Para estas próximas elecciones nacionales de 2024 varias organizaciones sociales y partidos políticos recolectan firmas para poder someter distintas propuestas a referéndum. Por lejos, la que se lleva todas las miradas es la reforma de la seguridad social, debatida tanto por los políticos de todos los partidos como por los medios de comunicación, trabajadores y jubilados. Otra propuesta de referéndum con buena presencia en el debate público es la que impulsa Cabildo Abierto sobre la reestructuración de deudas a las personas físicas, mientras la iniciativa para permitir los allanamientos nocturnos, tramitada por vía parlamentaria por el oficialismo, es la única que ya tiene garantizada la consulta popular de cara a octubre.
Al margen de estas propuestas de reformas constitucionales promovidas por partidos políticos de peso y por organizaciones sociales históricas como el PIT-CNT, hay una recolección de firmas en curso con menor visibilidad: es la propuesta del Movimiento Uruguay Soberano, acerca de -entre otras cosas- la eliminación de los contratos secretos entre el Estado uruguayo y empresas transnacionales.
Esta reforma haría obligatoria la aprobación en ambas cámaras del Poder Legislativo (con una mayoría especial de tres quintos) cualquier acuerdo estatal con privados que ponga a cargo del Estado obligaciones que se extiendan más allá del período de gobierno en curso. Las mismas mayorías especiales se necesitarían cuando el contrato implique el sometimiento del país a jurisdicción extranjera, a través de tribunales en el exterior, o cuando se brinde “inmunidad jurídica” a empresas privadas.
El último acontecimiento que hizo poner el grito en el cielo a los referentes de este movimiento es la negociación actualmente en curso entre HIF Global y el actual gobierno para la construcción de una planta productora de hidrógeno verde en Paysandú. Aún no es claro cuál será el volumen de agua que requerirá su operativa, pero se han manejado cifras de hasta 8 millones de litros de agua por día. Según declaraciones del presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, en el programa Desayunos Informales, no se les cobrará la utilización de este recurso natural.
En contrapartida, el gobierno presenta la iniciativa como una oportunidad única para el país: sería una de las inversiones extranjeras más grandes de la historia de Uruguay, con alrededor de 6 mil millones de dólares, además de producir 3.000 puestos de trabajo durante la construcción y 300 más durante las operaciones.
Para Marcelo Marquese, uno de los referentes del Movimiento Uruguay Soberano, este tipo de proyectos “se tendría que discutir en el Parlamento y debería requerir una mayoría especial, para así lograr un verdadero acuerdo nacional”. Además agrega que “queremos que estos contratos sean ley, para que así se puedan someter a referéndum si la población considera que son dañinos”.
Consultado por Sala de Redacción acerca de cuán optimista es sobre la posibilidad de alcanzar la cifra necesaria de firmas para poder realizar el referéndum en octubre -cerca de 270 mil-, Marchese es realista y afirma que “es imposible alcanzar ese número para fines de abril, que es la fecha límite para esta próxima instancia. Con suerte, lograremos entregarlas en noviembre para incluirlo en las elecciones municipales”, dice. Hasta el momento, calculan que entre el último recuento y las papeletas que aún están por ser procesadas llevan recolectadas alrededor de 70 mil firmas.
Pero, ¿qué pasaría efectivamente con estos contratos en un eventual triunfo de esta propuesta? Juan Pablo Quesada, miembro del equipo de comunicación del Movimiento Uruguay Soberano, explica a Sala de Redacción que “en caso de aprobarse la reforma, los contratos anulados quedarían sujetos a reformulación bajo las nuevas condiciones que la reforma estipula”. Quesada deja en claro que la propuesta no busca que el Estado no realice contratos internacionales, sino que pretende “establecer un marco jurídico -inexistente hasta el momento- que dé legitimidad y publicidad a los proyectos que puedan comprometer lo que es de todos: la tierra, el agua, la deuda externa”. Para este militante es muy claro que si estos contratos son beneficiosos para el país “no debería haber ningún problema en que los uruguayos sepamos a qué nos comprometen nuestros representantes y por cuánto tiempo”.
Los que se oponen a este proyecto, argumentan que, de aprobarse, la reforma podría traer consecuencias incalculables para el país, debido a las demandas que podrían surgir en las cortes internacionales, dado que así lo estipulan los contratos ya firmados. Para los impulsores de la reforma este argumento “funciona a modo de coerción para promover la inacción de los uruguayos”.
El Movimiento Uruguay Soberano hace énfasis en que no es un partido político sino un movimiento social totalmente independiente, que no se relaciona con el movimiento sindical ni ningún poder económico y en el que “hay gente de todos los partidos y de ninguno. Lo único que nos aglutina es la lucha por la soberanía, por la participación ciudadana de forma directa, y por quitar el secreto de los asuntos públicos”, sintetizan los impulsores del plebiscito.
En una primera versión de esta nota se afirmó que para someter la iniciativa a plebiscito se necesitan las firmas del 25% del padrón electoral, cuando la cifra correcta es del 10% de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, de acuerdo al artículo 331 de la Constitución. A los lectores, las disculpas del caso.
