“Quiero que un juez diga que la empresa es la responsable de todo lo que me pasa”, fue lo primero que le dijo Julio de los Santos a su abogado ante las novedades del juicio. Con 48 años ya no puede trabajar. Durante el tiempo que trabajó en la empresa Arrozal 33 estuvo expuesto a agrotóxicos que deterioraron significativamente su salud. Tras no ser escuchado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que falló a favor de la empresa, De los Santos y su abogado, Santiago Mirande, denunciaron al Estado uruguayo por denegación de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Comisión avanza más rápido de lo esperado y el caso podría llegar a ser examinado por la Corte Interamericana de Justicia.
En conversación con Sala de Redacción, Mirande explicó que ya superaron varias etapas del proceso y, pese a que el gobierno uruguayo no asumió responsabilidad, actualmente se evalúa si la denuncia será elevada a la Corte Interamericana. “Todavía estamos lejos de ganar el juicio, pero si llegamos a la Corte sería un gran logro”, agregó. De los Santos y su abogado apuntan a que el Ministerio de Trabajo de Seguridad Social y el Banco de Seguros del Estado controlen e inspeccionen lugares como Arrozal 33.
“Que la CIDH condene a Uruguay podría ser un llamador para que el país se actualice y cumpla con la normativa internacional del acuerdo de Escazú”, dijo Mirande, y agregó que para el cumplimiento de esta normativa hay que contar con juzgados y peritos especializados en problemáticas ambientales. Uruguay “es un incumplidor serial de las normativas internacionales”, aseguró. Otros trabajadores de Arrozal 33 sufren los mismos síntomas, como problemas respiratorios y afecciones hepáticas, dijo el abogado, pero no denuncian por miedo, y “si ganásemos capaz que podrían animarse” porque “sentaría jurisprudencia, sería el primer trabajador rural indemnizado por contaminación derivada de agrotóxicos”.
El origen de todo
La denuncia se remonta a 2018. Más de seis años lleva el ex trabajador en la batalla legal para que se le reconozca el origen laboral de las graves enfermedades que sufre y se lo indemnice por ello. En Arrozal 33 trabajaba como soldador de las maquinarias y por la exposición constante a agrotóxicos contrajo severos problemas respiratorios, renales y hepáticos, además de hipertensión. Esto le causó fibrosis pulmonar e insuficiencia respiratoria crónica, además de la necesidad de tratarse periódicamente en un centro de salud, contó su abogado. De los Santos vive conectado a un respirador mecánico y debe consumir una decena de medicamentos por día. Sobrevive solo gracias a la escasa jubilación que recibe y a la solidaridad de la gente. Su pareja, Susana, que trabajaba en el arrozal hasta que su marido se enfermó, presenta síntomas similares, aunque a ella se le manifiestan sobre todo en el hígado.
La empresa no brindaba a su personal mascarillas de seguridad, guantes o protector facial a la hora de trabajar con los agroquímicos, dijo Mirande. “Una vez, por falta de medidas de seguridad y prevención laboral de la empresa, Julio estuvo rociado con agrotóxicos todo el día y no le permitieron ni siquiera ir hasta su casa a cambiarse”, señaló. A su vez, mencionó que la empresa descarta los agroquímicos en los arroyos, hace pozos, los entierra y constantemente fumiga con avionetas. Es importante aclarar que las viviendas de los empleados están en el mismo predio donde se produce el arroz, por lo que están constantemente expuestos a los agroquímicos con que tratan los cultivos. “Estas empresas son factorías alimentarias feudales”, considera Mirande.
El juicio en primera instancia duró casi cuatro años, pero fue histórico. Tres de los peritos que intervinieron en el proceso fallaron a favor. Arrozal 33 apeló y se pasó a segunda instancia. El expediente tenía 1.500 fojas, pero el Tribunal de Apelaciones se tomó tan solo 27 días para revocar el fallo. Los jueces los leyeron a toda velocidad: “Cuando es a favor de la empresa la Justicia sí que es rápida”, comentó el abogado. A Mirande no le consta que haya habido presiones por parte de la empresa, aunque esa misma semana, “el presidente de la República estaba ofreciendo arroz uruguayo en países europeos y asiáticos”. El abogado mencionó que el presidente participa del inicio de cada zafra de arroz; en cambio, no se presenta en el lugar en el que hay trabajadores pidiendo medidas de seguridad: “No me consta que haya presiones, pero veo hechos que me hacen dudar”.
Después de la sentencia en segunda instancia, Santiago Mirande y Julio de los Santos presentaron un recurso de casación, utilizado para anular una sentencia judicial, ante la Suprema Corte de Justicia. Las perspectivas no eran buenas para el trabajador. Según su defensor, “la Suprema Corte tiene muy pocos antecedentes de fallos favorables a la protección del medio ambiente; tampoco en favor de trabajadores contaminados”. La sentencia, de 70 carillas y dictada en 2022, fue efectivamente favorable a Arrozal 33. Mirande considera que la SCJ “no fundamentó de modo correcto” su decisión y le llama la atención que haya descartado por completo la opinión de los peritos: “Si hay tres peritajes a favor de Julio y los jueces fallan en contra de él, entonces para la Suprema Corte de Justicia vale más la opinión médica de un juez que la opinión médica de un médico”.
Al no contar con más recursos ante la justicia uruguaya, presentaron el caso ante la CIDH en febrero de 2023. “Cuando nos presentamos nos dijeron que estaban evaluando las denuncias de entre 2010 y 2014. En poco más de un año han avanzado mucho: ya estamos en la instancia previa a llegar a la Corte”. Es imposible determinar cuánto demorará esta etapa, existe la posibilidad de que se reclame alguna otra prueba, pero De los Santos y Mirande confían en las garantías procesales que brinda el organismo.
