Hace décadas que las feministas vienen luchando por el reconocimiento de nuestros derechos de salud sexual y reproductiva, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, a decir que no a maternar como único destino, como obligación por el hecho de ser mujer. Hoy hace ocho años que en Uruguay adolescentes y mujeres podemos decidir sobre nuestros cuerpos y por hoy toca llevar el pañuelo verde como insignia y símbolo de unión: no estamos solas.
“La maternidad será deseada o no será”. Leemos, escuchamos y reproducimos orgullosas, pero la realidad no es la misma para todas. En los últimos 30 años, más de 3.200 mujeres argentinas perdieron la vida por haberse hecho abortos inseguros en clínicas clandestinas. Los abortos clandestinos son la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Sin aborto legal no hay “Ni Una Menos”. La lucha es de ellas y nuestra.
Según el organismo Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), en Argentina cada año hay 50.000 ingresos hospitalarios de mujeres por complicaciones en abortos clandestinos. Durante la cuarentena obligatoria que comenzó en marzo, tres mujeres murieron por abortos clandestinos, informó Mumalá.
En diálogo con Sala de Redacción, Macarena Galván, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y del colectivo Socorristas en Red – Feministas que Abortamos señaló que el aborto “insiste y existe con pandemia o sin pandemia y llega un momento en el que las promesas no alcanzan”, y que las personas con capacidad de abortar necesitan respuesta por parte del Estado. Dijo que en Mar del Plata, ciudad en la que vive, se practicaron 240 abortos en pandemia, y enfatizó en que “la mujer que decide abortar, lo va a hacer en cualquier condición”. El movimiento feminista pide que quien quiera acudir a esta alternativa, pueda hacerlo sin poner en riesgo su vida.
Constanza Albornoz, también integrante de la Campaña, afirmó que el aislamiento “obstaculizó” el acceso a interrupciones legales del embarazo. Y agregó que se sumaron situaciones de violencia “más explícitas”.
Marea verde
En 2018 el debate sobre la legalización del aborto en Argentina marcaría un antes y un después en la lucha feminista. Por primera vez un proyecto de ley para despenalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) llegó a las dos cámaras del Congreso. En la cámara baja obtuvo media sanción y meses después se conocería la negativa en la Cámara de Senadores. En los alrededores del edificio, miles de mujeres permanecieron en vigilia a la espera del resultado que, aunque no fue el esperado, no significó una derrota. El aborto dejó de ser tabú para pasar a formar parte de la agenda política de los medios, instituciones y familias. El aborto es una realidad. Es legal o es clandestino.
Albornoz, emocionada y con “piel de gallina”, habló sobre las jornadas en las que se discutió el aborto en el Congreso. Recordó las vigilias: “un montón de pibas y pibes que bancaron la noche” en el frío de junio y la lluvia de agosto. “Estuvimos 18 horas paradas, no nos podíamos sentar en ningún lado”, señaló, sin dejar de evocar la alegría que se vivía en las calles, “a pesar de que adentro habían dinosaurios hablando”. El momento en el que se anunció que la ley no había sido aprobada, fue “muy doloroso”, aseguró. “Nos arrebataron el derecho que casi teníamos”.
Valoró que las jornadas de 2018 le generaron un “crecimiento personal y político”. En cuanto al movimiento, contó que salieron “fortalecidas a pesar de la derrota en los números. El saldo que nos dejó fue la despenalización social del aborto”, evaluó. Dijo que el hecho de que el ex presidente Mauricio Macri haya habilitado la discusión en el Congreso “fue una victoria del movimiento de mujeres y disidencias, de la presión y la resistencia de años; el proyecto es de todas”, finalizó.
Que sea ley
La pandemia dejó en pausa el debate sobre el aborto. Pero como lo prometido es deuda, el presidente Alberto Fernández anunció el 17 de noviembre, por medio de un video en Twitter, que había presentado al Congreso el proyecto de IVE. En paralelo presentó el proyecto “Plan de los Mil Días”, que busca ayudar a las madres y a sus hijos en la primera etapa.
En el video, Fernández negó que la legalización del aborto implique “una carga extra para el sistema de salud”; agregó que “penalizar el aborto no evita que las personas gestantes interrumpan embarazos no deseados” y que, en cambio, “obliga a muchas personas gestantes, que quieren acceder a un aborto, a hacerlo por fuera del sistema de salud”. Afirmó estar seguro de que se está dando una respuesta a una realidad que afecta a la salud pública y que, con ello, se están ampliando derechos. Y finalizó, contundente: “Que sea ley”.
Desde su asunción, en diciembre de 2019, Fernández se ha manifestado públicamente a favor de despenalizar el aborto y este año creció la demanda feminista para que el ab orto sea legal antes de 2021, año en el que hay elecciones legislativas y puede haber variación en las cámaras.
En Argentina rige una Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que data de 1921 y que permite el aborto en situaciones de violación o cuando el embarazo es inviable. Pero en la práctica, la aplicación de la ILE es mucho más restrictiva de lo que establece la ley. ”En Argentina, hoy en día, en muchas provincias los médicos obligan a niñas menores de 13 años a parir, eso es una realidad” sentenció Galván. Socorristas en Red hace un seguimiento y acompañamiento post aborto: “articulamos con ecógrafas amigables, con médicos generalistas amigables que garantizan un control post”, agregó.
Sobre esto, Albornoz indicó que las provincias argentinas tienen autonomía política: “Dentro de cada provincia los municipios pueden adherir o no al protocolo ILE” y agregó que “son entes autónomos que responden al gobierno nacional”.
Ni presa por abortar
El aborto en Argentina es un delito. La pena para la mujer que realiza un aborto va de uno a cuatro años de cárcel. El proyecto actual la reduce a tres meses o un año como máximo.
“Nosotras luchamos para que no haya políticas penalizadoras hacia las mujeres que abortan en cualquier circunstancia”, señaló Galván.
Roxana Lefayt, otra de las integrantes de la Campaña por el Aborto legal, dijo a Sala de Redacción que en el Código Penal argentino están presente los vacíos legales y lamentó estar “a la suerte de si el juez es antiderechos o respeta los derechos de las mujeres”. Explicó que lo que hacen muchos jueces es “dictar sus normas no tanto en la letra de ley, sino en sus apreciaciones”.
Legal, seguro y gratuito
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal es una alianza federal integrada por 305 grupos, organizaciones y personalidades vinculadas a organismos de derechos humanos; defiende el derecho al aborto como una causa justa para recuperar la dignidad de las mujeres y con ellas, la de todos los seres humanos. La Campaña fue lanzada hace 15 años y viene trabajando sobre un proyecto de ley que se ha presentado ocho veces al Congreso.
El proyecto que presentó Fernández garantiza el acceso a la IVE hasta la semana 14 de gestación inclusive. Si bien el texto de la Campaña establece que la práctica debe hacerse en un plazo máximo de cinco días desde el requerimiento, el texto que discutirán los legisladores expresa que “el plazo máximo es de diez días corridos” desde que se lo solicita. Además contempla que el profesional que deba intervenir de manera directa en la IVE tenga derecho a la objeción de conciencia; en ese caso, deberá derivar a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional.
El proyecto de ley de la Campaña presentado en 2019 fue elaborado en una plenaria nacional con todas las regionales y municipios del país. Fue una reunión de dos días donde se recogieron consensos y se discutieron los disensos. En este proyecto no está presente la objeción de conciencia. Según Albornoz “es la mejor excusa” para dilatar el proceso de IVE: “La mejor excusa para obstruir el acceso a un derecho”.
Albornoz valoró que el proyecto que presentó Fernández “es un proyecto bueno pero que despenaliza hasta ahí”, porque se continúa penalizando a la mujer por realizar un aborto fuera del tiempo establecido.
Por otro lado, Lefayt dijo que la Campaña militará para que el procedimiento de IVE sea a través de la aspiración manual endouterina, una técnica médica para retirar el contenido del útero a través del cérvix por medio de una cánula y una jeringa grande. Sobre la objeción de conciencia, dijo que cree que la discusión se va a “saldar” en el Plenario. Además señaló que se debe incluir el aborto en la Ley de Educación Sexual Integral, no solo como práctica sino también como derecho.
“Estamos convencidas que los feminismos de Latinoamérica, disidentes y diversos, están construyendo gran parte de la historia feminista”, finalizó.
Agenda provida
En Uruguay entre 1985 y 2007 se presentaron seis proyectos de ley sobre aborto. El debate se mantuvo y comenzó a imponerse en la agenda pública y política del país. En 2008, durante el primer gobierno frenteamplista, el presidente Tabaré Vázquez vetó la despenalización del aborto incluida en la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, ley que había sido aprobada en el Senado por 17 votos en 30. Finalmente en 2012, el aborto sería despenalizado bajo el mandato del también frenteamplista José Mujica. La ley de IVE habilita la práctica del aborto en el sistema de salud por la sola voluntad de la mujer hasta la semana doce de gestación.
A pesar de su aprobación, la lucha no termina. Tanto en Argentina como en Uruguay los grupos considerados “provida”, amparados por grupos religiosos, han realizado marchas manifestándose en contra de la ley.
Tal como señaló Albornoz, “los antiderechos calan muy hondo en los sectores más marginados de la sociedad”. Agregó que la Iglesia no solo influye sobre los sectores más pobres, sino también en la clase alta y en el poder político, “hay mucho dinero de por medio”, enfatizó.
Albornoz negó que sólo se piense en el aborto: “La Campaña es integral, nosotros hablamos de educación sexual, de métodos anticonceptivos y después de aborto legal”, sostuvo.
En 2013, el Partido Nacional (PN) impulsó una juntada de firmas para derogar la ley. Sin embargo, solo el 8,8% de los uruguayos apoyaron el recurso de referéndum, cuando se precisaba al menos un 25% de los inscriptos en el padrón electoral.
Este año, durante una conferencia de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou recordó que votó en contra de la despenalización del aborto en 2012 y dijo que “Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer, que hay que tener una política de desestímulo de los abortos”. Asimismo, aseguró que su gobierno tiene una agenda “provida”. En la misma línea, el senador cabildante Guido Manini Ríos, anunció, días atrás, que su partido promoverá una nueva discusión sobre la ley de IVE.
