El avance privatizador en la educación uruguaya: discursos y políticas es el nombre del libro que se presentó el viernes 14 de junio en el PIT CNT, en el marco de una campaña mundial de la Internacional de la Educación, que denuncia el avance del sector privado en esa área. En este marco, en 2015 la organización comenzó una investigación que estudia el avance de la privatización educativa en 164 países y en 2017 se puso el foco en América Latina, momento en que se incorporó a Uruguay como caso de estudio. Después de esa instancia, el estudio fue continuado por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), integrante de la Internacional de la Educación, y por la cooperativa Comuna, integrada por economistas.
El profesor Manuel Oroño, que estuvo a cargo de la presentación, definió que existen dos formas en que la privatización se manifiesta en el sistema educativo. Por un lado, existe una privatización “exógena”, cuando el sector privado provee directamente el servicio educativo, que tiene como implicancia que es tratado “como una mercancía”. En cambio, cuando el Estado sigue brindando el servicio pero va incorporando prácticas “comerciales mercantiles” como la elaboración de ranking de centros educativos o el pago por productividad a docentes tiene lugar una “privatización endógena”, detalló Oroño.
Según mencionó, se destacan tres efectos negativos de la privatización. Por un lado, dijo que se que genera una visión “instrumental” y “economicista” de la educación, ya que se rige principalmente por criterios de eficiencia y se promueve la descentralización. Además, las discusiones y debates se centran en problemas técnicos y de gestión antes que en cuestiones educativas y pedagógicas, y se genera una orientación hacia la competencia. En suma, se priorizan los resultados en pruebas internacionales estandarizadas en lugar de apostar por generar pensamiento crítico. Los restantes efectos de los que habló Oroño fueron la profundización en la desigualdad y segregación educativa y la desvalorización de las tareas de los docentes. Respecto a este último punto, mencionó que ello ocurre porque las políticas privatizadoras suelen poner en un plano secundario a los educadores y los sindicatos docentes son “los que más resisten” a esa idea.
En concreto
En el libro se analizan dos principales manifestaciones del proceso privatizador de la educación en Uruguay. Por un lado, se menciona el mecanismo de exoneraciones tributarias a empresas que donan a instituciones educativas privadas. En particular, se menciona una modificación en la legislación en 2010 que incorporó a los centros privados de la educación primaria y media en el listado de instituciones a donar para obtener exoneraciones de impuestos. En concreto, en la publicación se muestra que en 2010 98% de las donaciones de privados fueron para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), porcentaje que en 2017 bajó a 6%, ya que 94% fue para centros privados.
Los contratos de participación público privada (PPP) en la construcción y gestión de centros educativos de la ANEP es otro de los instrumentos de avance de la privatización en Uruguay que mencionan los investigadores. Si bien en 2011 este mecanismo quedó definido legalmente, recién a partir del presupuesto nacional del 2015 comenzaron a aplicarse a gran escala en el sistema educativo. Al respecto, en la publicación se puntualiza que la modalidad PPP no implica únicamente privatizar la construcción sino también todos los servicios no educativos de cada local que se construya de esa forma.
En el libro los investigadores también realizan una análisis de contenido en análisis de cuatro medios de prensa de alcance nacional –El País, El Observador, La Diaria y Búsqueda– durante un año y medio. Allí se concluye que existe un discurso hegemónico que fundamente sostiene que hay una crisis y problemas de gestión en la educación pública uruguaya, en el que luego se basan los discursos que plantean que el sector privado tiene que tener un mayor peso en el sistema.
