchas veces se trata de personas vulnerables, con niños a cargo y la pareja privada de libertad; eso provoca que, con la prisión de la madre, los hijos tengan que vivir separados de sus padres por un tiempo prolongado. González contó que la pena por microtráfico en determinadas circunstancias tiene “un mínimo de cuatro años al cual no se accede a redención, por aspectos de política criminal y combate al narcotráfico”, tal como lo dispuso hace dos años el artículo 74 de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

El hacinamiento carcelario está en puntos extremos tanto en centros de hombres como de mujeres; en estos últimos, en particular, alcanza a 159%. La nueva legislación por delito de microtráfico es un factor que ha incidido directamente en el incremento de la cantidad de mujeres presas.

En diciembre de 2022, los senadores del Partido Colorado Pablo Lanz, Raúl Batlle y Carmen Sanguinetti presentaron un proyecto para modificar lo que se estableció en el artículo 74 de la LUC. Sin embargo, el Ministerio del Interior decidió enviar al Parlamento un proyecto para bajar las penas por ingreso de drogas a los centros penitenciarios. “Estamos hablando de que la pena para este delito, que versa generalmente en lo que tiene que ver con el suministro entre otros, tiene una pena mayor que la del homicidio simple”, expresó González.

Una de las finalidades principales de este proyecto es disminuir el mínimo de pena carcelaria. Esto quiere decir que el juez puede adoptar medidas alternativas a la prisión, lo que implicaría una discusión en el sistema penitenciario. González explicó que, más allá de que hay un objetivo, también hay una finalidad de disminuir este tipo de pena, que afectan y generan repercusiones directas a nivel de toda la sociedad, como es la separación de madres e hijos.

El abogado penalista Carlos Rodríguez contó a Sala de Redacción que, como defensor particular, no es cotidiano trabajar con mujeres por casos de microtráfico, porque “en gran medida, las mujeres que cometen este tipo de delito, no tienen las posibilidades económicas para pagar un abogado particular”; por eso, dijo que generalmente son llevados por la Defensoría Pública. 

Existe un posible riesgo por la aprobación de este proyecto, debido al aumento del microtráfico, que es el mayor ingreso de droga a los centros penitenciarios por mujeres. Si se habla de ventajas, se considera que la dosimetría penal generada en el proyecto es más razonable, porque se transformaría en un delito o una conducta excarcelable, y pasaría a tener un mínimo de 12 meses con pena de prisión.

FacebookTwitter