Dos leyes que se estudian en el Parlamento -la Ley de Urgente Consideración (LUC) y la nueva Ley de Medios- supondrán un gran cambio en la estructura y posicionamiento dentro del sector de las telecomunicaciones para Antel. Los artículos presentados por el gobierno muestran una disposición a abrirle el mercado de las telecomunicaciones a empresas del sector privado, para así activar una competencia con Antel. Este hecho ha generado polémica, sobre todo desde la oposición, ya que hay quienes entienden que la intención es debilitar a la empresa pública.
El Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) envió un comunicado a la opinión pública en rechazo de estas medidas: “La LUC plantea una serie de artículos que atentan contra las Empresas Públicas, desconociendo la voluntad popular, que intentan debilitar el aporte a la economía nacional y al desarrollo de toda la sociedad”. En el caso de Antel, el sindicato cree que la posible apertura de su infraestructura a las multinacionales y al oligopolio privado en materia de comunicaciones significaría el debilitamiento de la empresa pública, generando perjuicios en los servicios que brinda al público.
Por su parte, el investigador y ex director nacional de Telecomunicaciones (2010-2011), Gustavo Gómez, opinó en diálogo con Sala de Redacción que si esto se concreta “Antel va a perder clientes e ingresos, y algunos grupos económicos que ya son fuertes van a crecer aún más y van a lograr un sistema de medios más concentrado”. Además, agregó que “la lógica de este gobierno es de cuestionamiento a un esquema en el que consideran que Antel tiene un dominio muy importante del mercado”. Ahondó en que “hay una visión muy distinta de cómo se debe manejar el país en materia de telecomunicaciones, son sectores que han rechazado el monopolio actual de Antel, que han cuestionado ese predominio”.
De una ley a otra
En los artículos relacionados a las telecomunicaciones, el proyecto de ley sufrió modificaciones en relación al borrador inicial difundido en febrero por el gobierno. Los artículos 268 y 269 fueron retirados, lo que fue celebrado por la oposición, ya que eran considerados los más polémicos. A pesar de esto, serán tratados dentro del marco de la nueva ley de Medios, que el gobierno envió al Parlamento.
En diálogo con VTV Noticias, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, declaró sobre estos dos artículos que “lo que permitían es incentivar (a Antel) a compartir infraestructura, compartir inversiones. Antel ha hecho muchas inversiones las cuales no están aprovechadas al 100%. Nosotros entendemos que va a ser necesario construir un ecosistema donde compartan y compitan al mismo tiempo los distintos operadores”. El ministro agregó: “es cierto que el negocio de las telecomunicaciones es bastante más amplio y puede requerir regulaciones nuevas en Uruguay, es por eso que se tomó la decisión de que era mejor pensar en una ley de telecomunicaciones más integral, más adelante”.
Desde Sutel entienden que con estos dos artículos en la LUC se pretendía la apertura de toda la inversión en infraestructura y recursos asociados realizada por Antel, para entregársela a operadoras multinacionales y a precios desproporcionadamente bajos. “Estábamos ante una privatización encubierta, en tanto y en cuanto, se proponía abrir a los operadores privados la infraestructura y la inversión realizada por la empresa pública. Medidas como estas atentan contra la exclusividad de Antel como operador de datos fijos a través de medios físicos”, enunciaron en el comunicado.
Consultado sobre estos artículos, Gómez declaró que en este gobierno hay una intención de fortalecer o proteger los intereses de los grandes medios de comunicación del país. “Así como los artículos 268 y 269 permitían el acceso a la infraestructura de Antel de empresas como la española Telefónica (Movistar) o América Móvil de México (Claro), en el caso del artículo 48 de la nueva ley de Medios, lo que se permite es que las empresas de televisión por cable puedan utilizar la infraestructura de Antel, también para dar Internet”. Esto lo que modifica es el monopolio de la provisión de Internet, hoy en manos de la empresa estatal.
El investigador subrayó que estas decisiones se toman claramente en detrimento de Antel. Para el ministro Paganini, este artículo de la nueva ley de Medios reivindica un derecho que tienen los operadores de televisión por cable de poder brindar un servicio de Internet, que hace muchos años lo vienen reclamando y hasta ha derivado en disputas en la Justicia con el anterior gobierno. “De hecho, Antel ya les arrienda a varios cableoperadores del Interior, mediante un servicio que arrienda y que cobra, por lo tanto, no es un perjuicio para Antel, todo lo contrario, es un ganar-ganar y esto lo consagramos en una ley que pensamos que va a ser buena para ambos”, dijo el jerarca.
Pero hay otra postura al respecto. Gómez entiende que la propuesta “es una pérdida de dinero para Antel que hizo esas inversiones porque los operadores que van a utilizar su infraestructura, si les va bien, van a lograr quitarle clientes”. Añadió que los operadores privados “no van a ampliar la cobertura de Internet, ni van a ampliar el acceso a sectores donde Antel hoy no llega, sino que el único resultado a la vista es que le van a quitar parte de los ingresos a Antel”.
En lo que refiere al accionar de las empresas públicas, se genera, según Sutel, un impacto fuerte en Antel, ya que la debilitan y la colocan en desventaja frente a sus competidores. “Se la pone en una pretendida igualdad frente a operadores privados multinacionales, pero se endurecen los controles y se limitan las posibilidades de inversión, desarrollo y crecimiento dentro del sector de telecomunicaciones”.
Para Gómez, si bien se podrá dar una reducción, “si no entran las telefónicas privadas, no creo que esto afecte gravemente a Antel”. Pero “si Antel no puede comprar contenidos exclusivos, como las transmisiones de fútbol o Juegos Olímpicos, también pierde la posibilidad de competir con estos otros operadores. Y la ley de Medios, además, permite que la televisión para abonados sea vendida a empresas extranjeras, entonces, si una empresa extranjera llega a comprar una televisión para abonados en Uruguay, que además ahora va a tener mayor capacidad de Internet al usar la infraestructura de Antel, el análisis va a ser más complicado”, señaló el experto.
