Luego de presentar un análisis de diagnóstico del sistema previsional actual a fines de marzo, la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) debe presentar un conjunto de recomendaciones al Poder Ejecutivo que posteriormente deberá discutir el Parlamento. En un principio, las recomendaciones debían ser presentadas el 22 de junio, pero la CESS ha solicitado tres prórrogas desde ese momento: primero hasta el 6 de agosto, después al 20 de setiembre y ahora el plazo es el 31 de octubre.
Consultado al respecto, el abogado especializado en derecho laboral y en seguridad social, Rodolfo Saldain, quien preside la comisión, manifestó que ha tomado nota de iniciativas del PIT-CNT y del sector empresarial. Días atrás, la comisión presentó un “documento de trabajo” en el que trabajaron nueve de los 15 integrantes y servirá como guía para el informe de recomendaciones.
Con respecto al compromiso político para realizar la reforma, Saldain mencionó que este tipo de medidas son impopulares y, citando al ex primer ministro británico Winston Churchill, dijo que “el político se convierte en estadista cuando piensa en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”. Además, planteó que “está muy claro que en todos los sectores hay un consenso de que la reforma debe hacerse” y que para ello vale con apreciar declaraciones en ese sentido de los ex presidentes José Mujica y Tabaré Vázquez y del ex ministro Danilo Astori. Saldain entendió que si bien las medidas son impopulares, son necesarias y los políticos no siempre deben guiarse por la opinión pública.
El presidente de la comisión entendió que, en gran parte, la reacción adversa que tiene en la ciudadanía la propuesta de reformar la seguridad social se da por una falta de educación financiera: “No es posible tener jubilaciones razonables aportando 30 años y viviendo entre 20 y 25 años después de eso, se trata de una matemática básica”.
Los problemas actuales
Los sistemas previsionales se basan en tres pilares fundamentales, la sustentabilidad, la suficiencia y la cobertura. Para Saldain, el sistema uruguayo tiene “serios problemas” en materia de sustentabilidad, básicamente porque la población vive más y tiene menos hijos. “En 1996 había unos 800.000 menores de 15 años y en 50 años se estima que serán unos 450.000. Esto refleja que los grupos jóvenes son cada vez más chicos y los únicos que crecemos como grupo generacional somos los mayores”, manifestó.
En suma, el abogado comentó que en 2020 Uruguay tuvo una tasa de fecundidad de 1,4 hijos por mujer y para mantener su número una población debe tener una tasa de dos hijos por mujer. Con esta caída en la fecundidad, en 30 o 40 años Uruguay entraría en el grupo de 30 países en los que la población se reduce año a año.
Este cambio demográfico genera un efecto adverso en la sustentabilidad, dado que hay menor cantidad de personas económicamente activas aportando para el sector ya jubilado, que es cada vez mayor. Para cubrir esa diferencia, el Estado uruguayo ha ido aumentando el gasto en la seguridad social, que alcanza a 11% del Producto Interno Bruto (PIB) y tiene una tendencia creciente.
Consultado sobre el aporte de las recomendaciones del CESS en cuanto al gasto del PIB destinado a pensiones, Saldain mencionó que los objetivos de dicho espacio son cualitativos y no tanto cuantitativos. De todas formas, estimó que un número razonable sería que el Estado aporte en torno al 9 u 8% del PIB, pero lo más importante es revertir la tendencia creciente.
Las medidas y los ejemplos
Una de las recomendaciones que se realizarán es el aumento de la edad jubilatoria de 60 a 65 años, teniendo en cuenta que los nacidos antes de 1967 no se verán afectados por esta modificación. El experto en seguridad social comentó que el cambio se hará de manera paulatina y será una transición pausada.
“Aquellos que hayan nacido en 1967 podrán jubilarse a los 61 años, los de 1968 a los 62, y así sucesivamente hasta llegar a los nacidos en 1971, que podrán jubilarse recién a los 65 años”.
Rodolfo Saldain
Consultado sobre países que puedan ser utilizados como referencia para la reforma, Saldain mencionó que “hay experiencias que no queremos seguir, como la de Chile. Tampoco queremos hacer como España, donde todo es público”. En ese sentido, explicó que se busca un sistema mixto para el que son ejemplo los países nórdicos, entre ellos Suecia. Con ese país la CESS ha tenido cuatro seminarios con sindicatos, empleadores, con sistemas que administran la capitalización colectiva y con el ente público que cumple una función similar al Banco de Previsión Social en Uruguay. De todas formas, Saldain aclaró que no hay una receta perfecta y que hay que tener en cuenta muchas variables que son distintas en cada uno de los países, por lo que no se puede copiar una fórmula exacta sino simplemente tomar nota de ciertos aspectos positivos.
Una economía que acompañe
Según el experto, “no puede haber una buena seguridad social en una economía débil, en un país que se achica económicamente y si su PIB no crece”. Además, añadió que uno de los problemas que tiene Uruguay en ese sentido es que en una economía del conocimiento, apenas 40% de los jóvenes de 20 años termina secundaria.
Saldain planteó que, en caso de no realizar una reforma previsional, “Uruguay perdería una oportunidad buena de mejorar su perfil de competitividad” y también “de mostrarse o exhibirse globalmente como un país que toma decisiones difíciles cuando hay que tomarlas”. Además, indicó que en caso de no hacer la reforma ahora se debería hacer más adelante y sería “más dura”.
En cuanto a las consecuencias “tangibles”, el presidente de la comisión comentó que, si bien las jubilaciones se van a seguir pagando, habrá efectos en la carga fiscal y todos los recursos que deban sumarse a la seguridad social no podrán usarse “para el cuidado de niños, de viejos, en educación o en salud, dado que los recursos son finitos”.
En ese sentido, planteó que “si el sistema político uruguayo no logra introducir racionalidad en este componente, que es el más grande del gasto público, va a tener que sacrificar otro”.
