“Es claro que este proyecto de ley lo que busca es restablecer una forma de impunidad: hacer salir de la cárcel a los pocos represores que pudieron ser condenados y procesados” y “evitarles la prisión” a quienes todavía no fueron condenados y cuyas causas siguen abiertas, afirmó a Sala de Redacción Elena Salgueiro, integrante de la organización ¿Dónde Están?-Francia. Así se refería Salgueiro acerca del proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto en agosto de 2021 para otorgar prisión domiciliaria a personas privadas de libertad mayores de 65 años, que está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

El 12 de abril ¿Dónde Están?-Francia, una organización radicada en ese país que se creó hace 25 años, le envió, a través de la Embajada Uruguaya en Francia, una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou y al Parlamento, en la que se expresaba sobre el proyecto. La carta incluye la firma de 25 juristas y especialistas en materia de Derecho Internacional y Derechos Humanos. “No obtuvimos respuestas desde Uruguay”, indicó Salgueiro. La idea de la asociación era esperar dos semanas por una eventual respuesta, y “una vez pasado ese tiempo, la carta se haría pública”. Eso fue lo que ocurrió el 29 de abril.

En sus argumentos, la organización incluyó la postura del Comisionado Penitenciario Parlamentario, Juan Miguel Petit, y la carta que le enviaron cinco relatores especializados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Ministro de Relaciones Exteriores advirtiendo que el proyecto atenta contra la normativa internacional.

“La asociación tiene contactos con juristas especialistas en Derecho Internacional desde hace mucho tiempo”, indicó Salgueiro al ser consultada sobre el contacto con los juristas. Agregó que la asociación les hizo llegar a los expertos el proyecto de ley y un resumen histórico de la situación uruguaya respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, y luego “cada uno de ellos tomó su tiempo para entender cuál era el problema, leer el proyecto, pensarlo y eventualmente expresarse”. “Son personas sumamente competentes, reconocidas en el terreno del Derecho Internacional”, añadió.

La vocera consideró que la carta forma parte de los objetivos de la organización”, que tiene el cometido de apoyar la lucha por Verdad, Memoria y Justicia en Uruguay, así como “hacer conocer la situación respecto a la impunidad en Uruguay a la opinión pública francesa”, expresó.

Opinión local

En diálogo con Sala de Redacción, profesionales uruguayos en materia de derecho también reprobaron el proyecto. Martín Fernández, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), consideró que el proyecto es “malo” y “vulneratorio del Derecho Internacional en cuanto a los derechos humanos”. Lucía Remersaro, integrante del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, coincidió con Fernández y agregó que ella y parte del equipo del Instituto están en contra del proyecto por “motivos técnicos” pero también “político-criminales, que es de alguna manera lo que dice la carta que enviaron los expertos”. Remersaro formó parte del equipo del Instituto que en noviembre realizó un informe para enviar al Parlamento sobre el proyecto de ley. Dicho informe no fue firmado por el director del Instituto, Germán Aller, por no compartir su contenido. 

En la exposición de motivos del proyecto, presentado por los senadores cabildantes Guillermo Domenech, Guido Manini Ríos y Raúl Lozano, se sostiene que, de aprobarse, podría colaborar con disminuir la superpoblación carcelaria. En cambio, Fernández considera que el reducido número de personas mayores a 65 años privadas de libertad hace que este proyecto no sea “ni cercano a ayudar a resolver esta cuestión”. En el mismo sentido se expresó Remersaro, quien opinó que “no es este segmento de la población carcelaria la que genera la superpoblación, o la que es un problema”. Por otro lado, Fernández señaló que la posibilidad de cumplir prisión domiciliaria “existe hace mucho tiempo” y que “es importante que la gente se entere de que no es que las personas que están enfermas y necesitan estar en prisión domiciliaria o internadas no la puedan solicitar”.

Ambos coincidieron en que el proyecto de ley es “tendencioso” y “hecho a medida” para un sector específico: los represores condenados por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura cívico-militar. Remersaro reflexionó acerca de las dificultades que ha tenido el Estado uruguayo en la investigación de estos delitos y su posterior condena: “no son casos sencillos, son procesos largos con leyes de amnistía en el medio, con períodos donde el Estado uruguayo no investigó”. Además, advirtió que estas son “las más graves violaciones a los derechos humanos y a la norma penal, no son delitos simples”.

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