-¿Por qué se creyó que era necesario traer el Mayo Amarillo a Uruguay?
-Entre otras cosas porque Uruguay, lamentablemente, no tiene buenos resultados en el momento actual. Se trajo el movimiento como una idea de contribución, a ver si en algo podíamos ayudar a modificar los resultados. Uruguay descendió su tasa de mortalidad desde 2012 hasta 2016, pero nuevamente la aumentó (en el año 2017 y 2018). O sea, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, las políticas no están dando los resultados esperados y andamos por 15 muertes cada 100 mil habitantes. América Latina está en una tasa de mortalidad por siniestro de tránsito que ronda los 16 cada 100 mil habitantes, pero si nos comparamos con los países desarrollados, España está en 4 cada 100 mil. Dicho en los términos más crudos, usar las vías públicas en América Latina y, lo que nos atañe a nosotros, en Uruguay, conlleva una tasa de mortalidad entre tres y cuatro veces superior a la del mundo desarrollado.
-¿Desde el movimiento apoyan la ley de tolerancia cero?
-Como médicos apoyamos enfáticamente esa ley y la vamos a defender a muerte. Los uruguayos deberíamos estar orgullosos de tener una ley que en algunos países desarrollados no se ha logrado. Y no se ha logrado por la misma razón que acá se la cuestiona: por presiones de grupos de poder, de productores o importadores de bebidas alcohólicas. La ley no prohíbe tomar alcohol, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, pero no se puede conducir bajo los efectos del alcohol o de otras drogas. En Uruguay siguen falleciendo personas como consecuencias de haber sido embestidas por un conductor alcoholizado.
-Entonces no comparte la opinión de algunos políticos de flexibilizar la tolerancia cero…
-Es realmente lamentable. Esto es un problema de salud pública, todos los partidos políticos deberían estar de acuerdo. No debería hacerse campaña electoral con demagogia sobre algo que permite disminuir las chances de que existan siniestros de tránsito por personas alcoholizadas. El gran problema del 0.3 o el 0.5 es una discusión, yo diría, hasta tonta. ¿Quién bebe hasta 0.3? ¿Cómo sabe usted que está bebiendo hasta 0.3 o hasta 0.5? ¿Y cuáles son los efectos neurológicos de 0.3 de alcoholemia en una persona con respecto a otra? Son absolutamente distintos. O sea, la única forma de poder controlar y de no tener conductores alcoholizados es llevar la ley a cero. Nosotros tenemos un trabajo, que va salir publicado ahora en la Revista Médica del Uruguay, que justamente toma datos del departamento del Hospital de Clínicas y muestra que la incidencia del alcohol en pacientes accidentados es mucho más alta que las cifras que conocemos por Unasev. Las cifras de Unasev son por espirometrías que se hacen a quienes se les pueden hacer, no a las víctimas de traumas más graves -que van directamente a los hospitales- o a los fallecidos. En cambio, cuando miramos la presencia de alcohol en sangre de las víctimas graves, la tasa es cercana al 30 por ciento. Y lo que vimos es que hay una correlación directa entre esa intoxicación alcohólica y la gravedad del trauma. La pregunta que yo haría es cuántas vidas tenemos que admitir que sea lo correcto perder por algo tan evitable como manejar bajo los efectos del alcohol. Que le expliquen a una madre que acaba de perder a un hijo que no vale la pena defender esta ley.
-Otra de las polémicas es la del uso del casco…
-Ni qué hablar. El uso del caso a lo largo del país, si se miran los mapas de Unasev, tiene una variabilidad enorme. Hay departamentos que tienen un uso por arriba del 90 por ciento, como Rivera, y otros departamentos, como Cerro Largo, donde el uso del casco no supera el 25 por ciento. Y está demostrado en todo el mundo, no es un invento uruguayo ni una frase terrorista, que el motociclista que cae tiene un 70 por ciento de chances de golpear su cabeza. Por lo tanto, el no uso de casco lo expone a una chance muy alta, no fortuita, de tener un traumatismo encefalocraneano que va a ser grave.
-En este sentido hubo un intercambio de tuits entre el ex presidente del SMU, Julio Trostchansky, y el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana.
-Lo que dijo el intendente Botana es de una irresponsabilidad brutal. No da para polemizar. Uno no pretende que los dirigentes políticos sepan de todos los aspectos técnicos, pero sí que escuchen cuando quienes han estudiado y se han dedicado al tema dicen que el camino que tenemos que seguir es este. Decir que no se va a fiscalizar el uso del casco, bueno, es una forma de decir “no me importa que se muera la gente en mi departamento”. Un conductor alcoholizado mata a un bebé y queda como que son cosas que pasan. No, no son cosas que pasan. Esas cosas pasan porque estamos dejando que pasen. Porque si nosotros fiscalizáramos el grado de alcohol, el casco, tendríamos mejores resultados.
–¿El tema de los siniestros de tránsito está presente en el discurso electoral?
-No, no está presente para nada. Yo saludo con beneplácito que estuvieran presentes algunos de los precandidatos (Carolina Cosse, Jorge Larrañaga y Juan Sartori, en una intervención realizada a principios de mayo en la Plaza Independencia). Ojalá eso sirva por lo menos para haber escuchado de la existencia y de la preocupación de esta problemática. Ahí se les pidió de manera explícita que asumieran el compromiso de incluir en sus planes de gobierno la siniestralidad vial como un problema realmente a resolver.
-¿En qué consiste el anteproyecto de ley que elaboraron para crear un sistema nacional de trauma y emergencia?
-El SMU, la Unasev y nosotros, el departamento de emergencias del Hospital de Clínicas, hace más de dos años elaboramos un anteproyecto de ley que tenía por objetivo sentar las bases para la creación de un sistema nacional de respuesta a las emergencias en general y al trauma en particular. El anteproyecto fue presentado a nivel ministerial, pero lamentablemente no hemos logrado convencer a las autoridades para que vaya al Parlamento. Si bien una ley no resuelve todo, nos permitiría comenzar a trabajar en grandes aspectos de la organización del sistema, como lo son la categorización de los hospitales, la génesis de los centros del trauma, la organización del sistema prehospitalario de respuesta y el de rehabilitación. Voy a tirar solo título de ejemplo, una cifra de nuestra desorganización: en Uruguay hay más de 40 empresas de ambulancias,
eso obedece a los convenios actuales, y es algo que evidentemente hay que modificar, porque la mortalidad por trauma en las rutas nacionales supera el 70 por ciento.
