En diálogo con Sala de Redacción, la profesora grado 4 de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Fmed y presidenta del Sindicato Médico del Uruguay, Zaida Arteta, se manifestó a favor de la implementación de la Profilaxis Pre-Exposición al VIH (PrEP) y destacó la falta de políticas públicas para incluir esta medicación, que se suministra con la ingesta diaria de una combinación de dos drogas antivirales (Emtricitabina y Tenofovir) que reducen significativamente la infección de VIH una vez que la persona fue expuesta al virus. En Uruguay, el Ministerio de Salud Pública no ha fijado la PrEP como un medicamento esencial y obligatorio que los prestadores de salud deben ofrecer. En algunos casos, las mutualistas cuentan con la pastilla pero otras manejan ambas drogas por separado, lo que significa para el paciente una ingesta diaria de tres comprimidos diarios. Según Arteta, esta práctica no es realista y desmotiva el uso, especialmente porque resulta en el pago de varios tickets de farmacia haciendo más costoso el tratamiento.
De ser obtenida por fuera de los prestadores de salud, la PrEP puede llegar a costar hasta 8 mil pesos mensuales. Arteta resaltó la inexistencia de servicios y programas “preestructurados” que se encarguen de garantizar la información acerca de este tratamiento para la población: “en el mundo se han hecho programas pilotos, políticas especializadas que estaría bueno implementar a nivel nacional, pero acá lo que existe es una cuestión de moralidad”, dijo. Según la médica, hay una sensación de “castigo” que se implementa para aquellas personas que disfrutan de prácticas sexuales libremente. Para Arteta, existe un prejuicio que penaliza la libertad sexual: “cuando las mujeres descubrieron los anticonceptivos y se despreocuparon del embarazo, hubo una sensación de libertad. El sistema de salud está previniendo que ocurra lo mismo con la PrEP”.
Asimismo, la profesora afirmó que la mejor manera de detectar esta narrativa es analizando el comportamiento de los equipos de salud cuando un usuario pide la Profilaxis de Postexposición (PEP) al VIH bajo una situación de abuso o de relaciones no consensuadas. La PEP, al ser otorgada dentro de las 72 horas siguientes de la exposición, disminuye considerablemente la probabilidad de contraer la enfermedad, por lo que es una práctica de rutina al momento de recibir a una víctima de violación.
“Cuando se trata de una víctima no se duda en intervenir, pero si se presenta una persona que mantuvo relaciones sexuales por voluntad propia parece que no merece tanto que le prevengamos la infección”, destacó. A su vez, Arteta dijo que la medicina únicamente mantiene este razonamiento de castigo para eventos de disfrute sexual: “nadie le negaría un cateterismo a un paciente por haber sido fumador toda la vida”, ejemplificó. Consultada sobre el costo de convertir la PrEP en un tratamiento rutinario, Arteta aseguró que el Estado ahorra más cuando previene una enfermedad que cuando la trata: “muchos países lo implementaron y como bajaron el número de infección por VIH, les sale más barato”, aseguró.
La médica infectóloga Mariana Guirado comparte la visión de Arteta. Consultada por Sala de Redacción, Guirado explicó que lideró el equipo que implementó como política estatal la administración de la PrEP para embarazos en los que la pareja de la mujer es VIH positivo. Según la infectóloga, esto deja en evidencia la moralidad del Estado en el momento de intervenir con políticas de salud, ya que se reconoce la “inocencia” de un bebé y se ocupa de prevenir la infección. Guirado y su equipo tienen la meta de llegar a la cero transmisión de VIH por embarazo y afirmó que desde la Universidad de la República hay insistencia en la concientización de la PrEP. “La realidad es que no todos usan preservativos, de cualquier modo no debería ser el único método difundido como prevención contra el VIH, no puede ocurrir que no haya ningún programa nacional de promoción. Allí aparece lo político”, señaló.
Este estudio, llevado a cabo por el Grupo de Investigación sobre Sexualidades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y apoyado por la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina (Fmed) -que se basó en encuestas realizadas a varones en el segundo semestre del 2021- identificó que, aunque más del 90 por ciento de los varones entrevistados han recibido algún tipo de educación sexual, sólo uno de cada seis la consideró como “bastante”, mientras para la mayoría no fue suficiente. En cuanto a los métodos preventivos, casi el 80 por ciento de los encuestados dijeron preferir el uso de condones, sin embargo, casi el 40 por ciento admitió no haberlo usado en su última práctica sexual.
Como resultado, se afirmó que aquellos varones que mantienen relaciones sexuales con otros varones guardan un mayor riesgo al contagio de ITS, como lo es el VIH. Si bien los encuestados eran conscientes del riesgo y las posibles vías de prevención, se destacó que sólo el 4 por ciento había tomado la medicación de Profilaxis Pre-Exposición al VIH (PrEP), que tiene una efectividad de más de 90 por ciento al momento de prevenir la infección.
Por otro lado, Guirado destacó que ha ocurrido lo contrario en las campañas de difusión a favor del testeo de VIH. Según ella, en comparación con años anteriores, las conversaciones en torno a la importancia de testeos se han hecho más populares y existen varias vías por las que un ciudadano puede acceder al examen. En su opinión, el hecho de que no exista la misma política de “mesa abierta” cuando se habla de la PrEP, muestra una tendencia del Estado a preferir el tratamiento sobre la prevención. Guirado también destacó cómo esta actitud parece ser única entre las demás enfermedades: “existen políticas de Estado para la prevención de las enfermedades cardiovasculares o la diabetes, pero no en este caso”.
Lizet Collazo, activista referente del comité de salud “Compañeros de las Américas Uruguay”, estableció que existe una omisión por parte del Estado. Según explicó a Sala de Redacción, existe un porcentaje de la población que al encontrarse en situaciones de posibles contactos, piden la PrEP y, dependiendo del equipo de salud que los reciba, se les otorga o no la indicación. Para Collazo, el acceso a la medicación es un derecho básico y negarlo muestra “falta de voluntad política”, especialmente porque considera que Uruguay es un país que tiene los recursos necesarios para establecer esta droga dentro del catálogo de medicamentos que los prestadores de salud deben brindar obligatoriamente. Los planes que otros países han implementado en cuanto a la prevención de contagio de VIH muestran el camino a seguir para la disminución de casos positivos. Según la activista, el VIH debe entenderse como cualquier otro virus, ante los que se hace todo lo posible para evitar su propagación. En este sentido explicó que, cuando cuestiones morales influyen sobre el bienestar de la población, “hay personas en cargos de alta jerarquía que no deberían estar tomando este tipo de decisiones”.
