En Uruguay, casi la mitad de los pobres son niños y adolescentes; aproximadamente unos 150.000. Según los datos publicados en abril por el Instituto Nacional de Estadística, entre 2019 y 2023 la pobreza en los niños menores de seis años creció del 17% al 20,1%; también lo hizo entre los niños de seis a 12 años (de 16,5% a 18,3%) y los adolescentes de 13 a 17 años (del 15% al 17,9%). Es que, a pesar de un incremento en el presupuesto destinado a combatirla, no ha habido un descenso significativo.
De esta forma, desde la pandemia políticos y expertos intercambian opiniones para reconocer los múltiples componentes de este fenómeno. La pobreza no es sólo en términos económicos, sino por educación e inclusión —cultural y racial—, tal como explicará la economista Andrea Vigorito, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República y experta en políticas sociales. En un país donde hay déficit de natalidad, la mitad de los niños que nacen son pobres. Estudios de la ONU y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes ratifican que es necesario hacer una reestructura a nivel presupuestal y organizacional.
Es por eso que diferentes facciones políticas han trabajado para generar nuevas estructuras que puedan poner fin a la “pobreza con cara de niño”. Los artículos 605 al 628 de la última Ley de Rendición de Cuentas crearon, en 2023 y a impulso del Partido Independiente (PI), el Fondo Infancia, que prevé destinar 200 millones de pesos anuales a la implementación de programas y proyectos para los sectores más sumergidos. Para distribuir el dinero, se conformó un Consejo Administrativo, integrado por diferentes organismos y presidido por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
La propuesta surgió a raíz de un informe que presentó le Gustavo de Armas, doctor en Ciencias Políticas, a Unicef, que asegura que desde 2013 Uruguay se encuentra entre los países que perciben ingresos altos, pero que, sin embargo, destina a la infancia lo mismo que los de ingresos bajos. En diálogo con Sala de Redacción (SdR), el diputado del PI Iván Posada afirmó que el aumento presupuestal dispuesto por la nueva ley proporciona un importante crecimiento de recursos y una cifra poco significativa para el gasto nacional. De esta manera, “se lograría un abatimiento, una disminución a la mitad de la pobreza infantil, bajaría de 20% a 10%”, afirmó Posada, quien también aseguró que su partido proyecta la ley a ocho años. “La idea es que en el primer período de gobierno llegue a una disminución del 50% y en el siguiente período llegar a poner fin a la pobreza infantil”, confió.
Posada dejó en claro que el Fondo Infancia “no va a funcionar a nivel de transferencias”, como sí lo hacen la Tarjeta Uruguay Social y las asignaciones familiares, del Mides, o el Plan de Equidad, prestado por el Banco de Previsión Social (BPS). Según dijo, las contraprestaciones serán destinadas a la creación de nuevos planes para combatir la pobreza, para lo que “hay que generar nuevos ámbitos de integración y de seguimiento”, valoró Posada.
Una nueva estructura
Si bien lo económico encontró un sustento a largo plazo, otro problema es la falta de coordinación. En esta línea, otro proyecto destinado a combatir la pobreza infantil es la ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, presentado en 2021 y retomado en mayo de este año luego de varias modificaciones. El proyecto, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente está siendo estudiado por la Comisión Especial de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores, tiene como objetivo el diseñar diferentes estrategias contra la pobreza y la desigualdad, al conformar un gabinete administrado por el Mides que se encargue de la coordinación y reestructuración de los organismos del Estado que toman las decisiones sobre estos asuntos.
La impulsora principal de este proyecto es Cristina Lustemberg, médica y diputada del FA . En diálogo con SdR, expresó apoya todas las medidas adoptadas para eliminar la pobreza, pero advirtió que el Fondo Infancia abarca tan sólo una porción del problema: “sólo con este fondo no va a alcanzar”, señaló. Reconoció que las políticas desarrolladas hasta el momento aportaron soluciones efímeras y que, además, se relegaron otras áreas importantes que van de la mano con lo económico. “Si seguimos asignando partidas y por más que esté el Fondo Infancia, o la partida presupuestal de los 50 millones de dólares, sin una estrategia de abordaje intersectorial y multidimensional, vamos a seguir teniendo problemas”, planteó.
El proyecto de ley que impulsa Lustemberg pretende gestionar y coordinar las diferentes partes que trabajan en este ámbito de manera más eficiente, a corto, mediano y largo plazo, destacó la diputada. También insistió en la necesidad de reformular la estructura y que los roles de todas las partes sean claros y eficientes: “se necesita tener sistemas de información únicos. Hoy no se coordinan los sistemas de información del BPS con los de salud, INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay] o educación”, agregó.
Lustemberg reconoció que hay fallas en el sistema estructural que atiende a la pobreza y consideró que necesita modificaciones que no se solucionan aumentando el presupuesto. “No era necesario crear una nueva entidad”, destacó sobre la medida impulsada por el PI, y aseguró que se superponen estructuras. Agregó que de acuerdo con esta lógica “deberíamos crear un fondo para la ancianidad, la discapacidad”.
“Uruguay tiene que encarar un problema que es el de la desigualdad: la territorial, la de género, la intergeneracional y la étnica”, dijo la diputada, quien apuntó que es un debe de las políticas actuales y dijo que si aprueban su proyecto, se generará un mecanismo con presupuesto autosustentable que “obliga al Estado uruguayo a que sea política de Estado”.
Otra estabilidad
“Desigualdad y pobreza no son cosas desconectadas”, explicó la economista Andrea Vigorito a Sala de Redacción. Al igual que Lustemberg, Vigorito planteó que el problema es mayormente estructural y reconoció que es muy temprano para proyectar los resultados que el Fondo Infancia pretende. A su entender, es necesario hacer énfasis en otros aspectos sociales y no solamente en la “pobreza monetaria”, por lo que afirmó que si bien las transferencias pueden ayudar, no son la solución definitiva.
Vigorito aseguró que una herramienta más efectiva sería generar “una política que aumente los salarios mínimos, los salarios en general y que aparezcan más empleos”, porque dichas políticas fortalecerán la estabilidad de los hogares. Además, resaltó que el hecho de que alguien salga de una situación de vulnerabilidad no se logra únicamente con mejorar las contraprestaciones entre el Estado y los sectores bajos. Según explicó, tanto el plano social interno como el externo influyen para salir de la pobreza y la desigualdad, algo que depende de un cambio cultural y social.
Además, consideró la importancia de reconocer todos los factores que repercuten y que reflejan al sector más insuficiente de la sociedad, e insistió que la reducción de la pobreza infantil no depende de llevar los ingresos a la línea de ingresos mínimos, sino de la estabilidad de los ingresos de esos hogares, del acceso a la vivienda y a los servicios de educación. “Todos estos elementos hacen que no sea barato reducir la pobreza infantil”, concluyó.
Por ejemplo, en el capítulo 2 de sus bases programáticas, el Frente Amplio reafirma el compromiso por la equidad social y el cuidado de la infancia y adolescencia, y propone mejorar la “atención integral a las infancias” a través de acciones de integración educacional, territorial y cultural.
Sucede lo mismo en el capítulo 4 del programa de Álvaro Delgado, precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, que concibe a la infancia como prioridad política y presupuestal y hace énfasis en el control demográfico de la población.
