El 16 de agosto no pasó desapercibido ya que la planta de UPM II, situada en la ciudad de Paso de los Toros, departamento de Durazno, protagonizó un incidente al verter soda cáustica en el arroyo Sauce. La empresa notificó al director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente (MA), Eduardo Andrés, acerca de este suceso, tras detectar niveles elevados de pH, con un valor de 13, y la presencia de hidróxido de sodio en el arroyo. En un principio, Sudestada informó que se había derramado un millón de litros de soda cáustica, pero el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, comunicó el 12 de octubre que la cantidad del compuesto químico vertido había sido de 50.000 litros.
El derrame de soda cáustica fue denunciado por un vecino, lo que desencadenó una serie de interrogantes sobre la supervisión y los protocolos de seguridad ambiental de la planta UPM II. El documento “Comisión de seguimiento proyecto UPM II – 8ª Sesión” reveló que el “sensor de pH de la pileta de control se encontraba fuera de operación”, que había estado en esa condición “desde hace bastante tiempo” y que “la ubicación inadecuada de dicho sensor pudo apreciarse también en la inspección in-situ”.
En diálogo con Sala de Redacción, el profesor adjunto de la sección de Limnología (disciplina que investiga los componentes físicos y biológicos de los lagos) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Luis Aubriot, expresó que “este evento indica que UPM II no cuenta con un sistema de alerta temprana serio”. “Es inaceptable que el sensor de pH estuviera roto y mal ubicado, dado el uso masivo de soda cáustica por la empresa. ¿Cómo es posible que se le hayan otorgado los permisos ambientales por el MA sin notar este error en el sitio de instalación?”, preguntó. A su entender, hubo “impericia” y “negligencia” para monitorear y evaluar los riesgos ambientales dentro de la propia empresa.
El experto instó a rediseñar un “sistema de alerta de vertidos acorde a las operaciones de UPM II”, el cual debería ser “monitoreado tanto por la empresa como por el Ministerio del Ambiente”. Este sistema tendría que contar “con una redundancia suficiente para evitar pasar por alto un vertido debido a la falla de un sensor”. “El costo de reemplazar o mantener estos sensores es relativamente bajo en comparación con las consecuencias de un incidente ambiental de esta magnitud”, añadió Aubriot.
Además señaló que el principal efecto provocado por un derrame de sustancias químicas en el agua “es el aumento brusco del pH” que puede superar los valores estándares y recomendados por la normativa, que pone un límite máximo de pH entre 8.5 y 9, según el decreto 253/79. “Cuando estos valores son sobrepasados, comienzan a afectar tanto a la vida acuática como al equilibrio químico del ecosistema”, puntualizó.
Aubriot explicó que, en términos generales, un derrame químico provoca un “impacto rápido y altamente concentrado en áreas locales, lo que a menudo resulta en la mortalidad de la fauna, incluso llegando a extinguirla en esas zonas”. Sin embargo, destacó que los efectos varían según el tipo de ecosistema acuático afectado. “Si el ecosistema acuático es lótico [arroyos y ríos] se espera una mortalidad alta inmediata y recuperación de las condiciones iniciales de calidad de agua relativamente rápidas, no así la recolonización o recuperación de la flora y fauna acuática”, detalló. Por otra parte, si el sistema es léntico, como es el caso de embalses, lagunas y lagos, “dependerá del volumen y de la renovación de agua que tenga ese ambiente, pero el impacto sería menos intenso pero más extendido en el tiempo”, señaló.
Cuando se le preguntó sobre los posibles impactos a largo plazo en la vida silvestre y los ecosistemas locales tras un derrame de esta magnitud, Aubriot explicó que en el largo plazo, especialmente en el caso de un derrame de soda cáustica, “es posible que la biodiversidad original de flora y fauna no logre recuperarse por completo”. Esto se debe a que un “derrame de esta naturaleza puede llevar a la extinción local total de ciertas especies y a la alteración de la flora acuática existente”. Como resultado, se inicia un proceso de “recolonización por parte de especies más móviles y de crecimiento más rápido”.
Aubriot también enfatizó que el éxito de esta recolonización “dependerá en gran medida de qué tipo de flora acuática logre establecerse en el área afectada, así como de su abundancia y diversidad”. Esto, a su vez, influirá “en qué organismos consumidores, tanto herbívoros como depredadores, podrán restablecerse en el ecosistema, incluyendo vertebrados e invertebrados”. Aubriot hizo hincapié en la “importancia de monitorear de cerca esta sucesión de especies y la posibilidad de intervenir si los resultados deseados no se alcanzan”, finalizó.
Sala de Redacción trató de establecer contacto en múltiples ocasiones con el subsecretario del MA, Gerardo Amarilla, y con quien ocupa el cargo de senior specialist de comunicación en UPM II, Marcelo Cardozo, pero no obtuvo respuesta.
Ecocidio y contrato con UPM
En diálogo con SdR, el abogado penalista Gustavo Salle Lorier expresó su preocupación sobre la situación actual relacionada con UPM II y el vertido de soda cáustica en el arroyo Sauce. Calificó el incidente como un “ecocidio”, una “conducta criminal que no solo afecta al medio ambiente, sino también a la humanidad en general”. Añadió que esta problemática forma parte de un patrón de comportamiento “delictivo que involucra tanto a los gobiernos como a la empresa en cuestión”.
Salle arremetió contra el contrato entre el Estado uruguayo y UPM, al que calificó como “criminal” y “leonino”. Sostuvo que el acuerdo, firmado durante el gobierno del Frente Amplio (FA) y ratificado por el ex presidente Tabaré Vázquez, “pudo haber sido rescindido por el actual presidente, Luis Lacalle Pou, durante la declaración de la pandemia, pero no se tomó esa medida”. En cambio, se firmó “un memorándum que profundizó las obligaciones de Uruguay con respecto a UPM” señaló.
Argumentó que la rentabilidad de UPM se basa en “las regalías que comprometió el gobierno del FA, también en los controles laxos de su actividad y en la benevolencia de las multas por las violaciones de las normas de protección ambiental”.
El sábado 11 de noviembre, se reportó otro incidente en la planta UPM II. En esta ocasión, una tubería que transportaba pulpa de celulosa resultó dañada provocando una “descarga de celulosa en el piso” del área circundante, según el comunicado de prensa difundido en el sitio web de la empresa. UPM II aseguró que la celulosa “quedó contenida dentro del área de proceso y los sistemas de recolección diseñados para tal fin”. Además la compañía subrayó que “no tuvo ningún impacto en el ambiente y no hubo personas lesionadas”. En relación con posibles inconvenientes para la población cercana a la planta, mencionó que podría haber “episodios de olor de forma eventual”, pero aseguró que estos no afectaron la salud.
José Luis Aguiar Cuello
Mayra Silvera
