Los trabajadores nucleados en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se encuentran en una jornada de paro nacional de 24 horas. A las 10 de la mañana se concentran en el Ministerio de Economía (MEF) y en esta ocasión se suman otras organizaciones sindicales que apoyan la medida y llevan sus propias plataformas reivindicativas. Entre ellas se encuentra la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay y los trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda.
Con la nueva norma, los funcionarios públicos cobrarán el total de su salario hasta el noveno día de certificación médica inclusive. A partir del décimo, percibirán el 75% del sueldo, que será abonado por el organismo de origen, sin generar subsidio ni gasto adicional para el Estado. Al ser consultado por Sala de Redacción, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, opinó que el nuevo sistema no tiene características de subsidio: “En la actividad privada cuando hay un trabajador con licencia médica, se suspende el contrato de trabajo y se pasa al BPS, que es el que paga el subsidio de ese trabajador”.
Desde que se inició la discusión con el gobierno, COFE ha consultado a especialistas en el tema, tal como el constitucionalista Daniel Ochs, quien plantea que se está efectuando una rebaja salarial directa. Por su parte, Daniel Parrilla, asesor jurídico de la Confederación, señaló a Montevideo Portal que se estarían violentando principios consagrados en la Constitución como la justa remuneración y el derecho a la proporcionalidad, por lo que se presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Además, el asesor afirmó que “luego de haber adoptado los nueve días que establece la norma, lo que se resta es salario, no es subsidio”, por lo que se está “ante una rebaja salarial”.
Esta nueva ley devela las diferencias entre los trabajadores del ámbito privado y del ámbito público. Respecto al subsidio por enfermedad en los privados, los primeros tres días de su certificación médica tienen un descuento salarial total y a partir del cuarto día, el trabajador percibe un subsidio por parte del Banco de Previsión Social correspondiente al 70% del salario.
Para algunos
La ley Nº20.075, publicada en noviembre de 2022, especifica los casos en los que no se aplicará el descuento. Los más destacables son aquellos en los que se pagará el 100% del salario, en caso de que la certificación médica sea originada por un accidente laboral, por enfermedades profesionales, por enfermedades bajo alerta epidemiológica declaradas por el Ministerio de Salud Pública o por enfermedades vinculadas con el embarazo y en las que haya riesgo para la madre o el feto. Asimismo, cuando el funcionario esté hospitalizado o con internación domiciliaria, también se le pagará el total del salario.
Los salarios que no serán afectados con descuentos en los subsidios por enfermedad son los referidos a los vínculos funcionales, excluidos por la propia ley, como por ejemplo senadores, diputados, ministros u otros cargos políticos en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. En tanto, en el Poder Judicial se aplicará a los funcionarios, pero no a los magistrados, y en Fiscalía también regirá a los funcionarios, aunque no a los fiscales.
Según explicó el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Ariel Sánchez, en el programa En Perspectiva, existen otros funcionarios estatales a los que no se les aplicarán descuentos por encontrarse fuera del alcance de la ONSC. Algunos ejemplos son la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), los gobiernos departamentales y la Universidad de la República, ya que cada uno de ellos tiene sus propios estatutos, que regulan con autonomía las licencias médicas. Sin embargo, Sánchez aclara que estos organismos podrán adoptar el nuevo régimen de licencia médica de la Administración Central, según se recomienda en el artículo 3 del decreto 224/023.
Cambios en la certificación
Otra modificación que introduce la ley es que los certificados médicos pasarán a ser gestionados por el prestador de salud del funcionario, dentro del ámbito del Sistema Nacional Integrado de Salud. Una vez que el BPS tome conocimiento, notificará, en caso de ser necesario, a la empresa privada con la que el funcionario pudiera tener vínculo. Esta decisión, que busca generar un control más exhaustivo de las certificaciones médicas, se basa en las denuncias que en varios medios ha realizado el director de la ONSC en relación a posibles abusos en las licencias de algunos trabajadores del Estado. Por su parte y desde COFE, López sentenció: “Nosotros vamos de la mano con el gobierno en ver quiénes son los funcionarios que están utilizando o malutilizando la licencia médica, y vamos a tratar de extirpar a esos funcionarios del Estado”.
Ya en el año 2022, el presidente de COFE, Martín Pereira, denunciaba en M24 el peligro que conlleva la aplicación de esta norma para el ámbito de la salud. Previo a aplicarse la nueva ley, si un trabajador se encontraba engripado, con un poco de fiebre o tos, tenía el incentivo de resguardarse en su hogar, con la tranquilidad de que su sueldo no iba a ser afectado. Sin embargo, con la aplicación de esta ley, estos trabajadores posiblemente decidan concurrir enfermos a sus lugares de trabajo para no perder salario, poniendo en riesgo su salud, la de sus compañeros y la de los usuarios del servicio.
Planificación escalonada
La implementación de la ley será de manera progresiva entre los ministerios y organismos, según la cantidad de trabajadores de las instituciones. La planificación realizada por el Ejecutivo definió que Presidencia comience en el mes de abril y que el 1°. de junio el sistema se extienda a los ministerios con menos de 1.000 funcionarios, entre los que se encuentran Relaciones Exteriores, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Industria, Energía y Minería, Trabajo y Seguridad Social, Turismo, Salud Pública y Ambiente. El 1°. de agosto se incorporarán los servicios descentralizados y los organismos de contralor, entre los que se encuentran el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, la Administración de Servicios de Salud del Estado, el Instituto Uruguayo de Meteorología, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Electoral. Por último, el 1°. de noviembre la nueva normativa se aplicará a los ministerios con más de 1.000 funcionarios, tales como Economía y Finanzas, Ganadería, Agricultura y Pesca, Transporte y Obras Públicas, Educación y Cultura, Desarrollo Social, Defensa Nacional e Interior.
Tras el paro y la movilización, COFE denunciará al gobierno uruguayo en la Organización Internacional del Trabajo por incumplimientos a la Ley de Negociación Colectiva. Además prevé iniciar acciones judiciales para denunciar la violación de derechos de los trabajadores y principios consagrados en la Constitución. En cuanto las futuras medidas que tomará la Confederación, votadas en la Asamblea Nacional de Delegados, López afirmó que “tenemos definido un plan de acción en el que además de las medidas jurídicas, el paro y la movilización, se suman ocupaciones y manifestaciones en los lugares donde el gobierno esté haciendo algún acto público. Vamos a dar pelea de la manera más fuerte que podamos para tratar de revertir esta situación”.
