Este jueves se presentó la nueva modalidad de asignación de denuncias de la Fiscalía General de la Nación, que responde a una modificación aprobada por el Poder Legislativo en la Rendición de Cuentas de 2021. La iniciativa surgió en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda. Fue una enmienda aditiva propuesta por los diputados colorados Gustavo Zubía y Conrado Rodríguez y el entonces cabildante Eduardo Lust.
Mediante el artículo 418 del inciso 33 se resolvió modificar la forma en que se asignan casos a los fiscales, al introducir el “principio de asignación aleatoria” como sustituto del “principio de celeridad”, consagrado en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación. Hasta ahora, el sistema de asignación de denuncias establecía que “los fiscales deberán ejercer sus funciones de manera pronta, eficiente y oportuna” y que “las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a terceros, están exentas de la acción de los fiscales y de su investigación”.
La Fiscalía General de la Nación venía asignando los casos con la intervención del Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) que, como su nombre delata, tiene entre sus cometidos sustantivos “administrar y coordinar la recepción, priorización y asignación de las noticias criminales generadas en el país de conformidad a los criterios de asignación y priorización aprobados por ley, por instrucciones generales o disposiciones del jerarca”.
El fiscal Rodrigo Morosoli explicó a Sala de Redacción que el DPA fue “el corazón de la reforma acusatoria para la Fiscalía” porque cambió “el paradigma anterior del sistema inquisitivo, que partía de la base de que todos los delitos eran investigables, lo que es absolutamente ficticio”. Tras la incorporación del DPA, Morosoli aseveró que “el sistema acusatorio cambió esa óptica y se enfocó en que determinados delitos, por diferentes razones, debían ser priorizados en su investigación”.
Justicia algorítmica
La sustitución del “principio de celeridad” por el “principio de asignación aleatoria de casos” en la nueva redacción del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Fiscalía dispone que “la actuación de los Fiscales fuera de su turno” será designada por “parámetros de azar o predeterminación objetiva, sin la posibilidad que la voluntad humana determine las asignaciones”. Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMFU), dijo a Sala de Redacción que habían anticipado que la asignación como se planteó en primera instancia “iba a generar un caos porque el sistema no puede discriminar entre cuál caso es más importante y cuál no”. Por ello, la Fiscalía General de la Nación, en tanto institución, acordó encargarse de “hacer la priorización y la depuración y que el sistema aleatorio pudiera únicamente asignar”. Rosa adelantó que, tras la inauguración de este sistema de asignación, “el DPA pasaría a ser Departamento de Depuración y de Priorización”.
Inicialmente, la propuesta presentada por Zubía, Rodríguez y Lust no contemplaba que el sistema estableciera excepcionalidades en las “especiales situaciones donde la naturaleza de los procedimientos conlleven una asignación distinta”, redacción que se incorporó luego, como tampoco preveía las formas de implementarlo en cuanto a recursos.
Morosoli dijo que las modificaciones que finalmente se pondrán en práctica son producto de “una desconfianza de parte del sistema político a cómo la Fiscalía asignaba los casos”. Si bien “es una decisión legislativa y se acata”, el sistema aleatorio es “el que funciona en el Poder Judicial”, por lo que su traspolación a la Fiscalía “conceptualmente es un error”. Morosoli resaltó las diferencias entre el Poder Judicial y la Fiscalía y acotó que “no sería lo más aconsejable tener soluciones idénticas para roles funcionales y misionales diferentes”. En la misma línea, agregó que “la Fiscalía tiene la misión de investigar delitos” y que este sistema podría traer complicaciones para establecer conexiones entre casos, ya que “como fiscal podés estar investigando algo que te definen aleatoriamente, pero puede haber otros diez casos asignados aleatoriamente con conexión con el tuyo”.
“La suerte es loca y al que le toca, le toca…“
Rosa también se refirió a la desconfianza del sistema político y dijo que “varios legisladores, sobre todo [Graciela] Bianchi y [Sergio] Botana, estaban insistentes con la cuestión de que la Fiscalía estaba incumpliendo”, ya que la ley entró en vigencia a fines de 2022. Sin embargo, aclaró que le consta que “la Fiscalía estaba trabajando en eso” porque para implementar este nuevo sistema se debió coordinar con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), como la ley prevé, a fin de incorporar las herramientas necesarias para su funcionamiento. Asimismo, el presidente de AMFU cree que “lo usaban más para atacar a la Fiscalía que como una realidad”, y que el nuevo sistema “tiene la ventaja de que nadie va a poder plantear una suspicacia porque es el sistema el que está haciendo una asignación. Andá a reclamarle a la máquina, podríamos decir”.
En referencia a las diferencias entre el Poder Judicial y la Fiscalía que planteaba Morosoli, Rosa declaró que han “explicado 200 mil veces a los legisladores” que se tratan de lógicas diferentes, pero “quienes terminan teniendo poder de decisión, sobre todo lo que se podría llamar el oficialismo, no la quieren entender”. Según su perspectiva, esto se debe a que “ya tienen su propio prejuicio al respecto de lo que sucede en la Fiscalía y eso funciona como una mirada”. En consecuencia, no son escuchados cuando asisten a las comisiones, explicó. De todas formas, afirmó que, aunque los prejuicios de los legisladores “vienen desde la legislatura anterior, se han acentuado”.
Con respecto a la posibilidad de que esta normativa se revierta a futuro, Morosoli aclaró que, si bien no dice “que sea una decisión equivocada”, entiende que su acierto o no “se verá con el tiempo”. Rosa, por su parte, entiende que “a la institución la norma le cuadró cuando vio que podía depurar y priorizar antes de volcarlo al bolillero”, porque “puede seguir haciendo un trabajo institucionalmente adecuado” y “se saca de arriba las posibles quejas por los criterios aplicados en la asignación y las suspicacias que tienen algunos actores del sistema político”. La Fiscalía “sabe que a partir de esto no hay a quién quejarse. La suerte es loca y al que le toca, le toca”.
Rosa concluyó que los fiscales tienen problemáticas con esta nueva normativa, pero cree que “a nadie le interesan” y considera que “no es el tema medular” por el que van a “batallar”. Hay otros temas más importantes, según expresó, por lo que entiende que “no va a haber mucha resistencia al sistema aleatorio por el momento, salvo que cuando empiece a funcionar sea una catástrofe”.
